Cuando alguien me habla de que los gobiernos tienen que distribuir los ingresos o riquezas, mi pregunta es: ¿la riqueza o ingresos de quién? La respuesta suele ser: “del país” y, la verdad, es que no conozco ningún país que produzca riquezas o genere ingresos. Sí conozco habitantes de países que trabajan o invierten o administran empresas y, en función de su esfuerzo, habilidad y suerte, logran obtener un ingreso.
Por lo tanto, deberíamos suponer que los funcionarios públicos que hablan de distribuir ingresos están pensando en cómo van a asignar los de su propio bolsillo. Sin embargo, no es así, sino que se trata de distribuir, según su parecer, el ingreso de los demás.
Cabe aclarar que cada uno de nosotros realiza su propia distribución de ingresos al disponerlos para determinados gastos o inversiones, que nos parecen nos brindarán un mejor nivel de vida presente o futuro. Con esa asignación de recursos estamos premiando a quiénes lo reciben, que son los que consideramos nos prestan el servicio o brindan el producto que nos es útil, con la mejor calidad y al menor precio. Si no, seguramente hubiéramos adquirido otro. Si un funcionario público pudiera tomar mejor que cada uno de nosotros esas decisiones, deberíamos adorarlo; ya que sería un Dios. Independientemente de que muchos burócratas creen haber entrado al Olimpo de los Dioses cuando acceden a un cargo público, todos sabemos que son comunes mortales como el resto de sus conciudadanos y, por ende, con los mismos derechos.
Por ende, en una democracia republicana, un funcionario ¿puede tener la atribución de disponer de lo que es de cada uno de sus conciudadanos? No. Sin embargo, según la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación, conformado por los representantes de los contribuyentes y ciudadanos, puede sancionar impuestos que se utilicen para financiar al sector público. Los funcionarios pueden disponer de estos recursos con las restricciones de los Presupuestos que, también constitucionalmente, deben sancionar los legisladores.
Por lo tanto, para poder hablar de una verdadera democracia republicana, a) los impuestos y los gastos deben ser sancionados, siempre, por los parlamentarios; y b) un funcionario no debería poder disponer de otros ingresos o patrimonios de los ciudadanos o extranjeros sin una ley previa del Congreso. Sin embargo, en Argentina, los presidentes se han arrogado continuamente la fijación de impuestos, como es el caso de las retenciones a la exportación, lo que está prohibido por la Constitución Nacional. En tanto, por no aceptar buscar un consenso con la oposición, actualmente se gobierna sin un presupuesto para 2011, porque no fue aprobado en la Legislatura. Además, hay incontables subsidios que se han dispuesto por decreto o resoluciones que van directamente del bolsillo de los productores (tamberos, agricultores, ganaderos, empresas de servicios públicos, prestadoras de servicios de salud, etc.) al de los consumidores u otros empresarios.
Por ende, los únicos ingresos que puede distribuir el Estado son los que le corresponden por el cobro de los impuestos, sancionados por la legislatura, y dentro de los límites aprobados en el Presupuesto por el Congreso. Con estos recursos tiene que cumplir con sus funciones indelegables y, además, asistir a aquellas personas que están en estado de necesidad, que para ello es el esfuerzo que hacemos los contribuyentes. Dado esto, los argentinos deberíamos pedirles a nuestros gobiernos que respeten los límites al ejercicio de sus funciones que les impone la Constitución Nacional o, por lo menos, dejar de decir que queremos vivir en una democracia republicana; lo que, actualmente, resulta una hipocresía.
