Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso. Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Es consultor económico y Profesor titular de Economía Aplicada del Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica del Master de Economía y Administración de CEYCE.
La expropiación de YPF es solo un paso más de un gobierno que avanza sin límites sobre los derechos de propiedad y el orden republicano. La indiferencia de la gente frente a estos avances hace pensar que el límite está en la economía.
[S]i bien el gobierno no deja macana por hacer en materia de política económica, hay que reconocer que esas macanas apuntan a sostener su poder político. Hoy vemos como, encandilada por televisores, autos y celulares, una mayoría relativa le otorgó un cheque en blanco a Cristina Fernández que, por ahora, lo sabe usar muy bien. No porque esté generando políticas sustentables de largo plazo, sino porque está acumulando un poder que anula el sistema republicano y tiende a una autocracia cada vez más marcada.
Cristina Fernández tiene el monopolio de la fuerza. Muy pocos confían en la justicia y el parlamento está controlado por sus seguidores que votan sin chistar cuanto proyecto de ley le envía el Ejecutivo. En definitiva, Cristina Fernández detenta hoy un poder casi absoluto. Ese poder absoluto determina que aquellos que no comparten la política del gobierno tengan miedo de hablar. No digo en público solamente, sino por teléfono. Por mi profesión de asesor económico son muchas las charlas telefónicas que tengo y la gente tiene pánico a ser escuchada por miedo a tener sus teléfonos intervenidos. Hasta en los mails se observa ese temor. La gente se siente observada y controlada. La impunidad con que se mueve el gobierno puede llegar a límites inconcebibles. ¿Será cierto que en la Secretaría de Comercio, a los empresarios que van a tramitar un permiso de importación, los atiende el Sr. 12, 34, o 17? ¿Será cierto que no dan a conocer sus nombres y se manejan con números?
Lo concreto es que Cristina Fernández interpreta que el 54% de los votos que obtuvo en octubre pasado la autoriza a utilizar esa mayoría circunstancial para imponer leyes que pueden ser sancionadas por el Congreso pero que no tienen legitimidad. Y cuando digo que no tienen legitimidad quiero decir que una ley, por más que sea votada por la totalidad de los miembros de la Cámara de diputados y senadores, no pueden violar el derecho a la libertad y a la propiedad. Nadie decide pertenecer a una sociedad para ser sometido como un esclavo por el monopolio de la fuerza del Estado.
Las personas están dispuestas a sacrificar parte de sus ingresos y mantener un Estado para que éste defienda sus derechos, no para que los viole. El problema se presenta cuando, ya estando dentro de la sociedad, una mayoría relativa le otorga poderes a una persona para que use el monopolio de la fuerza a su antojo, por más que los fundamente en leyes ilegítimas, y someta a la población con el monopolio de la fuerza que le fue delegado para otra cosa. Y en este punto insisto una y otra vez: las leyes votadas por una mayoría no son legítimas cuando violan los derechos de las personas.
La estatización de YPF, más allá de si cumplió con las inversiones comprometidas o no, es solo un paso más en ese contante avance del Estado sobre la propiedad privada y explica la fuga de capitales que tiende a acelerarse. Basta con ver como escaló el dólar contado con liquidez para advertir que la gente entró nuevamente en pánico ante esta arremetida estatizadora. Puesto en otros términos, la estatización de YPF es otro paso más en la aplicación de políticas que buscan sostener el poder político del gobierno aún violando el derecho de propiedad.
Recordemos que los intentos por avanzar sobre los derechos de propiedad incluyen a la fallida 125, la confiscación de los ahorros en las AFJP, la apropiación de reservas del BCRA y luego la reforma de la Carta Orgánica, la prohibición de ejercer toda industria lícita como es la de importar o vender los bienes que uno produce al precio de mercado y mil formas más de intervencionismo y estatismo.
Cristina Fernández sabe que solo puede sostenerse en el poder si mantiene económicamente conformes a unos 10 u 11 millones de electores. Si uno mira la última elección, sobre 28,7 millones de electores, Cristina Fernández obtuvo 11,6 millones de votos que representan el 40% del electorado. Es decir, entre los votos en blanco, los impugnados y los que no van a votar, Cristina Fernández necesita el apoyo de unos 10 millones de personas para alzarse con la victoria. El resto, por una oposición incompetente, por desidia de la gente o lo que sea, queda sometida a los caprichos del kirchnerismo.
