Miembro del Consejo Académico, Libertad y Progreso
Es una situación lamentablemente universal. Los españoles protestan contra los recortes de Zapatero. En Grecia y en Estados Unidos ocurre lo mismo. Sobreviene la crisis, todos saben que hay que afrontarla, pero nadie quiere ajustarse el cinturón. Que se lo apriete otro. Algunos bomberos de Miami, por ejemplo, ganan doscientos cincuenta mil dólares anuales y protestan si les reducen los salarios. ¿Acaso no se juegan la vida en los incendios?
Una de las pancartas españolas tenía una curiosa leyenda: ZAPATERO, NO ME TOQUES MI ESTADO DE BIENESTAR. La llevaba un ciudadano muy orondo porque en España los servicios médicos, las pensiones y la educación se pagan indirectamente, por medio de las asignaciones del Estado, como ocurre con las medicinas de los ancianos, parte del transporte público, el prolongado seguro de desempleo y el resto de los bienes y servicios subsidiados por el conjunto de la sociedad.
Cuando el socialista Zapatero, muy a su pesar, les notifica a sus conciudadanos que la fiesta se acabó, y que no es posible sostener ese modelo de Estado, siempre surge alguien, aparentemente muy informado, que le replica que los escandinavos son aún más pródigos, olvidando que los suecos, a partir de 1992 comenzaron a reformar y reducir su Estado de Bienestar debido a que excedía las posibilidades de su capacidad productiva.
Ésa es la clave. Un Estado sólo puede transferirles al conjunto de los ciudadanos los recursos que éstos le asignan para esos fines, y el monto de esos recursos tiene una relación directa con la calidad y sofisticación del aparato productivo. Sólo se puede por un periodo muy corto producir como los griegos y vivir como los daneses. El tiempo que demora en estallar la crisis financiera por la insolvencia que inevitablemente sobreviene. Es lo que le pasa a un cartero que se decide a vivir como Donald Trump.
El problema de la democracia es que las elecciones se ganan gastando dinero y no con planes de austeridad. Ése es su Talón de Aquiles. Lo que quieren los votantes es vivir mejor. No quieren deberes sino derechos. Si son empresarios, desean ventajas, privilegios, protección contra la competencia y repartirse el pastel con políticos corruptos que les den trato favorable. Si son asalariados, quieren sueldos altos que no estén sujetos a la productividad, contratos seguros con cláusulas generosas de despido, subsidios, controles de precios que supuestamente los benefician, impuestos bajos o inexistentes para ellos y altos para el prójimo.
El elector, que es una criatura racional decidida a sacarle el mayor rendimiento posible a su decisión, quiere trabajar menos y ganar más. Elige a los políticos para que le den, no para que administren sabiamente lo que él les entrega. Plinio Apuleyo Mendoza, el escritor colombiano, suele contar con mucha gracia la anécdota de un político de su país que hizo un discurso magistral, pero se le ocurrió averiguar si alguien tenía alguna pregunta: “Todo eso está muy bien, Maestro–gritó un tipo desde el público–, pero ¿que hay ´pa mí?”.
La forma que tienen las sociedades de impedir que la democracia se transforme en un derroche incontrolable que acabe en la ruina colectiva es colocándole candados al gasto público, limitando drásticamente las atribuciones de los administradores, prohibiendo por ley las asignaciones de cualquier clase de privilegios e introduciendo elementos de recompensa y castigo vinculados a los resultados de la gestión pública.
La primera de esas medidas es prohibir constitucionalmente los déficit y convertir en un grave delito la “contabilidad creativa”, como hoy les llaman a las trampas. No es lo único que hay que hacer, pero por ahí se empieza. La democracia es un buen sistema para tomar decisiones colectivas, pero con mucha cautela para que no acabe por destruirnos. Esa es una de las funciones de una buena Constitución: protegernos de los peligros de la democracia.
