El consultor y economista Aldo Abram, socio-Director General de la Consultora Exante y Director Ejecutivo del Think Tank "Libertad y Progreso", disertó en los salones del Jockey Club de Tucumán en el marco de un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad; charla que formó parte del ciclo de eventos denominado "Claves para interpretar a la Argentina" que dicha ONG lanzó con el objetivo de analizar la realidad política, económica y social de nuestro país en un año electoral, como el corriente, y a la cual fue invitada a participar Revista PRODUCCIÓN.

Vale resaltar que dicho encuentro sirvió de marco para la presentación del área de Políticas Públicas de la Fundación Federalismo y Libertad, que estará a cargo del economista tucumano Gustavo Wallberg y que actualmente es presidida porJosé Guillermo Godoy; Fundación que tiene como objetivo la investigación y difusión de temas de políticas públicas, y promover las ideas de la libertad en el contexto de las relaciones sociales.

En la charla, Aldo Abram se refirió al contexto político-económico actual, como así también proyectó el posible escenario del país y la situación agropecuaria para los próximos cinco años. Para el economista, el momento que vive la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es crítico, tanto por el cepo cambiario, las trabas a las importaciones y otras políticas que amenazan el normal rumbo económico argentino. Abram sostiene que se está yendo hacia una crisis y asegura que el próximo gobierno va a agarrar un ajuste ya hecho.

En el mejor de los casos, el escenario monetario puede ser similar al de 2012, con una inundación de pesos hacia el final del año, que implicará sostener un nivel de inflación en torno de un 20% anual. Pero en algún momento, el gobierno deberá reconocer sus errores, en materia económica y una devaluación tiene un costo económico y un costo social".

El año pasado, tomando datos del sector privado en materia económica, surgió que fuimos (Argentina) el segundo país con peor perfomance en nivel de actividad, superados sólo por Paraguay, un país que tuvo ese año una crisis política e institucional muy importante y una sequía muy dura, que afectó su principal actividad que es la agropecuaria, por lo que en su caso, se justifica que le haya ido tan mal. En nuestro caso nada lo justifica. Y lo malo -lo llamativo para decirlo de algún modo-, Argentina, para este año está esperando que suceda lo mismo, que seamos el segundo país de Sudamérica en irle peor. Es muy probable que a la producción le vaya igual de mal no sólo por la sequía, sino también porque las políticas nacionales no han variado en absoluto su rumbo.

Desde el año 2003, con el gobierno de los Kirchner, hubo un gran gasto público, muy grande, donde se ha duplicado en términos de PBI y cuando uno mira el endeudamiento que hubo, se asusta un poco, porque las tasas son muy altas y seguramente van a repercutir en la economía en algún momento. O sea, cuando miramos la historia reciente, entonces ya sabemos de qué se trata. Es una carga muy importante sobre la espalda de todos los argentinos.

A partir de 2002, por ejemplo, se vivió en el país una recuperación de la economía muy importante, después de 4 años de caída muy fuerte, apoyado con vientos muy favorables a nivel internacional, un mundo demandante de productos agropecuarios, tasas de interés bajísimas en créditos, había mucha liquidez en todo el mundo y eso facilitó mucho el crecimiento de la economía nacional y, aportó a la vez, a la recaudación tributaria. Entonces como había en la Argentina sectores a los que les iba muy bien, como el campo -por el precio de los commodities-, el Gobierno le puso el ojo, y a través de las retenciones al agro y al petróleo obtuvo buenos réditos. El Gobierno Central le sacó gran parte de su rentabilidad y generación de renta al campo. Así, con ese nivel de presión tributaria importante, con esa mochila en sus espaldas, pretenden que corra la carrera de competitividad mundial con otros países exportadores de granos y carnes, todo un disparate. Claramente, el gran problema que tiene el Gobierno es que ellos pretenden seguir gastando, recaudar más impuestos apretando al sector productivo privado.

Pero la necesidad de recaudar más para cubrir el excesivo gasto social los llevó crear la famosa resolución 125, ley de retenciones móviles al campo, por lo que se produjo la rebelión fiscal, el gobierno no tuvo otra que dar marcha atrás con las retenciones móviles y entonces fueron por otra caja que estaba disponible para ellos: ofrecieron pasar voluntariamente a todos los que aportaban a las AFJP a la de Reparto, ahí hicieron una masa de flujo fenomenal. Además, vale la pena aclarar, también confiscaron los ahorros de los que aportaban en el Sistema Previsional de Reparto. O sea, el Gobierno de los Kirchner confiscó nuestros ahorros para los viajes, para aumentar el gasto. Fue otra caja tomada para "la fiesta". A todo esto quiero decir que hay una mala noticia: Hasta ahora han logrado financiarse con la ANSeS, pero a partir de 2015 va a empezar a dar pérdida, lo peor de todo es que a partir de 2020 el Fondo de Garantía estará confiscado del todo, se va a terminar. Así que vayan pensando quiénes les van a pagar sus jubilaciones. Eso significa un problema de endeudamiento de hasta 2 veces lo que es la deuda pública, es un problema fenomenal heredado por nuestras generaciones futuras.

