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El kirchnerismo sólo puede ofrecer más decadencia

LA NACIÓN.- Una de las típicas preguntas que nos formulan a los economistas es la siguiente: ¿Cuáles serían las dos o tres medidas fundamentales que hay que tomar para salir de la crisis? Es como si los economistas tuviésemos la solución mágica por la cual, tocando el tipo de cambio, los subsidios y alguna otra variable, repentinamente se solucionaran los problemas económicos. Inclusive, colegas economistas que suelen hablar más como políticos que como economistas, suelen decir que la situación no es tan grave y que los problemas pueden resolverse relativamente fácil, afirmando a renglón seguido que hay que bajar la inflación, atraer las inversiones y corregir alguna otra variable.

Mi visión es muy diferente. En primer lugar porque para poder frenar la inflación hay que dejar de emitir moneda a marcha forzada como lo viene haciendo el BCRA, y para que el BCRA deje de emitir a las tasas disparatadas en que lo viene haciendo es inevitable bajar el gasto público. Es decir, para poder poner orden monetario el paso previo necesario es restablecer el orden fiscal. Obviamente que lo que acabo de decir implica ser tildado de neoliberal que quiere el ajuste, cuando en rigor el ajuste se está haciendo ahora de la peor manera, licuando los salarios con la inflación, teniendo un nivel de carga tributaria que ahoga a la gente y con casi nulas inversiones que impiden crear nuevos y eficientes puestos de trabajo. Hoy la demanda laboral en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se encuentra por debajo del nivel que tenía en abril del 2002, el peor momento de la crisis de ese año.

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Hay casos en que empleados u operarios prefieren no hacer horas extras porque eso implicaría aumentar en el escalón de ganancias y pagar más impuesto que lo que se cobra. En otros términos, trabajar para ganar más implica terminar cobrando menos que si no se hacen las horas extras o, si se prefiere, trabajar menos significa ganar más dada la carga impositiva vigente.

La pregunta es: ¿por qué se ha llegado a tal punto que la presión impositiva desestimula trabajar más? Porque el Gobierno ha aumentado tanto el gasto público que necesita recursos aun de los sectores de menores ingresos.

Basta con ver los balances del BCRA para advertir que el stock de adelantos transitorios (emisión monetaria para financiar el gasto público) prácticamente se ha duplicado en un año. Ni una fenomenal carga impositiva junto con un tsunami de emisión monetaria es suficiente para financiar el ineficiente y altísimo gasto público que tenemos.

Corregir el gasto público es necesario para bajar la carga tributaria y frenar la emisión para contener la inflación implica, entre otras cosas, frenar el desborde de subsidios a la energía y el transporte público, lo cual quiere decir aumentar las tarifas en estos rubros en porcentajes que hoy superan a los del Rodrigazo de 1975. Como puede verse, no es tan sencillo, desde el punto de vista económico, corregir las distorsiones económicas.

Algunos políticos y economistas sostienen que el problema de la inflación se corrige con más inversiones. Pregunto: ¿quién puede hacer inversiones en un país que no tiene moneda? Sin moneda no hay posibilidad de hacer cálculo económico, es decir, estimar ingresos y gastos de un proyecto de inversión para determinar la tasa de rentabilidad esperada y decidir si se hace o no la inversión. Aclaro que la moneda tiene que cumplir con dos requisitos: 1) ser ampliamente aceptada como medio de intercambio y 2) ser reserva de valor. El peso no es reserva de valor por la emisión que genera el BCRA y por lo tanto no es moneda, ergo, no hay cálculo económico posible que permita evaluar inversiones.

Pero hay un paso previo al de tener moneda para que fluyan las inversiones. Ese paso previo es la calidad institucional. Me refiero a las normas, códigos, leyes, costumbres que regulan las relaciones entre los particulares y a las relaciones entre los particulares y el Estado.

En una sociedad chica, con poca gente, todos se conocen y se sabe quién es buen pagador y quién no lo es. En una sociedad con millones de personas, los contratos se hacen entre personas que no se conocen. Para eso se firman contratos y está el Estado para hacerlos cumplir. La Justicia determina quién tiene la razón en caso de conflicto y el Estado, con el monopolio de la fuerza, hace cumplir los contratos de acuerdo a la sentencia de los jueces.

