INFOBAE – Cuando una empresa es subsidiada por el Estado, pagan los contribuyentes de diversas formas, y las consecuencias negativas son numerosas, principalmente:
1. Los usuarios pagan las tarifas establecidas por debajo del valor real y afecta el uso racional de los bienes y servicios; la diferencia la pagan los contribuyentes de impuestos y otros aportes al Estado;
2. Algunos consumos, como un pasaje aéreo de larga distancia, lo terminan pagando indirectamente con impuestos, aportes al Estado e inflación quienes no lo utilizan;
3. Desalienta las inversiones en servicios básicos y provoca apagones de luz en el ciclo de mayor consumo y faltante de gas en el invierno; así como la necesidad de importar combustibles y gas y consumir las escasas divisas que genera la economía;
4. Las concesiones políticas, imposibles de presupuestar, tornan incierta la supervivencia y rentabilidad de cada subsidiado, muy lejos de fomentar la competencia por mejores servicios; y:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/BGL2KCPTP5D6HHCLVS3SLJEOO4.jpg%20420w)
Los subsidios provoca apagones de luz en el ciclo de mayor consumo y faltante de gas en el invierno, porque atrasa las inversiones en infraestructura
5. Genera una redistribución forzosa de actividades y derechos personales, que reduce el valor del PBI nacional. Los gastos del Estado se justifican sólo en su justa actuación para actividades eficaces.
La mejor política es la que lleva a que cada usuario se haga cargo de sus consumos, divisas, esfuerzos, hoy en muchos casos dilapidados.
La mejor política es la que lleva a que cada usuario se haga cargo de sus consumos, divisas, esfuerzos, hoy en muchos casos dilapidados
Eliminando los subsidios se reduciría al mínimo el déficit fiscal, al tiempo que llevaría a emparejar el uso de los servicios con la responsabilidad de pagarlos. De ahí que parece una propuesta inviable que en el acuerdo de entendimiento entre el FMI y el Gobierno se permita aumentar el gasto total del Estado; cuando excede al 42% del PBI y no se corresponde con los servicios esenciales que presta.
La Riqueza de las Naciones
El gran Adam Smith, en su “Investigación de las Causas de la Riqueza de las Naciones” descubría que la prosperidad resulta de los conocimientos, habilidades, individuales, la cuales son consecuencia de las especializaciones y competencias personales para conseguir los mejores productos, retribuciones.
En épocas anteriores a las competencias productivas, la miseria era normal. La humanidad era pobre, subsistía apenas. Adam Smith funda la ciencia económica explicando las ventajas decisivas de la competencia.
El gráfico ilustra el ingreso promedio por habitante de 160 países, en dólares, orientados de menor a mayor, y la población mundial agregada.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LWTL3AHR6REFRGGTT2WQ6ZNIEY.jpg%20420w)
Fuente: WEO FMI
De ahí surge que la mayoría de las naciones mantienen una baja competitividad por habitante. Es a partir de los 30 países de mayor ingreso por persona que se aprecia cómo aprovechan las ventajas de la competencia. Se trata de un universo que concentra el 10% de la población mundial, que avanza informando, coordinando producciones, en contraste con el resto que se rezagan congelando conocimientos, competencias.
Es a partir de los 30 países de mayor ingreso por persona que se aprecia cómo aprovechan las ventajas de la competencia
De ahí que mientras el ingreso promedio varía entre un mínimo de USD 230 por año y por habitante, en Sudán del Sur, y USD 102.400 en Irlanda.
En los últimos 80 años, en la Argentina han predominado los gobiernos que se dedicaron a trabar la competencia, con excesos de regulaciones, cepos, subsidios y hasta prohibiciones. El actual no es la excepción. En 2021 el ingreso promedio por habitante fue ligeramente inferior a USD 10.000; menos de USD 900 por mes, un parámetro propio de un país pobre, por debajo de la media mundial, de USD 12.650 por persona.
En 2021 el ingreso promedio por habitante fue ligeramente inferior a USD 10.000; menos de USD 900 por mes, un parámetro propio de un país pobre
Servicio público y al público
El Decreto de Necesidad y Urgencia 690 de 2020, regula el acceso a internet, telefonía móvil y TV paga, designándolos servicios públicos, con precios regulados. Asombra que se intente regular un servicio al público, por no entender la diferencia con un servicio público, pues la infraestructura de comunicaciones depende de las inversiones, en gran parte del sector privado. Desde la digitalización de las redes de telecomunicaciones y su convergencia con la distribución de señales de televisión (terrestre y satelital), dichos mercados no pueden ser monopólicos ni considerarse servicios públicos. Actualmente, la cobertura y velocidad de internet en la Argentina brinda las mejores prestaciones y precios de Latinoamérica.
La tecnología 5G avanza en las comunicaciones de modo asombroso, transferir datos a más de 10 gigabits por segundo, cuando las redes 4G ofrecen hasta 50 megabits (un gigabit son 1.000 megabits), posibilitando múltiples interacciones, desde maquinarias agrícolas hasta dispositivos médicos, el “Internet de las cosas”. ¿Quién arriesgaría las enormes inversiones para ese desarrollo si el gobierno fija precios y condiciones?
