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YPF: ausencia de voces y tragedia de los comunes

[E]s notable, pero prácticamente no se han levantado voces que se opongan a la estatización de la petrolera de marras por las razones de fondo. Salvo rara excepción, todas las críticas se limitan a las malas formas sin duda objetables, pero se generó una avalancha para dejar testimonio de la necesidad que el Estado debe ser controlante de esa empresa.

En este sentido, repito lo que he señalado antes. Se ha pasado por alto que una “empresa estatal” constituye una contradicción en términos puesto que no resulta posible simular y hacerse pasar por empresario, el cual arriesga recursos propios en la administración de los factores productivos, y si tiene éxito en satisfacer los deseos de los consumidores obtiene ganancias y en la medida en que se equivoca incurre en quebrantos, a diferencia de lo que sucede cuando se politiza el proceso, situación en la que la asignación de activos y conveniencia de pasivos opera a espaldas del mercado.

Más aun, la sola constitución de la llamada empresa estatal o la estatización de una privada inexorablemente significa derroche de capital puesto que, como todo no puede hacerse al mismo tiempo,  se alteraran las prioridades de la gente (si se hace lo mismo que se hubiera decidido en el plebiscito diario del mercado, no tiene sentido intervenir y pueden ahorrarse los gastos administrativos correspondientes).

Incluso si por ventura la “empresa estatal” (en base a contabilidades confiables) arrojara ganancias, habría que preguntarse el por qué de ese resultado y si no estarán las tarifas demasiado altas. Por otra parte, la competencia tampoco es un simulacro: se está en el mercado con todo que ello implica o se está en la órbita política con todos los privilegios consiguientes (si se dijera que se abrogan todas las prebendas para “competir” no hay razón para mantener la empresa en el sector estatal).

Se suele argumentar la conveniencia de estatizar porque las privadas “no reinvierten lo suficiente” y las extrajeras giran sus utilidades al exterior. Toda actividad empresaria que se mantiene a flote en el mercado sin privilegios ofrece bienes y servicios que mejoran la situación de los consumidores. Lo que hacen con el resultado de esa mejora dependerá de las condiciones económicas del país en cuestión y, sobre todo, de su marco jurídico. De todos modos, como queda dicho, los beneficios para el consumidor ocurren, la contrapartida debe ser analizada por cuerda separada, ya se sabe que sería más atractivo que todos los capitales del orbe inviertan en cierto país, pero es harina de otro costal.

Todas estas consideraciones son aplicables a las empresas mixtas en la parte que corresponde al aporte estatal (léase compulsivamente de los contribuyentes) y si se recluta el capital privado en base a exenciones y otras canonjías debe extenderse el análisis también a esa parte.

No es que los burócratas sean malas personas y los que se desempeñan en el sector privado sean por su naturaleza buenas, ni que en un caso sean profesionales de menor calado que en el otro, se trata de incentivos. La forma en que se prenden las luces y se toma café es distinta en un caso que en otro. Lo que es de todos no es de nadie y aparece indefectiblemente la “tragedia de los comunes”.

Por supuesto que hay empresas que la juegan de privadas pero llevan a cabo sus negocios en los despachos oficiales y las hay que están sometidas al manotazo en sus flujos de fondos por parte de los aparatos estatales. Ninguna de las dos cosas representa el benéfico proceso de mercado: en un caso con ladrones de guante blanco y en el otro son víctimas del atropello del Leviatán.

Por último, para aludir a las reservas petroleras, no es posible extrapolar al futuro el precio y la tecnología presentes ya que la provisión de energía y su consumo se modifican al modificarse el precio respectivo, y cuanto más estratégico un producto mayor razón para que funcione bien.

*Publicado en Ámbito Financiero, Buenos Aires.

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La libertad de prensa en riesgo

 
POR ENRIQUE KRAUZE

[S]e reproducen aquí las palabras que el periodista y escritor mexicano pronunció en la reunión de la Sociedad Americana de Prensa, celebrada en Cádiz, del 20 al 23 de este mes

La libertad de expresión arraigó tardíamente en el orbe hispano. Nuestra tradición era otra, no una plaza pública, sino una fortaleza cerrada a la disidencia y a la crítica. A fines del siglo XVIII, la libertad de expresión comenzó a tocar las puertas de esa fortaleza. Y las tocó hasta derribarlas, hace doscientos años, cuando el ansia histórica de libertad acuñó en España el sustantivo "liberal" y fraguó, justo aquí, en Cádiz, la Constitución que llevó ese nombre y ese espíritu. Espíritu y nombre que pasaron a la América hispana para animar el nacimiento de los primeros diarios independientes, para constituir las primeras repúblicas y fincar una nueva tradición política que ha atravesado dos siglos y que sigue siendo el fundamento mejor de nuestra amenazada civilización.

