DATA CLAVE Santiago Casas, ex economista de LyP – Luego del mayor déficit comercial de la historia en términos reales (US$ 1.727 millones), las nuevas medidas impulsadas por el Ministerio de economía fueron un shock para empresas e individuos que se dedican al comercio exterior.
Repasando el comunicado oficial, se destaca que la política tiene dos fines específicos: recaudar más impuestos y aliviar la pérdida de reservas del Banco Central. El primer punto es el más relevante. En el medio de las negociaciones para llegar a un acuerdo con el FMI, dar una buena imagen por el lado fiscal es fundamental. La generación de recursos fiscales que se espera obtener oscila en torno a los $ 1,3 billones (0,8% del PBI); lo cual no es casual, porque con este monto se llegaría a cubrir la meta de déficit fiscal primario para el cuarto trimestre del año (1,9% del PBI). Así, se compensaría la mala performance de las cuentas públicas en la primera mitad del año, que incumplieron la meta pactada en un 59%.
Claramente nada es gratis, más recursos para el gobierno implican menos recursos para el sector privado. En este caso, el costo lo pagaran los importadores y los consumidores. Los importadores tendrán que hacer frente a un impuesto PAIS del 7,5%, excepto que soliciten insumos o bienes correspondientes a energía, medicamentos, o alimentos que influyan en los costos de la canasta básica; estos tres rubros quedan exentos. Estimaciones de Libertad y Progreso marcan que, si tomamos todos los impuestos a la importación, Argentina es el país con mayor carga fiscal de la región y de los más altos del mundo, llegando a un promedio general del 23,8%. Por ende, lo que podemos esperar es una mayor aceleración inflacionaria por una menor oferta de bienes e intento de traslado del impuesto a los consumidores finales, sumado a la reducción en los márgenes de ganancia de los importadores.
El punto siguiente refiere a las arcas del Banco Central. La medida busca desalentar la demanda de divisas y fomentar la liquidación con el nuevo “dólar agro” de $ 340. El problema de esto es que a los precios de importación (tipo de cambio oficial mayorista + impuestos) les queda mucho tramo para cerrar la brecha cambiaria, por lo cual “stockearse” de mercadería sigue siendo buen negocio. Hoy la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el CCL está en torno al 96%, y no hay razones para pensar que la demanda de divisas para importar caiga significativamente. Por el lado de las exportaciones, el gobierno espera liquidaciones por US$ 2.000 millones, pero la realidad es que los incentivos dejan sabor a poco. El tipo de cambio real que sería equivalente al último “dólar soja 3” sería de $ 380, de $ 356 a valores del “dólar soja 1” y $ 351 del “dólar soja 2”.
La conclusión es que el gobierno trata de llegar a fin de año a cualquier costo, sin entrar en una fuerte crisis económica. Sin embargo, la medida solamente gana tiempo a costa de mayores impuestos, subas en los precios y distorsiones en el mercado. Todo esto en un marco de negociaciones con el FMI, que ve con buenos ojos achicar los rojos fiscales y la brecha cambiaria. No cabe duda que el alto grado de discrecionalidad en las alícuotas establecidas generan distorsiones que derivan en una mala asignación de recursos a causa de decisiones burocráticas.
