Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
EL ECONOISTA La Constitución Nacional, en su artículo 16, nos recuerda que todos los habitantes son iguales ante la ley: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales, ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Sin embargo, nuestra realidad no siempre parece satisfacerlo.
Veamos los hechos. Como señala la página argentina.gob.ar (21/3/2024): “El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, lanza el Programa de Asistencia ‘Vouchers Educativos’ para ayudar a familias que envían a sus hijos a establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario con una subvención del 75% o más y una cuota que no supere los $54.396. Recibirán el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base (marzo 2024) para mayo, junio y julio. El voucher tendrá un tope de $27.198 por hijo. Según datos provisorios de la Secretaría de Educación, el universo podría alcanzar a casi 2 millones de chicos que asisten a más de 6.000 escuelas en todo el país y cuyos padres tengan un ingreso familiar menor a 7 veces del Salario Mínimo, Vital y Móvil”.
La medida no puede ser más oportuna. La tremenda crisis económica que enfrenta nuestro país ha comenzado a poner a muchos padres en la disyuntiva de continuar pagando las cuotas en escuelas de gestión privada o emigrar a sus hijos a escuelas de gestión pública. Por cierto, un éxodo similar sucedió luego de la crisis de 2001, pero en esta ocasión el efecto sería exponencial, dada la magnitud del evento que estamos viviendo.
Por cierto, la voluntad del presidente Milei de enfrentar esta realidad se desprende, por ejemplo, de sus declaraciones en una entrevista radial realizada durante el pasado mes de febrero: “Vamos a incorporar un mecanismo de asistencia a la clase media para que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio no solo es traumatizante para los padres, sino también para los chicos”, a lo que agregó: “Va a haber vouchers y financiamiento para alumnos”.
Yo me pregunto, si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ¿por qué si dos familias califican para el programa en virtud de su realidad económica, una de ellas habrá de recibir el voucher dado que sus hijos concurren a un colegio que tiene una subvención del 75% o más y la otra, cuyos hijos concurren a un colegio que recibe una menor subvención o ninguna, no?
Si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ambas familias deberían recibir el voucher, en función de su realidad económica, independientemente de la característica de la escuela a la que han optado por enviar a sus hijos.
Ojalá el Gobierno lo tome en cuenta. Pocas veces un Gobierno ha demostrado con los hechos, y no tan solo con encendidos discursos, su voluntad por cambiar una realidad educativa que avergüenza como la actual gestión del presidente Javier Milei. Modificar los requerimientos para calificar al Programa de Asistencia Vouchers Educativos constituiría un paso más en la dirección correcta.