Las dictaduras militares del siglo XIX en Hispanoamérica abominaron de la libertad de expresión, y no les faltaban razones. Ante ellas se alzó siempre la prensa liberal, con sus feroces caricaturas, sus sonetos satíricos, sus incendiarios artículos y sus grandes prosistas. Periodistas y escritores públicos fueron todos: Alberdi, Montalvo, Sarmiento, Mora, González Prada, Martí. Muchos sufrieron cárcel y ostracismo, otros la muerte misma. Pero persistieron en su vocación de libertad.

Con el arribo del siglo XX, la libertad de expresión se consolidó en los países de más honda vocación democrática, como Chile, Costa Rica, Uruguay la propia Colombia, entre otros. Ahora mismo, en varios países nuestros circulan periódicos que han cumplido hasta un siglo y medio de existencia ininterrumpida. Esos diarios históricos son monumentos vivos a la libertad en tiempos de confusión, manipulación y mentira.

Y es que el siglo XX trajo también la novedad de la radio y la rebelión de las masas, y del contacto entre ambas surgió un nuevo género de dominación que no partía sólo de la fuerza de las armas sino del carisma trasmitido masivamente mediante un micrófono, para propagar la verdad oficial, la verdad que cancelaba todas las otras verdades. Quizás el primer trasplante latinoamericano de ese nuevo género de dominación fue el de Juan y Eva Perón, líderes populistas que se sentían llamados por la Providencia para redimir al pueblo. Una sola fuerza se les oponía, la que representaba no la verdad única, sino la verdad objetiva. Y esa fuerza era la libertad de prensa. Por eso la combatieron.

Aquel experimento argentino fue un juego de niños comparado con el inverosímil Fidel Castro. Antes del triunfo de la revolución, los grandes periódicos de Cuba cubrían un espectro amplio, desde la visión católica hasta la liberal y socialista. Más tarde, dejada al arbitrio del infalible comandante, la opinión pública en Cuba languideció hasta casi morir, porque al privar a los ciudadanos de la libertad de prensa se les privaba también de los medios elementales para comparar realidades y formar juicios propios. El líder se convertía él mismo en la agencia de noticias, la nota editorial, el intérprete del mundo, el periódico del día. El daño provocado a varias generaciones ha sido devastador y profundo, pero no irreversible. Repararlo será tarea urgente para nosotros, los escritores y periodistas libres de América latina.

Tampoco las dictaduras militares que han plagado al continente fueron, en absoluto, tolerantes con la prensa libre. Todo lo contrario. En Chile y la Argentina, los generales genocidas reprimieron ferozmente a los disidentes, cerraron diarios, torturaron y mataron periodistas. Ahora Chile goza de una libertad de expresión irrestricta y una prensa moderna, pero la Argentina parece haber vuelto a los tiempos en los que las opiniones distintas o adversas a la Casa Rosada debían acallarse o suprimirse. Se trata de una involución absurda -la censura en tiempos del Twitter-, pero también trágica, porque el populismo parece haber inoculado en muchos argentinos la servidumbre más triste, la servidumbre voluntaria.

La situación argentina lleva a un fenómeno más amplio, presente en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y sobre todo en Venezuela. Estos regímenes no son dictaduras abiertas ni totalitarias. Son regímenes populistas. Pero no nos engañemos: el populismo es una antesala de la dictadura, una adulteración de la democracia cuyo designio final es ahogar por asfixia a la democracia. El populista busca establecer un vínculo directo con el pueblo, por encima, al margen o en contra de las instituciones, las libertades y las leyes, y su vehículo específico es el micrófono en la plaza pública, la radio y la televisión.

