Médico. Mag. en Sistemas de Salud y Seguridad Social. Ex Secretario de Salud de la Prov. de La Pampa. Ex Viceministro de Salud de la Nación. Consultor en temas de políticas y gestión de salud.
Por Eduardo Filgueira Lima -Con motivo de la tan mentada reforma del sistema de salud hemos tenido oportunidad de participar en pocos meses en múltiples reuniones e intercambios referidos al tema. En las mismas se han expuesto en general las más disímiles posturas, pero todos coincidiendo en que solo pueden trazarse lineamientos generales hacia los que orientar definiciones futuras.
Pero en términos generales -y como es de esperar- subsisten preconceptos sobre algunos aspectos que considero esenciales expresarme.
Para citar por caso un importante ex-funcionario expresó “…mi modelo sería un sistema como el de UK,… y el sistema privado debiera funcionar solo como complementario,..” afirmación que permite algunas consideraciones.
Por supuesto que el sistema de aseguramiento público estatal -modelo Beveridge- parecería ser el que probablemente tenga una perspectiva de sustentabilidad mayor que el modelo bismarkiano, basado en impuestos al trabajo. Y mucho más aún en nuestro país en el que la brecha entre recursos disponibles derivados de las cotizaciones es creciente respecto de las necesidades -sociales, tecnológicas, demográficas, etc- que son de esperar.
Pero lamentablemente nuestros hospitales -a pesar del enorme esfuerzo de muchos profesionales y personal- no son los del NHS, y en tanto eso no suceda el sistema privado es elegible en cuanto satisface más las expectativas de mucha gente que lo tiene, o de muchos otros que hacen un gran esfuerzo por tener.
El sistema privado no es así “solo complementario”, sino que es sustituto de un sistema que la gente que puede elegir elude.
Nuestro sistema de salud se ha desarrollado en función de un subsidio a la oferta, escondido bajo procedimientos de cautividad.
La gente que concurre a los hospitales públicos por su condición de ausencia de cobertura y/o suficientes ingresos no puede elegir. Se los asiste por default, no tienen cobertura explicita, la oferta de servicios -al ser estructuras de integración vertical- se convierten en demandantes de sus propias decisiones y por lo mismo los pacientes están cautivos de organismos que no tienen incentivos a la mejora.
Seguramente este diseño -de persistir- no permitirá alcanzar los deseables estándares hospitalarios del NHS. Lo contrario sucedería si la gente pudiera elegir entre efectores públicos o privados y el estado subsidiara la demanda, -si “el dinero siguiera a la gente”- ambos: tanto los efectores públicos como los privados, tendrían necesidad de mejorar para lograr el favor de su elección.
Con problemas similares nos encontramos en las Obras Sociales (OSN) y en el PAMI. En las primeras durante muchos años se sostuvo la cautividad de los afiliados. Lograr la opción de cambio costó muchos esfuerzos, pero siempre los jefes sindicales vuelven sobre lo mismo: retener en lo que les es posible a la población cautiva. Tal como sucede con el último decreto presidencial (N°438/21) norma que instaura que los trabajadores que comiencen una relación laboral deberán permanecer como mínimo un año en la obra social correspondiente a su rama de actividad antes de poder ejercer su derecho de cambio. ¡Un retroceso de 20 años!
A los afiliados de las OSN se les retiene entre un 15 y un 20% de sus cotizaciones para solventar el Fondo Solidario de Redistribución y el SUR (este último destinado a la cobertura de patologías de alto costo y baja incidencia). Pero el primero -FSR- esconde detrás de la palabra “solidaridad” tantas veces malograda en su uso, el concepto de “tenés que mantenerte cautivo para contribuir con los recursos necesarios para sostener estructuras ineficientes,…” Aquellas que no son aptas para sostener el riesgo de cobertura, y que por lo mismo no dan adecuadamente las prestaciones, situación en que se encuentran casi el 70% de las OSN y cuya existencia solo beneficia a los capitostes sindicales.
La opción de cambio instalada entre las OSN obligó a diversas estrategias de competencia para su supervivencia. Una de ellas fue la asociación con seguros de empresas de Medicina Prepaga (EMP). Muchos han sido los que han optado por lograr este tipo de aseguramiento que satisface más sus expectativas. Pero esto les agrega costos innecesarios pues la obra social de origen por ser un “pasamanos” retiene un porcentaje de la cotización del afiliado.
Si se habilitara la libre opción por parte de los afiliados de obtener su aseguramiento por una obra social o un seguro privado, sin intermediación alguna, otra sería la situación.
Lo mismo sucede en el PAMI que mantiene a su población cautiva y casi el 20% sostiene a la par un seguro privado por motivos similares.
Lo anterior pone en evidencia que en nuestro sistema de salud se gasta demasiado (en particular para los resultados que tenemos), porque mucho de ese gasto se pierde en los vericuetos e ineficiencias de las organizaciones del sistema, que otorgan privilegios a quienes viven de ellas y no a quienes debieran servir.
¡Pero ese gasto lo pone la gente, la misma que a la par se la adjetiva “solidaria” porque está cautiva y no puede elegir!
En otra reunión un interlocutor dijo: “…pero si la gente elije ganan los privados!,..” ¿Y,…? ¿aún si fuera así, cual es el problema? ¿O es cuestión de que quien decide porque legisla y quiere que las cosas sucedan de determinada manera, como es su prejuicio, debe imponer sus condiciones a los demás?
Seguramente las cosas serían muy distintas si la gente libremente pudiera elegir y quienes decidan acepten que en este caso el subsidio debería seguir a la demanda.