Debo reconocer que buena parte de la oposición tampoco se diferencia tanto de las propuestas kirchneristas. Puesto en otros términos, ofrece una especie de kirchnerismo bueno. Basta con ver cómo van a votar por la estatización de YPF y sus discursos en los medios para advertir que tampoco es que ofrecen una propuesta tan diferente. El gran interrogante es si existe demanda para una propuesta totalmente diferente. Me pregunto si prendería en el electorado un discurso que hable de la cultura del trabajo, de lo denigrante que son los llamados planes sociales, de las ventajas de participar del comercio internacional e integrarse al mundo, de los beneficios de la competencia, de la seguridad jurídica para atraer inversiones y generar más puestos de trabajo, en fin ¿prenderá en el electorado un discurso sobre la libertad que debe imperar en un país para que pueda desarrollarse la capacidad de innovación de la gente y de esta forma progresar? Francamente no tengo una respuesta categórica al respecto. Por ahora me inclino a pensar que esos 10 millones de votantes están más cómodos recibiendo una asignación universal por hijo, una subsidio, el empresario PYME feliz de no tener que competir con productos del exterior y grandes empresarios haciendo suculentos negocios con el Estado…hasta que se convierten en enemigos.
Lo cierto es que la base de apoyo de Cristina Fernández, que le permite arremeter contra la propiedad privada y atemorizar a la gente con el aparato de compulsión del Estado, es mantener relativamente tranquilos a esos 10 millones de votos que le otorgan la mayoría dada lo impresentable de la oposición y sus divisiones y vedetismos.
Si se acepta la tesis de los 10 millones de votantes conformes, entonces, lo que cabe esperar es que, ante la creciente escases de recursos para mantener contento a esos 10 millones de electores, en el futuro veamos nuevas confiscaciones y avances sobre los derechos de propiedad. Los que producimos todos los días en base a nuestro esfuerzo sin privilegios ni subsidios, tendremos que redoblar nuestro trabajo para sostener a esos 10 millones de personas. Y creo que la tarea va a ser agotadora porque al esfuerzo diario se le agregará las trabas que impone el Estado con su intervencionismo y creciente apriete fiscal.
El único límite que le veo al poder absoluto que ostenta el kirchnerismo, es la economía. En la medida que no se generan los recursos necesarios para mantener contento a los 10 millones que viven a costa de los que producen, el escenario político y social puede complicarse seriamente para el gobierno. Ellos saben que solo pueden seguir con este atropello institucional solo si redoblan continuamente la apuesta expoliando a los que producen y confiscan flujos e ingresos en nombre de la solidaridad social y la soberanía nacional.
El gran interrogante es el siguiente: ¿cómo reaccionaría el kirchnerismo ante un escenario de descontento social si cada vez hay menos recursos para repartir? ¿Utilizará la fuerza pública para disciplinar a los descontentos acentuando al autoritarismo o buscará alguna salida decorosa denunciando conspiraciones que no los deja gobernar?
Francamente no tengo la respuesta al interrogante del párrafo anterior, pero lo que sí me queda claro es que, por ahora, el único límite que le veo a esta destrucción de la república es la economía. Si la economía no les financia la fiesta de consumo, se acaba el apoyo de los 10 millones para los que gobierna el kirchnerismo.
Seamos sinceros, si bien es necesario insistir en el valor de las instituciones y los beneficios de un gobierno limitado, a la inmensa mayoría de la población poco le interesa ese tema. El bolsillo manda a la hora de votar. Por lo tanto, reconozcamos que el kirchnerismo leyó muy bien el comportamiento de la mayoría de los argentinos y actuó en consecuencia para construir su poder en detrimento de la democracia republicana.
En definitiva, como el límite está en la economía, me parece que antes de perder el apoyo de los 10 millones de votantes veremos nuevos avances sobre los derechos de propiedad y las libertades individuales. Salvo que obre un milagro, se vienen tiempos difíciles.