Todo el edificio del populista se caería si se cae su remedo de verdad, por eso su enemigo número uno es la prensa libre. El caso de Chávez es paradigmático. No cerró diarios históricos pero sí expropió a la empresa independiente RCTV, ha perseguido a Globovisión y ha gastado recursos inimaginables en la hipnótica promoción de su imagen bolivariana y mesiánica. Con todo, en ese ambiente de hostilidad, la libertad de expresión sobrevive en diarios como El Nacional, en revistas como Tal Cual . Pronto quizá, como en el caso de Cuba, los venezolanos despertarán a la realidad objetiva que no es la fantasiosa realidad que les ha trasmitido su taumaturgo. Ojalá la familia venezolana enfrente esa verdad con entereza y tolerancia. Y ojalá se reconcilie consigo misma.

En Ecuador, el presidente Correa ha demandado por difamación al periódico El Universo y ha aparecido en fotos destrozando un ejemplar con sus poderosas manos. Se trata de un desplante populista y un acto simbólico: en la dictadura que sueña, Correa destrozaría moral y aún físicamente a sus opositores. Frente al conflicto específico de un diario que critica con severidad y hasta con saña a un gobernante, la Suprema Corte de Justicia en México ha venido legislando de manera ejemplar. El argumento principal para sostener el derecho a la libertad de expresión es la relevancia pública del protagonista, en este caso del gobernante. A más relevancia, mayor la necesidad pública de conocimiento, información y crítica, así sea ésta severa o injusta. "Estas son -ha dicho la Corte- las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia."

En México ha aparecido un poder que actúa en la impunidad y la sombra, que no tiene ideas ni ideales, sólo intereses e instintos criminales, y que por su naturaleza no tolera estar sujeto a ningún escrutinio. Es el poder del narcotráfico y el crimen organizado. El problema es de México, pero no sólo de México. Es de América latina, de Estados Unidos y del mundo. Nos enfrenta de nueva cuenta al Mal absoluto de que hablaba Hannah Arendt. En algunas regiones de mi país, el periodismo se ha vuelto una actividad no sólo riesgosa sino imposible. En los viejos tiempos del PRI, por conveniencia o miedo, un sector de la prensa se autocensuraba, pero ahora, en un México democrático, hay periodistas que deben optar por el silencio o la muerte. Y sin embargo, muchos de ellos siguen cubriendo la realidad, como reporteros enviados al infierno.

A doscientos años de la Constitución de Cádiz, nuestros diarios tienen, pues, varias tareas pendientes: restituir el ejercicio de la libertad ahí donde ha sido conculcado, defenderlo donde está amenazado, pero también enriquecerlo con un sentido ético, para que nunca supedite la honesta búsqueda de la verdad a los intereses materiales. El "Cuarto poder" también debe estar abierto al escrutinio público y a la crítica.

España y América han recorrido un largo camino en defensa de la libertad. Y la prensa -que nos convoca ahora- ha sido una protagonista central en esa hazaña. Por eso comprenderán ustedes la emoción que siento -como escritor liberal, como editor liberal- en estar aquí, en este marco histórico, en este aniversario. Creo que la buena prensa es una misión. Creo en el periódico nuestro de cada día, esa flor de tinta y papel que muere y renace la mañana siguiente, ese emblema de conocimiento y crítica. Creo también en la noble tradición de las revistas de ideas como la Revista de Occidente , que nos enseñó a pensar con vuelo y con rigor. Y por eso recibo con sincero agradecimiento este Premio Chapultepec 2012 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa. Me compromete a honrarlo, sirviendo al único dogma que admite la crítica de sí mismo: el dogma de la libertad. Muchas gracias.

*Publicado en La Nación, Buenos Aires.
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Mao Yushi, el economista chino

[N]o es infrecuente que en lugares donde se imponen tiranías de diverso corte algunos gobernados se quejen e incluso los hay quienes de vez en cuando se animan a protestar públicamente en grupos, pero hay pocos que tienen el coraje de hablar fuerte y claro de modo sistemático y en medio de la soledad. Este último es el caso sobresaliente de Mao Yushi, hoy de ochenta y tres años de edad y que viene dejando testimonio permanente de su disconformidad, primero bajo las garras de Mao Tse-Tung hasta 1976 y hoy bajo las actuales autoridades. En el primer caso, denunciaba torturas, matanzas y hambrunas por lo que fue enviado a campos de concentración y, en el segundo, recibe amenazas y censuras por vocear la hipocresía de una casta gobernante que genera reformas de liberalización parcial en islotes que prosperan, al efecto de enriquecer a los miembros del aparato estatal pero que mantiene un férreo control político y una asfixia a las libertades individuales.