El problema que tenemos en la Argentina es que quien tiene que hacer cumplir los contratos es el que los viola (confiscación de empresas, no respeto por los contratos firmados, aplicar impuestos sin pasar por el Congreso, etcétera). El Estado, que tiene que otorgar previsibilidad en las reglas de juego (instituciones) es el que justamente las cambia tan arbitrariamente que las transforma en imprevisibles. Sin instituciones eficientes y estables es imposible atraer inversiones. Nadie va a invertir en una fábrica de hamburguesas para que luego Moreno no le permita exportar, o no le deje importar insumos o le regule un precio que le genere quebrantos.

Desde el punto de vista económico la solución al crecimiento sostenido es más o menos conocido: disciplina monetaria que requiere de disciplina fiscal. Una carga tributaria que no espante las inversiones y apertura económica al mundo para ser competitivos. Nadie invierte si no tiene competencia, y si la economía está cerrada no hay estímulos para ser competitivos. Vender productos de baja calidad y a precios altos es más negocio que invertir para ser eficientes. Es decir, necesitamos hacer exactamente la inversa del modelo de sustitución de importaciones que pregona el oficialismo. Y, finalmente, eliminar todas las regulaciones que inhiben la capacidad de innovación de la gente.

Pero el drama es que el kirchnerismo ha destruido por completo la seguridad jurídica para los inversores, algo que no los perjudica a ellos porque tienen muchos lugares en el mundo donde invertir, sino que esa destrucción de la seguridad jurídica afecta a los sectores de menores ingresos porque al no haber inversiones no consiguen trabajo ni mejoras salariales basadas en incrementos de la productividad de la economía.

El mayor destrozo que ha producido el kirchnerismo no es la fuerte distorsión de precios relativos, la inflación y una carga tributaria desorbitante. El mayor destrozo lo ha hecho en las instituciones. En las reglas de juego. En la seguridad jurídica. En el respeto por los derechos de propiedad.

Esa es la herencia que dejan estos 10 años de kirchnerismo. El haber arrasado con la condición básica para el crecimiento: la calidad institucional. Y no está en el espíritu del kirchnerismo corregir ese problema. Primero porque no cree en esa relación entre calidad institucional y crecimiento, y segundo porque aunque quisiera cambiar ya nadie les creería. Por eso el kirchnerismo sólo puede ofrecer decadencia económica. Porque está en sus genes el desprecio por la calidad institucional.

Si hoy la gente tiene miedo a perder su trabajo, el salario no le alcanza para llegar a fin de mes y lo matan con impuestos, lo que tiene que saber la gente es que la causa última de sus problemas tiene que ver con esas palabras que parecen tan difusas pero son tan importantes: calidad institucional.

*PUBLICADO EN DIARIO LA NACIÓN, JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013
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Alinear incentivos

No se trata de fabricar seres humanos según el molde de algún megalómano ni “hombres nuevos”, sino de tomar a las personas como son y encontrar el mejor camino para que cada uno pueda seguir su proyecto de vida sin lesionar derechos del prójimo. Cada cual responderá ante su conciencia por sus actos, pero nadie debiera tener la facultad de entrometerse en la vida ni en las haciendas de otros a menos que se recurra al derecho de autodefensa en vista del uso de la fuerza agresiva.

En última instancia, se trata de una cuestión de incentivos que permitan la cooperación libre y pacífica. Independientemente de la bondad o la maldad de distintos individuos, los incentivos adecuados ponen límites estrictos a la invasión a los derechos de cada cual y estimulan el entendimiento de la gente en pos de sumas positivas. En este cuadro de situación se tenderá a sacar lo mejor de cada uno, a diferencia de incentivos perversos que tienden a sacar lo peor de las personas.

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Los incentivos de todos operan en dirección a pasar de una situación menos favorable a una que le proporcione al sujeto actuante una situación más favorable. Esto es independiente de cuales sean las particulares y subjetivas metas de cada uno. Siempre será un incentivo este paso de una situación a otra y será un desincentivo lo contrario (a veces denominado contraincentivo). Para que esto ocurra es indispensable una atmósfera de libertad cuya contratara es la responsabilidad.

Como todo no puede realizarse al mismo tiempo, cada uno, de modo explícito o implícito establece una jerarquía de valores en cuyo contexto no resultan posibles las comparaciones intersubjetivas y siempre estarán presentes los costos de oportunidad (al proceder en determinada dirección debe renunciarse a otra).

