Abogado. Asesor laboral de empresas y cámaras empresarias. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CLARÍN La amenaza de que la jubilación sufra nuevamente quitas confiscatorias, ya declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en los casos “Badaro”, puede neutralizarse, si se mantienen los cinco ejes de la reforma previsional propuesta por el Poder Ejecutivo, alguno de los cuales ha generado un debate interno, en el marco del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petrovello y de Mariano de los Heros como titular del ANSES.
En primer lugar, debemos partir de que se necesitan entre 4 y 5 personas activas que realicen aportes y contribuciones para financiar a un jubilado, dentro de nuestro sistema público de reparto, en donde se parte de la premisa de que la totalidad de los ingresos de los activos se destinan a pagar a los pasivos.
Como la ecuación no se da en la realidad, el Tesoro debe contribuir con el déficit, convirtiéndose en un elemento distorsivo dentro del Presupuesto, y por ahora, no resuelto en forma eficiente.
La causa fundamental del déficit lo genera el nivel de evasión público y privado del 40% en el promedio país (que en algunas provincias llega al 50 o 60%) que la batería de normas de la Ley de Bases 27.742 ya contiene para enfrentar este flagelo, y que son similares a las que ya han tenido éxito en el derecho comparado, que podría producir el mismo efecto que en Francia, España, Italia o Gran Bretaña. En estos países la evasión bajó al 16, 17, 18 y 19%, partiendo de guarismos de más del doble, dependiendo de la crisis de la cual se partió para adoptar los controles y sistemas de seguimiento vigentes en la actualidad.
El segundo recurso es formalizar cambios legislativos, como el propuesto de la equiparación de la edad para jubilarse a las mujeres, unificando la edad en 65 años, teniendo en cuenta que en los países centrales se sigue elevando la edad, como también está creciendo la expectativa de vida que en algunos casos ya supera los 80 años de edad promedio.
Emmanuel Macrón en Francia promovió esta medida. En rigor, se trata de un paleativo temporario. En nuestro país, a su vez, el empleador no puede intimar a los trabajadores a que se jubilen hasta que no cumplan 70 años de edad. A la vez, es compatible seguir trabajando y cobrar la jubilación.
El tercer componente es establecer un sistema de actualización, que se compadezca con la preservación del poder adquisitivo del haber jubilatorio, que según la Corte Suprema debería seguir un índice objetivo y confiable de ajuste, (en el caso Badaro, IPC del INDEC).
Desde el restablecimiento de la democracia, los distintos gobiernos fracasaron en mejorar la recaudación, salvo lapsos de excepción, y sistemáticamente buscaron defraudar a los pasivos con mecanismos que fueron retrasando el haber, sin respetar una valorización sistemática.
El cuarto pilar está referido al sistema de reparto, y a la opción, siempre presente de que se regrese a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) que en su oportunidad se convirtió en un negocio financiero, y que los que lo crearon (Menem- Cavallo – Giordano) a la postre se ocuparon de destruirlo y de dejarlo sin efecto, aprovechándose de los recursos acumulados por el sistema hoy derogado.
El quinto elemento, casi parece la clave de las reformas, es la transformación de todos los sistemas de privilegios, y la búsqueda de la unificación de los sistemas, que conforman una clara dispersión de sistemas sectoriales y locales, con franquicias, beneficios especiales, y en su oportunidad, prebendas circunstanciales.
Dentro de este paquete se suele mencionar con frecuencia la posible diferenciación entre los jubilados o pensionados que cumplieron con los requisitos de treinta (30) años de servicios con aportes, con aquellos, que bajo regímenes de excepción, no tributaron, lograron acceder al beneficio por medio de moratorias que se abonaban con los mismos beneficios jubilatorios, según el modelo con claros fines electorales o políticos del ex ministro de economía Sergio Massa.
Estos cinco ejes operan en distintos momentos; sin embargo, la clave no está en las modificaciones intrínsecas, sino en gestionar con eficiencia la lucha contra la evasión, en donde el Estado Nacional, provincial y municipal, además deben dar el ejemplo, blanqueando todos los casos de fraude que existen, (que en promedio representan más del 20% de la dotación) en base a la contratación de pasantes, becarios y monotributistas, en los cargos públicos que deben ocupar los agentes de la administración pública, elegidos conforme a su idoneidad para cubrir el mismo, y que tributen con sus aportes y contribuciones como también se lo exigen a la actividad privada.