Recordemos que respecto al futuro de China continental hay dos versiones contrapuestas. En primer lugar, la del politólogo francés Guy Sorman en China, el imperio de las mentiras, obra en la que el autor, después de vivir un año en ese país, pronostica un fracaso del sistema debido, precisamente, a los referidos atropellos a las libertades y a mantener en climas subcivilizados a la gran mayoría del pueblo chino. Por otro lado, está la versión del diplomático español Eugenio Bregolat que en su libro La segundo revolución china, después de haber sido tres veces embajador en ese país, conjetura que aquellos islotes de liberalización producirán como una consecuencia no querida un efecto en cadena que empujará a más libertades hasta la eventual extinción de las estructuras de poder hoy en vigencia. Nunca se conocen los desenlaces del futuro debido a los muchos imponderables; Francisco Valsechi, el entonces decano de mi facultad de economía, solía citar una carta de 1938 escrita por Keynes a Kinglesy Marti, pensamiento que el economista inglés tomó prestado de Sir John Pentland Mahaffy sin hacer referencia a la fuente (textual, incluyendo la cursiva) y que reza así: “lo inevitable nunca ocurre, es lo imprevisto siempre”.

Yushi fue profesor visitante en la Universidad de Harvard y otras casas de estudio en diferentes lugares, ha escrito numerosos libros y ensayos, fundador de la primera entidad privada china de ayuda a los más necesitados desde que se inauguró la era comunista y, con todas las dificultades del caso, de instituciones de estudio y difusión de las bases del mercado libre. En 1999 obtuvo el “Fisher Award” por su libro The Future of Chinese Ethics y, este año 2012, fue galardonado por la muy afamada y reconocida Cato Institute con “The Milton Friedman Prize for Advancing Liberty”.

Este incansable economista chino, primero egresado como ingeniero de la Universidad de Jiautong, amigo del célebre premio Nobel de la Pazen 2010 Liu Xiabo y nominado por China Newsweek como uno de los intelectuales más influyentes de la década, reitera que las actuales autoridades mienten sobre muchas cosas pero, especialmente, sobre lo ocurrido durante la época del tristemente célebre tirano comunista y, después, respecto a las horrendas matanzas ocurridas enla Plaza Tiananmen en 1989 y las implacables persecuciones ocurridas a raíz de esa heroica rebelión.

No solo hay problemas con los políticos en China, con mayor o menor gravedad el asunto está generalizado por lo que deben reverse y afirmarse los diques de contención para que el poder no haga estragos. Ilustra este problema la encuesta de Latinobarómetro de lo que ocurre en América latina: revela que de todas las instituciones existentes la más confiable según las respectivas muestras son los bomberos y la menos confiable es la política.

Cierro esta breve noticia periodística con abundantes citas de lo escrito por Yushi en su artículo titulado “La caída del Sol Rojo” que reflejan bien su opinión sobre el origen del sistema totalitario chino: “Algunas personas aun tratan a Mao Tse-Tung como un dios y con ello no se da lugar a que se lo juzgue ya que no se puede comentar sobre una divinidad […] Afortunadamente, la difusión de nuevo material muestra otra perspectiva […] Es responsable de las hambrunas que liquidaron a trecientos millones de seres humanos […] El llamado Gran Salto hacia Adelante y la Revolución Cultural están completamente divorciados de la realidad […] Mao quería destrozar toda oposición política y expandir infinitamente su poder […] Incluso extendió la lucha de clases en sus propias filas para que dentro del partido todos se sintieran inseguros, estableciendo así relaciones extremadamente anormales […] Mao no solo provocó el máximo de dolor en su país sino que se embarcó en extender su revolución a Malasia, India, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y otras partes el mundo […] Pol Pot fue un buen discípulo de Mao en Camboya […] Mao murió sin el menor atisbo de arrepentimiento”.

*Publicado en Diario de América, New York.