Los arreglos contractuales ajustan distintas situaciones al efecto de alinear intereses, tal como sucede en los ejemplo elementales del empleado y el empleador o de los gerentes y los accionistas (respectivamente agente y principal en cada caso) o cuando aparece la posibilidad de selección adversa o el riesgo moral (por ejemplo cuando compañías de seguros que optan por asegurar en grupos para evitar primas elevadas y así distribuir riesgos).

El entramado de incentivos que permiten la armónica y productiva cooperación social está basado en la institución de la propiedad privada. Dado que los recursos son limitados en relación a las necesidades ilimitadas, la propiedad privada permite que se les de el uso más eficiente a los factores de producción disponibles. El cuadro de resultados establece un sistema de recompensas para quines mejor atienden las necesidades del prójimo y de castigo para quienes se equivocan en el uso de sus recursos en cuanto a las preferencias de los demás. Asimismo, este aprovechamiento de los bienes existentes conduce a la maximización de las tasas de capitalización, lo cual, a su turno, hace que aumenten los salarios e ingresos en términos reales.

En cambio, cuando irrumpe “la tragedia de los comunes” donde no se asignan derechos de propiedad, el panorama de incentivos se modifica sustancialmente. El comportamiento de personas que viven en un mismo edificio es radicalmente distinto cuando cada uno posee un departamento respecto a cuando todo es de todos. El trato cambia, los modales y la convivencia operan de forma diferente. Como queda dicho, el derecho de propiedad hace florecer lo mejor de las personas, mientras que la colectivización muestra la peor cara. En cada intercambio libre y voluntario, es decir, en el contexto de la sociedad contractual, las partes se agradecen mutuamente, sea en una transacción comercial o en una simple conversación, por el contrario, cuando todos pelean por lo que existe sin que nadie tenga títulos de propiedad se traduce en la lucha de todos contra todos.

El derecho a la propiedad privada deriva del derecho a la vida: la posibilidad de usar y disponer el fruto del propio trabajo y muchos de los goces no crematísticos están también vinculados con esa institución, como la libertad de expresión atada a la propiedad de imprentas, periódicos, ondas electromagnéticas y equivalentes, la preservación de la intimidad presupone la inviolabilidad del domicilio, el matrimonio supone el respeto a los consiguientes arreglos contractuales, el teatro y el cine libres e independientes dependen de edificios y otras propiedades, y así sucesivamente.

Como ya he apuntado en otras ocasiones, el contrato implica la propiedad y la vida es una serie prácticamente sin interrupción de contratos. Nos levantamos a la mañana y tomamos el desayuno (estamos en contacto con transferencias de derechos de propiedad a través de la compra-venta, sea del refrigerador, el microondas, el pan, la leche, la mermelada, los cereales, el jugo de naranja o lo que fuere). Tomamos un taxi, un tren, un bus y llevamos los hijos al colegio (contratos de adquisición, de enseñanza, de transporte). Estamos en el trabajo (contrato laboral), encargamos a nuestra secretaria ciertas tareas (mandatos) y a un empleado un trámite bancario (contrato de depósito), para solicitar un crédito (contrato de mutuo) o para operar ante cierta repartición (gestión de negocios). Alquilamos un inmueble para las vacaciones (contrato de locación), ofrecemos garantías (contrato de fianza). Nos embarcamos en una obra filantrópica (contrato de donación). Resolvemos los modos de financiar las expensas de nuestra oficina o domicilio (contrato societario), etc. Este haz de contratos solo tiene sentido si no se dispone de los derechos que se intercambian. En esta trama de intercambios consiste la célebre figura de “la mano invisible”, no es que las cosas suceden arbitrariamente y por casualidad sino que procede cada cual con el acuerdo de su prójimo y no lo imponen los burócratas a su medida.

