Jefe de economía de Libertad y Progreso. Profesor Economía Internacional en Universidad del CEMA, Profesor ayudante de Análisis Económico y Financiero en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires,Asesor en la Secretaria de Comercio Exterior la Nación yAsesor Secretaria de Comercio de la Nación.
Mg. en Economía y Lic. en Economía Universidad del CEMA
CLARÍN El Proyecto de Presupuesto 2025 se resume perfectamente en su Artículo 1°: alcanzar el equilibrio fiscal total, cueste lo que cueste. Desde el punto de vista económico, esta es una medida inevitable; Argentina no tiene otra opción tras décadas de desajustes fiscales. El país ha pasado más del 90% de los últimos 50 años gastando más de lo que ingresaba, cayendo repetidamente en crisis inflacionarias o de deuda.
Sin embargo, en política y democracia, no basta con querer hacer lo que corresponde, también hay que tener el poder para llevarlo a cabo. Aquí entra en juego la legitimidad: la capacidad de un gobierno para implementar medidas que, aunque duras, cuenten con el apoyo popular.
Este es el rasgo distintivo que ha tenido el proceso ajuste de 2024, que ha sido uno de los más rápidos y significativos de la historia argentina. A diferencia de otros intentos de ajuste, este ha encontrado su legitimidad en la eliminación de privilegios a ciertos sectores, una demanda ampliamente aceptada por la sociedad.
La economista estadounidense Deirdre McCloskey explica la “igualdad de privilegios”. En una sociedad verdaderamente libre, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, sin que existan ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría.
En Argentina, durante décadas, se utilizó al Estado para, coercitivamente, otorgar beneficios a diferentes grupos y sectores, creando lo que conocemos como “corporativismo”. Un modelo al que el actual gobierno ha denominado “la casta”. Es esta eliminación de privilegios la que ha permitido que el ajuste fiscal cuente con el respaldo social.
El Presupuesto 2025 ya adelanta la continuación de este proceso. Y si se espera mantener el apoyo popular, se deberán redoblar los esfuerzos para seguir por el camino de recortar privilegios estatales. Más aún en un año electoral en el cual el oficialismo deberá tener buenos resultados para fortalecer su agenda legislativa de cara a 2026 y 2027.
Respecto a los ingresos, el Ejecutivo acierta al decir que, si consigue más superávit, lo utilizará para bajar impuestos. Mostrar que el ajuste vuelve a los ciudadanos es una forma efectiva para ganar legitimidad. En especial si se bajan aquellos que benefician a los que pagaron la fiesta de los privilegios del Estado durante los últimos años. La baja del impuesto inflacionario y la eliminación del impuesto PAIS contribuirán a mejorar el poder adquisitivo y bajar los precios de la canasta básica del siglo XXI: alimentos, ropa, movilidad y tecnología. Luego, si las condiciones fiscales lo permiten, el próximo paso debería ser una reducción de los impuestos al trabajo formal, que han empujado al 50% de los trabajadores a trabajar en negro.
En cuanto a los gastos, la legitimidad del ajuste dependerá de tres elementos. Primero, es necesario continuar reduciendo estructuras estatales ineficientes. La reforma del Estado debe avanzar, eliminando organismos descentralizados y desconcentrados que superponen funciones, no cumplen una misión clara o que fueron creados con fines políticos. Lo mismo corre para las empresas y entes públicos. Y, además, habrá que eliminar muchas políticas públicas actuales, que no superan un análisis costo-beneficio.
Segundo, es esencial mejorar la eficiencia de aquellas dependencias que sí son útiles para la sociedad. Los ciudadanos demandan un Estado que no intervenga donde no es necesario, pero que funcione bien donde sí lo es. Esto incluye el ordenamiento y fortalecimiento de las áreas que atienden las funciones básicas del Estado: Justicia, Seguridad, Defensa, Salud y Educación, muchas de las cuales se encuentran desguarnecidas y desarticuladas.
Tercero, los subsidios y transferencias deben estar mejor dirigidos para beneficiar a quienes realmente lo necesitan. El Presupuesto 2025 ya prevé que habrá un ordenamiento de los subsidios a la energía, que caen 25% en términos nominales (equivalente a 1,7 billones de pesos). Sin embargo, también habrá que incluir la eliminación de los privilegios fiscales de ciertos sectores.
El año que viene, los regímenes especiales de promoción sectorial, como el de Tierra del Fuego, representarán gastos tributarios por 3,3 billones de pesos, sin contar los sobreprecios que generan a todos los argentinos. Son cuestiones que no pueden seguir volando debajo del radar.
Si bien el equilibrio de las cuentas públicas irá generando sus frutos, habrá que cuidar que la transición, además de eficiente, sea percibida como justa. El Presupuesto 2025, junto a la Ley Bases, da instrumentos al Gobierno para ir en esta dirección y avanzar sobre privilegios que están enquistados desde hace décadas.