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Memoria completa y reconciliación

 
Martes, 10 de abril de 2012

[L]a historia sobre los hechos ocurridos en la Argentina durante las décadas del 60 y del 70 se está escribiendo bajo una fuerte influencia de intenciones políticas. Los sentimientos, y más particularmente los resentimientos, constituyen hoy la lente predominante con que se analizan esos hechos. El dolor que la pérdida de un ser querido deja de por vida impide la objetividad y serenidad para evaluar el pasado. Esto es comprensible en quienes han sido afectados por aquella violencia, sean de uno o de otro bando. Pero la falta de objetividad y la parcialidad no son comprensibles en instituciones públicas o privadas responsables de educar a quienes, por su juventud, no fueron testigos de aquello. Tampoco es entendible que se haga un reconocimiento oficial y se indemnice a terroristas que murieron atacando cuarteles y comisarías, o colocando bombas, y que se ignore a los soldados, oficiales y policías que murieron defendiéndolas, cumpliendo con su deber.

Desde hace nueve años, la maquinaria oficial ha volcado su capacidad mediática en exacerbar sentimientos y exponer una visión de la historia propia de los sectores más cercanos a las ideas revolucionarias que motorizaron al ERP, los Montoneros y otros grupos armados. Esta sesgada visión ha alcanzado hoy a diversos sectores de la intelectualidad, del periodismo y de la política, y se impone en las aulas de escuelas y universidades. Con el lema "Memoria, juicio y castigo a los culpables", se ha desarrollado una enorme presión sobre la Justicia, volcándola hacia el juzgamiento de solo una de las partes. Los avances hacia la reconciliación que se habían dado con las leyes de obediencia debida, de punto final y los indultos fueron desandados con la anulación, claramente inconstitucional, de esas leyes. Los numerosos juzgamientos y condenas a militares, policías, gendarmes y civiles han dejado de lado el principio de legalidad, así como el de la irretroactividad de la ley penal. El argumento de que en la represión de los grupos armados no rigieron estas garantías no puede usarse como justificativo para violarlas por parte de un gobierno constitucional.

El agravante de los delitos en la represión del terrorismo por haber sido realizados desde el Estado tampoco exculpa ni quita gravedad a los crímenes cometidos por los grupos armados. Por otro lado, la derrota de esos grupos hizo posible evitar sus designios de hacer de la Argentina otra Cuba.

El primer grupo guerrillero, los Uturuncos, apareció en 1959. En 1964 inició su accionar subversivo el Ejército Guerrillero del Pueblo que, en 1968, tomó la denominación de Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Luego emergieron las FAL, FAR y los Montoneros. La violencia de estos grupos actuó sobre gobiernos de facto y constitucionales y alcanzó su clímax en 1974 y 1975, durante las gestiones de Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón. La falsa afirmación que hoy da marco a la historia oficial, de que se trataba de jóvenes idealistas que lucharon contra dictaduras, no resiste ningún cotejo con la realidad conocida.

En 1973 triunfó una fórmula de coalición presidida por Héctor Cámpora pero con fuerte participación de los Montoneros y elementos de ultraizquierda. El día de la asunción de Cámpora le arrancaron un decreto de indulto que liberó a más de 2000 guerrilleros condenados por la Cámara Federal Penal. Al día siguiente, el nuevo Congreso sancionó la amnistía y disolvió ese tribunal. De inmediato, los liberados reanudaron sus crímenes y ataques, incluyendo a los jueces que los habían condenado. Perón no tardó en reemplazar a Cámpora y actuar contra la subversión. Sólo dos días después de haber asumido, los Montoneros asesinaron a José Ignacio Rucci, su más cercano y leal dirigente sindical. Esto lo llevó a decir que "cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento". Fue Perón quien ideó la Triple A como método irregular e ilegal para actuar contra una guerrilla, y con la triple A apareció la técnica de desaparición de personas.

A la muerte de Perón lo sucedió su esposa. Los grupos armados tomaban cuarteles, colocaban bombas, secuestraban, asesinaban, e iniciaban acciones militares en el monte tucumano. En septiembre de 1975 ocurría en el país una muerte por razones políticas cada 19 horas, en tanto que hacia el 19 de marzo de 1976 se producía un muerto cada cinco horas y estallaba una bomba cada tres. Fue entonces cuando el gobierno constitucional, a cargo de Italo Luder, dictó el decreto 2772, que establecía: "Las Fuerzas Armadas procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país". En una reunión de Luder con los comandantes, en la que éstos le expusieron los métodos alternativos para derrotar el terrorismo, el presidente en ejercicio optó por el más efectivo pero más susceptible de derivar en delitos represivos fuera de control. A partir de entonces, y no del 24 de marzo de 1976, se debe considerar el inicio del accionar de las Fuerzas Armadas. Hubo 908 desapariciones durante el gobierno de Isabel Perón, una parte de las cuales se debe adjudicar a la Triple A.