El objetivo en este clima de tolerancia recíproca estriba en contar con marcos institucionales que logren estos propósitos nobles para que cada uno pueda proseguir con su vida sin lesionar derechos de terceros. Entonces,  en este cuadro de situación, deben estudiarse cuidadosamente los incentivos inherentes al monopolio de la fuerza que denominamos gobierno al efecto de evitar tensiones y contradicciones de incentivos y compararlos con las posibles alineaciones que puedan surgir en los debates que se llevan a cabo respecto a las externalidades, los bienes públicos y el dilema del prisionero y proceder en un contexto evolutivo sin pretender la perfección que nunca estará al alcance de los mortales y sin pretender nunca introducir tajos abruptos en la historia sino a través de la comprensión de números suficientes de personas que estén persuadidas de los caminos a tomar con la plena conciencia de que nunca se llegará a una meta final y que las corroboraciones son provisorias sujetas a refutaciones.

Por último, debe destacarse que los incentivos a defenderse de situaciones difíciles y amenazantes abren las puertas a procesos que aun sin deliberadamente dirigirse a la filosofía de la sociedad abierta, de hecho la apuntalan vía órdenes espontáneos más complejos y ricos que los que cada uno podría concebir. Ejemplos de ello son los crecientes sistemas educativos digitales paralelos a las universidades establecidas (muy especialmente la excelencia del ahora muy difundido MOOC), el home-schooling, las escuelas virtuales y el correspondiente coaching  que elimina en estos rubros las autoridades gubernamentales de control, los barrios cerrados que disminuyen el peso de las calles y las iluminaciones estatales, la seguridad privada que minimiza el requerimiento de la policía oficial, los arbitrajes que en gran medida dejan de lado la justicia gubernamental y las mutuales de medicina que barren con los esquemas impuestos por los aparatos estatales, que pueden extenderse a públicos mucho más amplios en la medida en que los sindicatos no operen coactivamente en los monopolios denominados “obras sociales”.

Es importante prestar atención a procesos evolutivos abiertos sin la participación de los obstinados por manipular el fruto del trabajo ajeno, quienes se sienten con “derecho” sobre la vida del prójimo que todavía debe agradecerles sus sandeces, puesto que como escribe Norbert Bilbeny en El idiota moral “la necedad constituye un enemigo más peligroso que la maldad. Ante el mal podemos al menos protestar, dejando al descubierto y provocar en el que lo ha causado alguna sensación de malestar. Ante la necedad, en cambio, ni la protesta surte efecto. El necio deja de creer en los hechos e incluso los critica; se siente satisfecho de sí mismo y si se le irrita pasa al ataque”.

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Clichés antiliberales: Democracia y consenso

No es casualidad que cuando había dos Alemanias, y en una los ciudadanos padecían una dictadura comunista, el país se llamaba República Democrática. A estos hechos se une la constatación reiterada de que la democracia puede llegar a conspirar contra las libertades y los derechos de los ciudadanos, puede dar lugar a innumerables controles, multas, regulaciones, vigilancias y prohibiciones. Y de hecho ha desembocado en los mayores niveles de presión fiscal que ha conocido nunca la humanidad. Sin embargo, en vez de reflexionar sobre ello, en vez de poner en valor la democracia de modo que signifique ampliar la libertad de elegir de los ciudadanos, en vez de poner coto a los abusos del poder, se instala el cliché de que todo lo que se haga democráticamente y con consenso está siempre bien.

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La democracia desdibujada 

Lo primero que se necesita es situar a la democracia en lo que debería ser: una forma de gobierno, no un objetivo. Un medio, no un fin. Es evidente que el fin tiene que ser superior, tiene que ser la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. A veces este fin queda desdibujado cuando se supone que la democracia es el único sistema para recambiar los gobernantes de modo pacífico, cuando Venecia los cambió durante mil años en paz, y en el último siglo hemos visto democracias nada pacíficas.

Tampoco es verdad que los defensores de la democracia lo sean siempre sin tapujos. Nadie aceptaría, por ejemplo, que se votara democráticamente la despenalización de la violación. Asimismo, se admite que algunas decisiones democráticas no se tomen por mayoría simple sino cualificada.

La falacia de la democracia sometida al “poder económico” 

Hemos visto ya que es una falacia que la democracia sea impotente frente al supuesto poder económico: al contrario, la democracia ha servido al poder político para crecer como nunca. El problema estriba en que ha crecido sobre la base de conceder a los ciudadanos libertad de elegir para votar, pero a continuación ha recortado su libertad de elegir en numerosos ámbitos, desde su vida privada hasta cómo disponer de sus propiedades. Lo hace con toda suerte de excusas, desde que protege (quebrantándolos) los derechos de los ciudadanos, hasta que los defiende de supuestos “poderes económicos antidemocráticos”, frente a los cuales, como vimos, el ciudadano puede elegir no entregarles su dinero.