En 2009 vieron que en 2010 iban a tener un bache importante de financiamiento a cubrir y ahí vino la decisión de avanzar sobre las reservas del Banco Central. Bueno, eso es algo muy preocupante, sacarle solvencia al BCRA es muy negativo y así como en 2010 y 2011 se financió el Gobierno con recursos del Banco Central, el impuesto inflacionario de este año es usar todas las reservar del Banco Central para pagar deudas y asumir gastos.

Ahora, pienso, si hay una crisis cambiaria ¿cambiará inmediatamente el eje del Banco Central? Ceo que sí, porque se tendrán que usar todos sus instrumentos para poder contener el problema y poder salir a asistir a los bancos. La pregunta es ¿tendrá flujo para salir a atender sus compromisos y evitar una cesación de pagos?. El problema de este Gobierno es que usan las reservas del Central como si fueran suyas y emiten sin control. Esa manera de actuar puede generar un gran problema de ahí que estén ahora con el tema del control de divisas extranjeras.

En materia agropecuaria, es sabido que las economías regionales hoy son las más afectadas. Si bien el Gobierno tiene un tipo de cambio especial que les reconoce a productores industrializados que exportan, no se está reflejando en el tipo de cambio y en el costo de los productores. En realidad le está haciendo una tremenda quita a los productores que generan bienes que son exportables y, siguiendo en ese camino, lleva a producir más soja sobre soja para lograr algo de rentabilidad en medio de producciones que no son tan viables por precios o imposibilidad de venderlas en tiempo y forma como el trigo o el maíz que tienen cupos. Ahora bien, si no podemos producir soja, apaguemos la luz y vayámosnos todos. En la zona núcleo de la Pampa Húmeda, cuando vendan la cosecha actual, comparando todo con el año pasado cuando recibieron el 60 por ciento contando las retenciones, esta vez van a recibir no más del 40 por ciento. En realidad, con suerte van a estar en el 40 por ciento. Pero digo yo, el señor qué va a hacer cuando proyecte sus inversiones futuras, va a querer llorar, porque como viene la mano, el próximo año con suerte va a recibir el 30 por ciento de lo que vale su producto en el exterior y eso lo va a llevar a invertir mucho menos y entonces recibirá por ende también menos. En la zona núcleo de la Pampa donde tendríamos que estar produciendo a más no poder se vive esa situación, imagínense en las otras zonas marginales, no van a poder producir ni siquiera para sobrevivir. El agua nos va tapando más rápido.

El sector agropecuario el año que viene va a estar mucho más ahogado todavía, aún si hubiera un plan de desdoblamiento cambiario, porque en ese caso, de que haya un plan de desdoblamiento cambiario, eso va a traer un alivio coyuntural, pero no va a tapar el problema de fondo, que permanece, que es el tipo de cambio especial que hay, que le van a seguir pagando a los productores y que no refleja para nada la devaluación que sufre el peso.

Hay un desequilibrio monetario en estos momentos en el país; estamos con una brecha muy alta entre el peso y el dólar y eso perjudica mucho no sólo al ahorrista, y al productor o industrial que exporta, sino también al país, al Estado. Hay que ver que también estamos perdiendo reservas sistemáticamente, entonces es lógico que se piense que puede haber una devaluación monetaria o una apertura de un mercado financiero y turístico, y de un mercado comercial; pero estimo que eso no va a ocurrir antes de las próximas elecciones parlamentarias. El problema es después. ¿Qué va a pasar?

Otro problema que se observa es que en este contexto de país donde hay un Gobierno central dueño de todo, vemos que las provincias han cedido facultades a la Nación que no son razonables, y revertirlo requiere de un cambio de actitud muy grande. No creo que eso pase con este régimen de gobierno tan autoritario. Hay que creer en el federalismo y esta gente que hoy gobierna al país no cree en eso ni una palabra.