Los métodos de la represión del terrorismo aplicados por fuerzas irregulares (Triple A) a partir de 1974, o regulares a partir de 1975, comprendieron crímenes y delitos que nunca debieron haber ocurrido. Pero también fueron crímenes los cometidos por los grupos subversivos que iniciaron una verdadera guerra civil. No se puede juzgar una parte sin hacerlo con la otra. No es posible interpretar, contra la jurisprudencia internacional, que la calificación de lesa humanidad y la imprescriptibilidad no alcanza a los crímenes de organizaciones armadas que incluso eran sostenidas por Estados extranjeros y algunos de cuyos integrantes ocupaban también empleos públicos. Seguramente no hubiera habido represión ilegal si en mayo de 1973 no se hubiera eliminado la Cámara Federal Penal y ésta hubiera continuado juzgando los crímenes del terrorismo. Fueron los grupos armados quienes luego de amnistiados continuaron accionando con mayor ferocidad.

Deberíamos reflexionar si, estando la sociedad dispuesta a perdonar y a admitir que ex terroristas ocupen hoy cargos de gobierno, no debería promoverse con la misma generosidad una reconciliación y amnistía que comprenda los dos bandos protagonistas de aquel trágico pasado.

*Publicado en La Nación, Buenos Aires.
 
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El límite está en la economía

La expropiación de YPF es solo un paso más de un gobierno que avanza sin límites sobre los derechos de propiedad y el orden republicano. La indiferencia de la gente frente a estos avances hace pensar que el límite está en la economía.

[S]i bien el gobierno no deja macana por hacer en materia de política económica, hay que reconocer que esas macanas apuntan a sostener su poder político. Hoy vemos como, encandilada por televisores, autos y celulares, una mayoría relativa le otorgó un cheque en blanco a Cristina Fernández que, por ahora, lo sabe usar muy bien. No porque esté generando políticas sustentables de largo plazo, sino porque está acumulando un poder que anula el sistema republicano y tiende a una autocracia cada vez más marcada.

Cristina Fernández tiene el monopolio de la fuerza. Muy pocos confían en la justicia y el parlamento está controlado por sus seguidores que votan sin chistar cuanto proyecto de ley le envía el Ejecutivo. En definitiva, Cristina Fernández detenta hoy un poder casi absoluto. Ese poder absoluto determina que aquellos que no comparten la política del gobierno tengan miedo de hablar. No digo en público solamente, sino por teléfono. Por mi profesión de asesor económico son muchas las charlas telefónicas que tengo y la gente tiene pánico a ser escuchada por miedo a tener sus teléfonos intervenidos. Hasta en los mails se observa ese temor. La gente se siente observada y controlada. La impunidad con que se mueve el gobierno puede llegar a límites inconcebibles. ¿Será cierto que en la Secretaría de Comercio, a los empresarios que van a tramitar un permiso de importación, los atiende el Sr. 12, 34, o 17? ¿Será cierto que no dan a conocer sus nombres y se manejan con números?

Lo concreto es que Cristina Fernández interpreta que el 54% de los votos que obtuvo en octubre pasado la autoriza a utilizar esa mayoría circunstancial para imponer leyes que pueden ser sancionadas por el Congreso pero que no tienen legitimidad. Y cuando digo que no tienen legitimidad quiero decir que una ley, por más que sea votada por la totalidad de los miembros de la Cámara de diputados y senadores, no pueden violar el derecho a la libertad y a la propiedad. Nadie decide pertenecer a una sociedad para ser sometido como un esclavo por el monopolio de la fuerza del Estado.

