[D]espués de la intervención y nacionalización de YPF, queda claro que somos pocos los argentinos que consideramos importante tener una buena calidad institucional para preservar los derechos y libertades de la gente. Más allá del hecho de la expropiación, existen pasos establecidos por normas constitucionales y legales que se deben acatar para llevarla a cabo y que fueron violentadas. Los acuerdos internacionales no prohíben este tipo de políticas, pero no permiten ejecutarlas con el grado de discriminación y arbitrariedad con que lo llevó adelante el gobierno.
Es notable que, en un “país serio” (slogan con el que desembarcó el kirchnerismo en el Poder Ejecutivo Nacional, hace casi una década), alguien pueda entrar e intervenir una empresa blandiendo un Decreto de Necesidad y Urgencia, sin intervención judicial alguna. Hay que reconocer que el Viceministro pecó de exceso de sinceridad al decir que la seguridad jurídica es un concepto horrible. Conviene tranquilizarlo: en la Argentina hace rato que este “concepto” dejó de estar vigente. En los índices de respeto de propiedad, el país figura entre el tercio peor calificado y, en otros indicadores, entre los represivos de la libertad económica.
Supongamos que, una persona tiene una casa muy bonita en un pueblo y el intendente, uno de esos caudillos feudales típicos del interior, está interesado en comprarla. Entonces, para que la vendamos envía continuamente cuadrillas de operarios a romper la calle y la vereda durante la noche, imposibilitándonos dormir y complicándonos el acceso a nuestro hogar. Cuando nos cansamos y la ponemos en venta la casa, aprovechando su cargo, dicho alcalde va tomando medidas para desvalorizar la propiedad y adquirirla barata. Luego de adueñarse de la casa, desanda el camino para que vuelva a ser vivible. Sólo cabe coincidir que dicho funcionario es un delincuente que está atropellando nuestros derechos, en particular el de propiedad.
Sin embargo, callamos o incluso aplaudimos cuando el gobierno argentino lo hace con los accionistas extranjeros de algunas compañías para que terminen en manos del Estado o de “empresarios amigos” que se alinean con el “modelo”. Es más, si Repsol termina cobrando algo, será tarde y cuando este gobierno ya no esté; por lo que le habrá salido gratis, aunque a los argentinos nos va a costar muy caro.
Hoy, YPF gana plata y paga impuestos a las Ganancias; pero, durante décadas, fue del Estado y llegó a emplear 10 veces más empleados de los que necesitaba y, debido al uso político de la empresa, perdía alrededor de US$ 2.000 millones a valores actuales. El kirchnerismo dice que la historia va a ser distinta.
Analicemos cuáles serán los objetivos de la nueva “YPF estatal”. Comprar el combustible y gas importado y hacerse cargo de la diferencia con el costo local, que hoy paga el Estado. Venderá barato el fluido que usan los aviones de Aerolíneas, para que no pierda tanta plata. Si le sumamos el esperable aumento de la cantidad de empleados con buenos sueldos, es difícil creer que quedará mucho de las ganancias de entre US$ 1.000 a 2.000 millones anuales, que el gobierno piensa usar como “caja” o como recursos para invertir.
La historia argentina es clara, en los últimos 75 años, luego de los inicios del negocio petrolero en el país, el sector solamente se desarrollo en aquellos períodos que primaron las condiciones de mercado, mientras que vegetó o decreció cuando se impuso el intervencionismo estatal. Baste ver el gráfico que se acompaña. Los mejores períodos fueron durante el gobierno del Presidente Frondizi (1958-62) y en la década del ´90. En tanto, el mejor ejemplo de decadencia es 2002-2011, cuando el “kirchnerismo” decidió hacer populismo con la producción de hidrocarburos obligándolos a romper contratos de exportación, imponiéndoles retenciones móviles expropiatorias y fijándoles precios que eran de la mitad o hasta una tercera parte de los vigentes en el exterior.
El problema es que, en esas condiciones, nadie en su sano juicio invierte y, en algún momento, la producción empieza a escasear. La única forma de recuperar, en un plazo razonable, el autoabastecimiento es restablecer reglas de juego y precios de mercado; ya que, un marco de mayor seguridad jurídica, incentivará la inversión del sector privado, pero eso no es “K”.
Desde 2003, muchos venimos advirtiendo que tendríamos este problema en el futuro y el futuro nos alcanzó. Ahora que se hizo presente, la solución del gobierno es estatizar YPF; lo que, como vimos, ya nos llevó a una situación de desabastecimiento y pérdidas insostenibles. Esta vez no va a pasar tanto tiempo hasta que veamos los resultados nefastos de esta medida. Haber tropezado tres veces con la misma piedra debería resultar suficiente para aprender.
