5,7 millones de Jubilados y pensionados quedan a la merced del gobierno para lograr superar la barrera de la pobreza.
Un informe elaborado por la Fundación Libertad y Progreso en base a datos oficiales indica que la aceleración inflacionaria de los últimos dos años contribuyó a que el gobierno pudiese licuar el valor real de las erogaciones correspondientes a jubilaciones y pensiones. Hasta julio de 2023 (último dato disponible), se acumulaban 12 meses consecutivos de caída en el valor real de este rubro del gasto primario.
A partir de septiembre, el haber mínimo garantizado aumenta 23% a $87.459,76 (Resolución 189/23) según lo definido por la ANSES.
Con la última suba, el haber mínimo quedó 40,8% por debajo del máximo alcanzado en septiembre del 2015. En ese momento, el haber mínimo era equivalente a unos $147.614 a precios de hoy. Si tomamos solo desde diciembre de 2019, la caída acumulada es del 22,7%. Incluso si sumamos los refuerzos discrecionales y transitorios, que no afectan el haber mínimo, el ingreso para un jubilado la mínima llega a $124.459, lo que representa una caída del 15,7% desde 2015.
Con esto, el haber mínimo se ubica 5% por debajo de la Canasta Básica para un adulto equivalente medida por INDEC en agosto ($92.131,70). Desde diciembre de 2019, el haber mínimo acumula un incremento del 522%; claramente por debajo del aumento de la Canasta Básica Total (631), del IPC general (621), del rubro de Alimentos y Bebidas (692), también del rubro de Medicamentos (591%). Y muy por debajo del tipo de cambio (898%).
La situación antes descripta es representativa de cada vez más jubilados y pensionados. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del total de beneficios (jubilaciones y pensiones) otorgados por la ANSES (6.805.374), el 62% — 4,2 millones — están en una mínima o menos. De ahí que el gobierno busque compensar parcialmente la merma con refuerzos y bonos.
La caída en términos reales de los gastos en jubilaciones y pensiones explica la mayor parte del ajuste fiscal del gobierno, ya que el rubro de jubilaciones y pensiones explica 36% del gasto primario total en lo que va del 2023.
Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso dijo que “Argentina tiene una deuda con la primera infancia y con sus adultos mayores. En ambos casos las políticas públicas no han dado buenos resultados; la pobreza infantil supera el 50% y casi dos tercios de los jubilados vive con apenas poco más de 100 dólares al mes”. Además, Marí agregó que “el modelo económico actual está agotado y requiere un giro copernicano. Es necesaria una reforma previsional que mejore los incentivos al ahorro para la vejez. Pero también una reforma laboral que incentive la formalidad y, por consiguiente, mejora la sustentabilidad del sistema previsional. Hoy en Argentina más de 40% de los trabajadores son informales, lo que luego propicia la implementación de moratorias para dar algún tipo de ingresos a estos trabajadores que no aportaron. Hacer la reforma previsional sin la laboral es llanamente inconsistente”.
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