Mi impresión es que los últimos tres meses va a haber una fiesta en el gasto por parte del Estado Nacional, como hubo todos los años de elecciones, la brecha va a ser muy grande porque va a haber una gran repartija de dinero para tratar de ganar las elecciones. No creo que eso cambie porque el gran gasto lo hubo siempre, en todas las competencias electorales con esta gente. El sector agropecuario está muy castigado en el país y sobre todo, las producciones regionales. En Tucumán vemos que la actividad azucarera está muy dolida y parte del dolor tiene que ver con el atraso cambiario. Si el tipo de cambio estaría en otro nivel, el sector podría exportar y ahí se acaba el problema. Es fundamental no seguir deprimiendo más artificialmente el tipo de cambio porque afecta y hace mucho daño a todas las economías regionales del país.

Sostuvo además "que la sociedad argentina tiene muchos mecanismos de defensa muy fuertes ante cualquier situación que genere incertidumbre o pánico respecto al rumbo de la economía". Destacó que esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si bien pueden aparecer situaciones como el blanqueo de activos, hasta las elecciones vamos a ver un gran estrés político. Un Gobierno tratando de ir por todo y eso generará una gran percepción del riesgo a futuro".

Indicó que cuando sucede eso, "la gente busca protegerse comprando activos externos y eso lleva indefectiblemente a una nueva suba del dólar paralelo". Agregó que "ésto es el reflejo del temor y con miedo no se consume ni se invierte. Más allá de que tengamos un veranito, es muy probable que en el segundo semestre ésto se desacelere y veamos tendencias recesivas el año venidero, porque no se resuelven los problemas causados por el cepo cambiario que ahoga a las actividades productivas".

*PUBLICADO EN REVISTA PRODUCCIÓN, JULIO 2013

CLARÍN.- El impuesto a las Ganancias golpea a los trabajadores que tienen un ingreso un poco mayor del salario medio y, en particular, a aquellos que hacen horas extras o tienen una jornada extensa. El problema se escala por el impacto que tiene la presión tributaria sobre los salarios -sumado a la inflación- y por el riesgo que siga agudizando su accionar.

En este sentido se advierten tres principales cuestiones: En primer lugar, la política que llevó a cabo el Gobierno ha reducido dramáticamente el nivel del mínimo no imponible, con lo cual más personas deben tributar.

Un segundo aspecto, quizás más significativo, es que se han achatado las escalas y son muchos más los alcanzados por la tasa mayor.

Esto no es otra cosa que un ajuste que nace entre la combinación de la caída del mínimo no imponible, la falta de actualización de las escalas progresivas de tributación y la creciente inflación. Es decir, que están ocultando la reducción en el salario de los trabajadores, sin ningún tipo de consulta al Congreso y que produce un fuerte desajuste, en los niveles de tributación, al cual están sometidas las familias argentinas.

En un tercer aspecto, sumado al ajuste inflacionario y tributario que sufren los trabajadores de nuestro país, encontramos el régimen excepcional que el Gobierno decidió darle a quienes no cumplieron con sus responsabilidades fiscales. Así, a quienes escondieron sus verdaderos ingresos -evadiendo- y compraron dólares se les otorga un perdón que excluye todo tipo de impuesto.

Probablemente esto se deba a la imperiosa necesidad del Ejecutivo de hacerse de divisas norteamericanas para atenuar la caída de las reservas y paliar el faltante de dólares disponibles.

En este sentido, cabe reflexionar sobre el estado de ánimo de un trabajador en relación de dependencia que cobra su sueldo en blanco y que ha visto crecer día a día la presión tributaria sobre su sueldo y que, paralelamente, observa que quienes obtienen sus ingresos en negro, comprando dólares, se encuentran bajo un régimen muy beneficioso, que los libera de esa inmensa tributación, que se suma a múltiples impuestos.

Así se advierte un inevitable y fuerte desengaño, frente a la crisis de valores que implica el tratamiento favorable de aquellos que no lo merecen y el castigo feroz a quienes se esfuerzan y cumplen con sus obligaciones.

Toda esta situación se ilustra de manera perfecta con el tango que exclama: “El que no roba no mama, y el que no afana es un gil”.

Esto dimensiona el sentimiento de frustración que llevan adentro los ciudadanos argentinos que en sus diferentes rubros (profesionales, empleados, obreros, etc.) cobran más que el salario medio.

Todos ellos sienten que este sistema de blanqueo es un mecanismo injusto, inédito tanto en el plano internacional como en el local, que arrojará una amnistía sobre todos los tributos que no han sido percibidos por el Estado y que será financiado por los llamados “giles”, ciudadanos que no han tenido la hoy premiada “viveza” de escapar a sus responsabilidades fiscales.

