Abogado. Asesor laboral de empresas y cámaras empresarias. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
EL CRONISTA – Es difícil saber cuales han sido los estragos que ocasionó la crisis de la pandemia a la economía y dentro de ella al empleo en solo seis meses. Son los efectos típicos de una guerra donde desaparecieron empresas, puestos de trabajo, y se desintegró parte del capital invertido. Más de un millón de puestos de trabajo se perdieron, y el trabajo clandestino ocupa el 50% del mercado.
La falta de apego a las leyes vigentes, y una tradición internacional en el que nuestro país no ha honrado las deudas, crearon incertidumbre, ambigüedad, pérdida de confianza, y sobre todo, la total ausencia de un modelo que resulte atendible por los ciudadanos con razonables expectativas de un futuro mejor. Hoy tiene dudas sobre qué hacer el inversor local más que el extranjero que nos sigue mirando con una lupa para ver hacia que modelo orientamos nuestras políticas de Estado.
En ese contexto, se esperan una batería de medidas que contribuyan a favorecer la recuperación de la confianza, permitan que comience el flujo de las inversiones, y renazcan primero las actividades ligadas al consumo primario en general, en simultáneo que vuelvan los microemprendimientos, para luego abarcar los sectores más rezagados como por ejemplo la hotelería, el turismo, y los vuelos de cabotaje e internacionales.
Tenemos para el análisis, tres premisas básicas.
PRIMERA: Ningún horizonte es plausible si no se garantiza la vigencia de la democracia representativa y federal, y el respeto por la Constitución Nacional y por los derechos fundamentales consagrados en ella. En especial, habrá que poner énfasis en el derecho de propiedad, como en forma ejemplar lo está reafirmando el Intendente de Pinamar Martín Yesa que se pronunció en contra de la usurpación de tierras y además actuó en consecuencia.
SEGUNDA: La segunda premisa está ligada a la postura del Poder Ejecutivo respecto de la estatización de servicios, de expropiaciones (como el fallido intento en Vicentín), y el incremento de la actividad y el volumen de la superestructura de la administración pública. Con la desburocratización y despapelización (“paperless”) de los últimos años, hoy solo cumplen funciones reales uno de cada cuatro empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. En la educación de la Provincia de Buenos Aires, por cada cargo tenemos tres docentes, que en promedio trabajan menos de la mitad del año.
TERCERA: La tercera premisa impone una profunda reforma impositiva laboral y de la seguridad social, reorientando el plexo fiscal hacia una economía que premie el crecimiento, y que reemplace los tributos regresivos, adecuando el sistema previsional y de obras sociales, propiciando la eficiencia de los servicios públicos que se brindan en función de la recaudación.
La reforma laboral debería destrabar la maraña de la etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que se basó en cinco institutos:
a. la duplicación de la indemnización por despido incausado, DNU 4/2020;
b. la suspensión subsidiada del art. 223 bis (LCT);
c. la aplicación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción o ATP;
d. la prohibición de despedir por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor o sin justa causa;
y e. la Ley 27.555 de teletrabajo.
Ahora habrá que destrabar esta batería para reingresar a la Nueva Normalidad, con una caída sin precedentes de todos los indicadores económicos micro y macroeconómicos, y financiando el proceso con emisión monetaria.
Los recursos a los que habrá que recurrir parte de las siguientes premisas:
- Fomentar la inversión requiere de claras reglas de juego, que perduren en el tiempo y no sufran cambios en perjuicio de los inversores y de los contribuyentes. Las decisiones contradictorias o la falta de una conducta clara sobre el respeto por los derechos fundamentales desalentará al inversor de riesgo;
- La creación de puestos de trabajo requiere de un desafiante plan promocional que libere totalmente a las empresas de las contribuciones patronales cuando acrediten la creación de puestos de trabajo genuino a partir de un parámetro prestablecido y por un plazo razonable no menor a dos años;
- La aprobación de las leyes del futuro, una nueva norma sobre teletrabajo, sobre la industria y servicios del conocimiento, y sobre lo que vendrá en materia de 4G, 5G e inteligencia artificial;
- La promoción de startups con financiamiento, supresión de impuestos y cargas sociales, y asesoramiento técnico, en especial cuando por sí generen empleo;
- Para evitar la fuga masiva de cerebros y de inversiones, habrá que competir con los países como Uruguay que los están atrayendo con medidas claras para incentivar la fuga, llevándose lo más redituable para nuestro futuro.
En cuanto a las medidas de fondo que implican reformas sustantivas, tenemos:
- El fondo de despido y desempleo: será contributivo, se financia con el 2% de la remuneración bruta aportad a un fideicomiso, comprende a todos los trabajadores desde la fecha de ingreso posterior a la ley que crea el fondo, y va incluyendo al resto en forma gradual cada año que aumenta el financiamiento;
- La negociación colectiva de Empresa: circunscripta a las necesidades operativas de cada compañía en beneficio de ambas partes;
- Los subsidios deben transformarse en onerosos y bilaterales: todos los subsidios serán abonados a cambio de que el subsidiado realice tareas comunitarias, trabajos de apoyo a servicios públicos, y cumpla con cursos de artes y oficios, y capacitación para reinsertarse en el mercado;
- Debemos crear el contrato por proyecto: cuya vigencia está limitada a un objeto específico que cuente con comienzo y con final de obra.
- Debemos incorporar las nuevas tecnologías a través de la legislación sin vulnerar los precedentes y las normas vigentes, donde las nueva normas se yuxtaponen con las existentes sin vulnerar derechos adquiridos.
Salir de la recesión, promover el regreso a la cultura del trabajo, es esencial para volver a la senda del crecimiento perdida hace más de diez años, en un contexto donde las inversiones estén aggiornadas por las nuevas tecnologías y las nuevas formas de organizar el trabajo, con un marco regulatorio razonable.