A esta confusión democrática se une la idolatría del “consenso”, noción que jamás significa los acuerdos a los que voluntariamente llegan las personas en la sociedad civil. Eso nunca. El jaleado consenso sólo corresponde a los políticos y los oligárquicos grupos de presión que a su socaire medran.

Y así como se da la bienvenida a unos “electores” que eligen cada vez menos, se aplaude un “diálogo social” donde la sociedad no dialoga.

*PUBLICADO EN EL BLOG DE CARLOS RODRIGUEZ BRAUN, 31 DE AGOSTO DE 2013

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La versión amigable del modelo

INFOBAE.COM.- Las prioridades están claras. Para salir de la coyuntura el primer escalón implica dejar atrás el presente con todo lo que ello simboliza y representa.

Pero en la ansiedad de superar esta etapa, siempre se corre un riesgo, que es el de confundir la herramienta circunstancial con la que se logra salir con el instrumento político necesario para que el inevitable hecho político no se termine convirtiendo en un viraje muy sutil, o solo un breve intervalo que luego conduzca pausadamente hacia una versión amigable del modelo.

Por eso es preciso entender que no ha sido el estilo de permanente confrontación o la soberbia crónica, ni siquiera la corrupción burda o la impunidad arrogante del poder lo que ha generado esta situación.

La fotografía de la actualidad es la ineludible consecuencia de políticas inadecuadas y visiones equivocadas, de diagnósticos desacertados y soluciones que no se ocuparon del fondo de cada cuestión, sino que operaron en la superficie, atacando los síntomas para intentar postergar sus efectos, sin resolver las raíces profundas de cada problema.

La euforia propia de un resultado electoral que siempre es transitorio y hasta  anecdótico, el exitismo desmedido, la alegría fugaz que surge de la promesa del final de un ciclo, no deben impedir dimensionar la significación del momento, la gravedad de la situación y mucho menos inducir hacia una actitud cómplice, distractora, de ocultamiento de las verdaderas causas. El camino hacia la solución vendrá en etapas y ésta es una de ellas, tal vez sólo la primera fase de una secuencia que tendrá varias escalas.

Es importante entender que en la grilla de los adversarios del oficialismo contemporáneo aparecen los opositores de siempre, muchos que en momentos clave han sido funcionales al poder, porque se han plegado mansamente a sus políticas, aplaudiéndolas con fervor o avalándolas sólo porque hacer lo contrario era políticamente incorrecto. También aparecen en la nómina de rivales del gobierno algunos ex miembros de sus filas, oportunistas seriales y desplazados del poder, gente de baja estatura moral y escasos escrúpulos cuando de acceder al poder se trata.

De ese grupo de políticos, de gente que piensa lo mismo o demasiado parecido, de personajes que aprovechan los errores ajenos pero que tienen una evidente afinidad política e ideológica con los depredadores de turno, no se puede esperar nada diferente.

No se transita esta realidad por las miserias humanas de algunos funcionarios, por importantes que sean, ni por sus controvertidos estilos personales o sus modos repudiables. No es una cuestión de formas, sino de fondo. Se vive este presente por un conjunto de miradas políticas que no interpretan al ser humano, que han elegido el clientelismo por sobre la cultura del esfuerzo y que han alentado a un empresariado prebendario a concentrar sus esfuerzos en el tráfico de influencias en vez de generar nuevas ideas, mejores productos o servicios, de mayor calidad, y producirlos de modo eficiente y a precios competitivos.

Muchos de los que hoy se adjudican los eventuales triunfos electorales y hasta caen en la trampa de repartirse el poder en forma anticipada no sólo han sido funcionales o colaboradores del poder, sino que además piensan de igual modo, en la inmensa mayoría de los temas de la agenda. Algunos creen que esos políticos sólo prefieren guardar silencio por ahora, dada la proximidad de los comicios. Si no tienen el coraje político para decirlo ahora, pues tampoco son los protagonistas que se necesitan para que el país implemente políticas sensatas, racionales y adecuadas.