*PUBLICADO EN DIARIO CLARÍN, 24 DE JULIO DE 2013

CLARÍN.- La evolución histórica de nuestras normas laborales expone orientaciones y resultados no siempre consecuentes con el propósito que usualmente las han impulsado: el beneficio de los trabajadores. En no pocos casos, los excesos de sobreprotección han desembocado en fuerte desaliento a la inversión y a la creación de empleo.

En otros, han sido incentivo para la precarización y el trabajo informal. También se ha observado una clara tendencia a concentrar poder en los dirigentes sindicales nacionales, quitando capacidad de negociación a representaciones de menor nivel pero más cercanas a los intereses y situaciones particulares de sus representados.

Es así que con el correr de los años, la legislación laboral argentina se ha convertido en un peso y no en una ayuda para potenciar el crecimiento, la competitividad y la creación de empleo más abundante y mejor remunerado. En estos últimos años estas deficiencias se han acentuado en mérito a un populismo mal entendido, que es de medios pero no de fines.

Nos interesa tratar un tema en especial: la descentralización de las negociaciones laborales. De lo que se trata es de privilegiar los acuerdos realizados a menor nivel sobre los de mayor nivel. Por ejemplo, si hubo un acuerdo laboral zonal, que éste prime sobre el que pueda haberse alcanzado entre las representaciones gremiales y empresariales a nivel nacional.

Si se logró un convenio entre los delegados de los trabajadores de una empresa, que éste tenga vigencia por sobre lo que pueda haberse acordado entre el sindicato provincial o nacional y la cámara empresaria sectorial.

Hay muchas razones para concluir que la descentralización favorece al conjunto y también a los trabajadores en particular. El supuesto de que la descentralización debilita la capacidad de negociación frente a la patronal no es cierto, mientras se preserve el derecho de huelga que asegure la fortaleza negociadora y ponga equilibrio en la relación.

Lo fundamental es que a nivel de empresa los intereses convergen. Los trabajadores conocen los límites de sus reclamos y no los superarían si de esa forma pueden provocar la quiebra de la compañía y de su fuente de trabajo.

Si los trabajadores percibieran que hay más espacio en su empresa que en otras del mismo sector para mejorar sus condiciones, podrían lograrlo, mientras que esas mejoras no serían accesibles para otros del mismo gremio.

Los cambios en las formas de trabajo que mejoren la productividad y competitividad suelen ser específicos para una organización. Además, interesan en mucho mayor medida a quienes trabajan o dirigen esa empresa en un ambiente competitivo.

Las negociaciones colectivas sectoriales incorporan elementos macroeconómicos y políticos, y no tienen en cuenta las situaciones particulares de las empresas. Resultan en mayores y más frecuentes conflictos en los que se juega el poder de movilización de los dirigentes. La distancia de éstos con el efecto de sus posiciones y la magnitud de los valores en disputa generan corrupción y poder.

Chile marcó rumbos con una reforma laboral exitosa que le permitió impulsar su crecimiento con estabilidad y con mejoramiento del salario y el empleo. Sin suprimir los acuerdos sectoriales entre sindicatos y cámaras empresarias, se privilegian los convenios de menor nivel. En general éstos cuentan con el beneplácito de los trabajadores abarcados.

La conflictividad laboral ha sido notablemente baja y para esto contribuye otra disposición de su legislación laboral. En caso de desacuerdo no resuelto, se concurre a un árbitro oficial, pero éste no puede efectuar ninguna propuesta intermedia sino que debe optar por una u otra posición.

El efecto es que las partes se ponen de acuerdo antes de solicitar un arbitraje que puede darle la razón íntegramente a la otra. Así ha sido, y los casos de arbitraje han sido mínimos. Entiéndase que la descentralización no implica la inexistencia de agremiación, pero ésta debe ser libre y de ninguna manera restringida a un solo gremio por sector de actividad.

Lo que debe comprenderse es que lo que interesa es el progreso y bienestar de los trabajadores, de las empresas y del país, que son perfectamente compatibles.

*PUBLICADO EN iECO, DIARIO CLARÍN, DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2013.

INFOBAE.COM.- El populismo demagógico lleva décadas estimulando la ilusión del Estado del bienestar. Prevalece allí un sistema mercantilista, en el que se enriquecen funcionarios corruptos y esos que reciben prebendas desde el poder.

