Con la rebelión por el abuso fiscal contra el campo, el Gobierno aprendió que los argentinos, todavía, podemos reaccionar ante los grandes atropellos a nuestros derechos y libertades. Por lo tanto, en busca de ejercer un poder absoluto ha ido avanzando paso a paso.
Es un ejemplo de ello el proyecto de ley de tierras enviado al Congreso, que implica un nuevo avance sobre los derechos e instituciones preservados por la Constitución nacional. Esta última, desde su preámbulo, establece que los extranjeros tienen los mismos derechos que los argentinos. Por ello, cuando habla del derecho de propiedad, de ejercer una industria lícita, de igualdad ante la ley, menciona a los habitantes y no solamente a los nativos locales. En el artículo 14 se aclara que todos los residentes gozarán de estos derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Mientras que en el artículo 16 se establece que todos los habitantes son iguales ante la ley.
Por lo tanto, ninguna norma puede discriminar entre nativos o extranjeros a la hora de reglamentar estos derechos y garantías, como bien se aclara en el Art. 28. Por si todavía a alguien le quedan dudas, en el artículo 20 se afirma que los extranjeros tienen todos los derechos civiles de ciudadanos en el territorio de la Nación. Es más, en el artículo 25 se remarca la obligación del Gobierno Federal de fomentar la inmigración y la prohibición de limitar la entrada de extranjeros a territorio argentino que vengan a trabajar o ejercer una industria lícita. Por lo tanto, la propuesta de ley de tierras del Poder Ejecutivo es violatoria de la Constitución nacional.
Por supuesto, se lo justifica como un proyecto que busca preservar un recurso estratégico. Sin embargo, nadie puede demostrar que un extranjero tenga menos incentivos que un argentino para cuidar algo que le pertenece, o favorecer a los pequeños productores, cuando serán uno de los principales perjudicados. La menor demanda de tierras que implicará esta restricción a los no nativos disminuirá relativamente el precio de sus propiedades para aquellos que necesiten venderlas. Además, al depender de dicho valor, se les acotará la disponibilidad de crédito y, para los que no puedan hacerlas producir, les disminuirá los arrendamientos que puedan cobrar.
Ejemplos.
Como muestra del persistente avance sobre los derechos e instituciones constitucionales, hay más ejemplos en sintonía:
a) El Gobierno gasta los impuestos de los contribuyentes sin previa autorización del Congreso, como manda la Constitución nacional.
b) Fija tributos (como las retenciones a la exportación); lo que, constitucionalmente, es una función irrenunciable de los legisladores.
c) Un funcionario de tercera línea pueda llamar a los comerciantes y productores para ordenarles cómo deben manejar sus negocios, sin siquiera una norma legal escrita que los respalde, pero con amenazas diversas.
d) El Poder Ejecutivo interviene el INDEC para que nos mienta con los datos de inflación, pobreza, PBI y otros, siendo éste un organismo público (es decir pagado con nuestros impuestos), cuando debería darnos información confiable para ejercer nuestro derecho a controlar la gestión del Gobierno.
e) Un «servidor público» puede abusar del poder que le delegamos e imponerles multas y perseguir judicialmente a quienes decidieron medir el alza de precios y brindarle a la ciudadanía datos más cercanos a la realidad.
f) Se gastan el dinero de los jubilados presentes y futuros en asignaciones universales por hijo, computadoras, decodificadores para ver la TV digital oficial o en más de un millón de pensionados que no hicieron los debidos aportes. Erogaciones que, de justificarse, debieron ser pagadas con recursos de los impuestos y no con los aportes previsionales.
g) El Gobierno no cumple los fallos judiciales en materia previsional con el argumento de no desfinanciar el régimen jubilatorio, cuando se gasta demagógicamente dichos recursos en erogaciones que no corresponden. Lamentablemente, éste no es el único caso de desacato de las decisiones de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo, cuando todos deberíamos estar subordinados a ella.
h) Se sanciona una ley de medios que le da el poder a un funcionario para determinar qué vamos a ver en la TV o a escuchar en la radio, violentando la libertad de elección y de expresión.
i) El Gobierno acosa a los medios de comunicación que no comulgan con su opinión oficial, diluyendo la libertad de prensa, base necesaria de una verdadera democracia.
j) Arma un multimedios estatal, utiliza con fines electorales la cadena nacional y para atacar a los que no comparten la visión oficial.
k) Se sanciona una ley electoral que limita el fondeo y la actividad proselitista de los partidos; pero no restringe la del Gobierno, que utiliza los cuantiosos recursos de nuestros impuestos para la campaña de su partido.
l) Se coarta la independencia del poder judicial y de los organismos que deberían controlar el accionar de los gobernantes.
Cuenta una vieja historia que un viajero hambriento se acercó a un río y atrapó una gran rana. Cuando la tiró a la olla, al tocar el agua hirviendo, el batracio pegó un salto y se escapó. Tras largo rato para volverla a cazar y habiendo aprendido la lección, puso agua fría en el recipiente y metió su presa, que se quedó nadando adentro. Luego colocó la olla al fuego y a medida que la temperatura subía la rana se iba acostumbrando hasta que por fin se durmió y murió hervida. ¿No será que el kirchnerismo aprendió a cocinar nuestros derechos y libertades que preserva nuestra Constitución nacional?