La sociedad tiene hoy una responsabilidad indelegable, la de administrar su adhesión con inteligencia hacia políticos que puedan mostrar convicciones y determinación para ofrecer soluciones “diferentes” y no similares.

Se precisan cambios importantes, significativos y no sólo pequeñas adaptaciones a las políticas vigentes. Por eso es imperioso que la sociedad tutele la transformación, oriente a sus dirigentes, demandándole soluciones concretas y no parches o una lista recitada de buenas intenciones. No se necesitan grandilocuentes discursos ni carismáticos candidatos, sino una construcción política con ideas diametralmente opuestas a las actuales.

Los países que superaron la pobreza y vencieron a la corrupción estructural, mejorando sus estándares de vida y ofreciendo condiciones dignas para el desarrollo armónico de sus ciudadanos, de la mano de un clima favorable para el flujo de capitales garantizando un crecimiento sustentable, no aplicaron estas políticas, sino otras que están en las antípodas.

Las naciones que hoy son referentes, las que han encontrado un rumbo siempre perfectible, pero que son el paradigma indiscutible del progreso, son sociedades abiertas, que se integran al mundo, que respetan de modo irrestricto la propiedad privada y los derechos individuales, que brindan seguridad jurídica y un marco de estabilidad institucional. Nada de eso se está haciendo con seriedad por estas latitudes y no existen muestras fehacientes de que algún líder oficialista u opositor, de cierto peso político, lo esté proponiendo con contundencia y sin medias tintas.

Si no se comprende esta ecuación, tan simple como verificable, pues solo se volverá a recorrer una transición efímera que culminará en más de lo mismo o en todo caso en una versión amigable del modelo.

*PUBLICADO EN INFOBAE, DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
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Otro tema es la deuda pública

ÁMBITO FINANCIERO.- Se acaba de anunciar la tercera reapertura del canje en línea con lo expresado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York que confirmó el fallo adverso para el Gobierno argentino. Eso está bien, pero lo que resulta insólito es la pretensión de modificar el domicilio de pago y aparentemente la jurisdicción legal del arreglo en vigencia puesto que elimina las garantías de la estadounidense que es el eje central de lo que está en curso debido a la manifiesta inseguridad jurídica en nuestro país.

Además, del mismo modo que nos tratan de convencer que en realidad estamos mejor que Canadá, Australia, Estados Unidos y Europa, ahora se habla de "desendeudamiento" sin tener en cuenta la deuda pública interna.

A diferencia de lo que opinan algunos de mis colegas, que reiteran "la conveniencia de que el aparato estatal se financie en el mercado de capitales" precisamente en un contexto de la crisis de las deudas gubernamentales, adhiero a la idea de la reducción sustancial de la deuda pública por todo concepto (y no circunscribirse a la externa al efecto de evitar auditorías de estadísticas falseadas), puesto que en última instancia resulta incompatible con la democracia ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han elegido a los gobiernos que contrajeron la deuda.

En este sentido, los aparatos estatales deberían financiarse con recursos presentes, es decir, con impuestos y en el límite cuando éstos resultan exorbitantes y cuando se agrega la inexistencia de contraprestaciones elementales, deberían estimularse las rebeliones fiscales pacíficas tan atadas a la idea de la sociedad abierta, comenzando por la reacción frente a los impuestos al té en el origen de los Estados Unidos, la historia más exitosa de la humanidad.

Por cierto que a esta propuesta debe adicionarse la eliminación del impuesto inflacionario, a saber, la imposibilidad de exacción monetaria si es que comprendemos las ventajas de circunscribirse a las entradas tributarias y la grave alteración de los precios relativos que genera este proceso. Y no es valedero el correlato con el sector privado en cuanto a las ventajas circunstanciales del endeudamiento privado, del mismo modo que carece de sentido calcular la rentabilidad de la seguridad o la Justicia. La relación costo-beneficio del endeudamiento estatal debe contemplar el antedicho argumento sobre la democracia que más que compensa eventuales ventajas financieras, asunto vinculado a la incomprensión de que constituye una contradicción en términos la llamada "inversión pública" del mismo modo que lo es el "ahorro forzoso". Se trata siempre de un gasto que en la medida en que la gente pueda usar y disponer de la propiedad, en esa medida evaluará las inversiones genuinas.

*PUBLICADO EN ÁMBITO FINANCIERO, VIERNES 30 DE JULIO DE 2013

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