De la mano de un creciente intervencionismo estatal, han logrado una significativa concentración del poder. Lo consiguieron con una deformación del régimen impositivo, que centraliza recursos, quita autonomía a las provincias y ciudades, violando el espíritu federal de la Constitución.

El esquema político ha sido funcional a este presente. Se han sucedido en forma intermitente, salvo honrosas excepciones, líderes mesiánicos y gobiernos cívico-militares que recorrieron idéntico camino, construyendo este engendro que sigue vigente como paradigma del poder.

La característica principal es la presencia de un Estado central gigante, omnipresente, pero también arbitrario, ineficaz y corrupto, que se apropia de la inmensa mayoría de los recursos al recaudar y disponer sin criterio de los impuestos que pagan todos, que utiliza el monopolio de la emisión monetaria a discreción y manipula cualquier negociación de endeudamiento.

Esta modalidad no se construyó hace semanas, sino que lleva décadas progresando, a veces gradualmente y en otras ocasiones creciendo vertiginosamente. Bajo esa dinámica, mutó del Estado federal al unitario, de un conjunto de provincias y ciudades que tenían la voluntad política de buscar un destino común, a este presente con una nación poderosa que somete a las provincias, bajo el yugo de la redistribución económica.

Los intendentes aliados, los gobernadores amigos, hasta los candidatos del oficialismo, gozan del privilegio del financiamiento ilimitado. El partido del gobierno usa la caja del Estado como si fuera propia y arbitrariamente decide a qué ciudades y provincias ayudar, a qué dirigente político apuntalar, hacia dónde direccionar esfuerzos, como si ese dinero le perteneciera a la facción mayoritaria del poder.

Ya ni siquiera intenta disimularlo. Se hace a cara descubierta y hasta se dice a viva voz sin pudor alguno, que para que los fondos públicos lleguen a una ciudad o provincia, sólo hay que apoyar electoralmente al candidato del color partidario del gobierno central.

Se trata de un mecanismo extorsivo, pero que cuenta ahora con el agravante de haberse naturalizado, de no tener siquiera un reproche moral por parte de los votantes. No es una casualidad, sino una filosofía política, que consiste en acumular dineros públicos, mediante el voraz saqueo a los ciudadanos, para luego utilizarlos en provecho propio del poder y chantajear a todos diciéndoles que ese dinero fluirá sólo si ellos se someten electoralmente ungiendo al personaje indicado por el gobierno.

Los votantes, en ese esquema, son llevados a la posición de rehén. Sus opciones son avenirse a lo que plantea el poder, o ser habitantes de segunda como castigo por no avalar al candidato oficial.

Es grave que un inescrupuloso político lo proponga y que una banda de aduladores aplauda estas indecentes prácticas, pero más trágico es que un grupo de ciudadanos tan numeroso actúe en consecuencia, siendo funcional, para claudicar mansamente a esa inmoral propuesta.

Hacerlo, doblegarse con tanto servilismo utilitario, darle entidad lógica a esa indecente proposición política implica la negación de la dignidad, la prostitución de las ideas, donde se canjean favores económicos a cambio de hacer lo incorrecto, forzando la voluntad de los ciudadanos.

No es un caso aislado, se ha convertido definitivamente en una forma de hacer política, demasiado frecuente, extremadamente popularizada y que parece haber llegado para quedarse.

Los ciudadanos tendrán que comprender que si le fijan precio a sus creencias, serán objetos de uso y material de descarte de una casta política que demuestra su vocación de utilizarlos para sus fines, sin que importen demasiado sus verdaderos intereses y genuinas preocupaciones. Esta forma de hacer política, se está convirtiendo en una regla de juego sin discusión, una pauta incuestionable, un dato de la realidad.

Pero existe un modo concreto de enfrentarlo, que es tener algo de dignidad, asumir que los seres humanos y nuestras convicciones personales no son una mercadería que pueda ser adquirida a la vuelta de la esquina. Para eso resulta vital entender lo que pasa y no estimular con el voto este hábito. Si los votantes deciden acompañar este indecente ejercicio político se convierten en cómplices de la corrupción y en parte vital del sistema que tantas veces critican pero finamente convalidan con acciones concretas.

Es tiempo de repensar la política. Sus actores avanzan siempre que tienen respaldo electoral para hacerlo. Si no se tiene la dignidad cívica suficiente para no dejarse extorsionar, se pierde la autoridad moral para cuestionar al régimen. Mientras tanto se asiste al patético espectáculo que ha montado la procaz doctrina del chantaje.

*PUBLICADO EN INFOBAE.COM, DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2013.