Abogado. Asesor laboral de empresas y cámaras empresarias. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CRONISTA – Los efectos sobre el salario de la inflación galopante que padecemos impondrá al Poder Ejecutivo la adopción de medidas de emergencia en momentos que se está al borde del caos social. No caben dudas ya, que los convenios colectivos y el salario mínimo profesional e interprofesional no superan la crisis por ser en sí mismos herramientas insuficientes e ineficaces.
En efecto, los convenios son piezas de museo, anquilosadas tras el fragor de la inflación, que fijan valores por hora por día o por mes, cuando los salarios en todas las actividades son variables centrados en los resultados.
Nada de lo que se haga en convenios de actividad alcanzará para superar esta verdadera catástrofe de los ingresos que quienes trabajan bajo cualquier forma o modalidad. A propósito, según el art. 14 bis de la Constitución Nacional, “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes…”, y del cumplimiento este deber fundamental deben velar los tres poderes del Estado.
Hoy sin duda, esta protección está siendo abandonada a su suerte con errores garrafales, como lo fue por ejemplo la política de prestaciones sociales que generó pobreza, abandono y exclusión, sin ningún horizonte, y promovió el abandono de la cultura esencial del trabajo remunerado. Los errores en la política económica ahora, como una plaga, destruye el ingreso a través de la inflación, y con tristeza debemos aceptar, que cometiendo los mismos errores no se podrán cambiar los resultados.
En estos momentos, la proyección de inflación 2022 tiene un piso de 80% y para muchos expertos se puede superar el 100%. La cadena de pagos está experimentando un proceso gradual de deterioro, en la carrera que hoy corren los costos y los precios y el circuito financiero que asegure como mínimo el equilibrio entre los ingresos y los egresos.
Entre los ingresos que ya sufren retrasos están en primer lugar los salarios, que además son insuficientes. Más del 60% de los 6.200.000 trabajadores en relación de dependencia registrados en el ANSES están por debajo de la canasta familiar del INDEC. Es de destacar que este número de trabajadores no ha cambiado en los últimos doce años, de modo que si hay más trabajo el mismo creció en la clandestinidad.
Las medidas que se podrían adoptar tiene varios planos. En primer lugar, se puede suspender o diferir el pago de aportes y contribuciones, de modo de dar prioridad al pago de salarios de los trabajadores.
Una medida complementaria sería la de establecer que no habrá contribuciones patronales para los trabajadores contratados por primera vez por la empresa y/o que constituyan un incremento real de la nómina respecto de una fecha de referencia a determinar, y en la medida que luego del plazo del beneficio los trabajadores continúen trabajando en la empresa por un lapso mínimo legal.