Las personas están dispuestas a sacrificar parte de sus ingresos y mantener un Estado para que éste defienda sus derechos, no para que los viole. El problema se presenta cuando, ya estando dentro de la sociedad, una mayoría relativa le otorga poderes a una persona para que use el monopolio de la fuerza a su antojo, por más que los fundamente en leyes ilegítimas, y someta a la población con el monopolio de la fuerza que le fue delegado para otra cosa. Y en este punto insisto una y otra vez: las leyes votadas por una mayoría no son legítimas cuando violan los derechos de las personas.

La estatización de YPF, más allá de si cumplió con las inversiones comprometidas o no, es solo un paso más en ese contante avance del Estado sobre la propiedad privada y explica la fuga de capitales que tiende a acelerarse. Basta con ver como escaló el dólar contado con liquidez para advertir que la gente entró nuevamente en pánico ante esta arremetida estatizadora. Puesto en otros términos, la estatización de YPF es otro paso más en la aplicación de políticas que buscan sostener el poder político del gobierno aún violando el derecho de propiedad.

Recordemos que los intentos por avanzar sobre los derechos de propiedad incluyen a la fallida 125, la confiscación de los ahorros en las AFJP, la apropiación de reservas del BCRA y luego la reforma de la Carta Orgánica, la prohibición de ejercer toda industria lícita como es la de importar o vender los bienes que uno produce al precio de mercado y mil formas más de intervencionismo y estatismo.

Cristina Fernández sabe que solo puede sostenerse en el poder si mantiene económicamente conformes a unos 10 u 11 millones de electores. Si uno mira la última elección, sobre 28,7 millones de electores, Cristina Fernández obtuvo 11,6 millones de votos que representan el 40% del electorado. Es decir, entre los votos en blanco, los impugnados y los que no van a votar, Cristina Fernández necesita el apoyo de unos 10 millones de personas para alzarse con la victoria. El resto, por una oposición incompetente, por desidia de la gente o lo que sea, queda sometida a los caprichos del kirchnerismo.

Debo reconocer que buena parte de la oposición tampoco se diferencia tanto de las propuestas kirchneristas. Puesto en otros términos, ofrece una especie de kirchnerismo bueno. Basta con ver cómo van a votar por la estatización de YPF y sus discursos en los medios para advertir que tampoco es que ofrecen una propuesta tan diferente. El gran interrogante es si existe demanda para una propuesta totalmente diferente. Me pregunto si prendería en el electorado un discurso que hable de la cultura del trabajo, de lo denigrante que son los llamados planes sociales, de las ventajas de participar del comercio internacional e integrarse al mundo, de los beneficios de la competencia, de la seguridad jurídica para atraer inversiones y generar más puestos de trabajo, en fin ¿prenderá en el electorado un discurso sobre la libertad que debe imperar en un país para que pueda desarrollarse la capacidad de innovación de la gente y de esta forma progresar? Francamente no tengo una respuesta categórica al respecto. Por ahora me inclino a pensar que esos 10 millones de votantes están más cómodos recibiendo una asignación universal por hijo, una subsidio, el empresario PYME feliz de no tener que competir con productos del exterior y grandes empresarios haciendo suculentos negocios con el Estado…hasta que se convierten en enemigos.

Lo cierto es que la base de apoyo de Cristina Fernández, que le permite arremeter contra la propiedad privada y atemorizar a la gente con el aparato de compulsión del Estado, es mantener relativamente tranquilos a esos 10 millones de votos que le otorgan la mayoría dada lo impresentable de la oposición y sus divisiones y vedetismos.

Si se acepta la tesis de los 10 millones de votantes conformes, entonces, lo que cabe esperar es que, ante la creciente escases de recursos para mantener contento a esos 10 millones de electores, en el futuro veamos nuevas confiscaciones y avances sobre los derechos de propiedad. Los que producimos todos los días en base a nuestro esfuerzo sin privilegios ni subsidios, tendremos que redoblar nuestro trabajo para sostener a esos 10 millones de personas. Y creo que la tarea va a ser agotadora porque al esfuerzo diario se le agregará las trabas que impone el Estado con su intervencionismo y creciente apriete fiscal.

El único límite que le veo al poder absoluto que ostenta el kirchnerismo, es la economía. En la medida que no se generan los recursos necesarios para mantener contento a los 10 millones que viven a costa de los que producen, el escenario político y social puede complicarse seriamente para el gobierno. Ellos saben que solo pueden seguir con este atropello institucional solo si redoblan continuamente la apuesta expoliando a los que producen y confiscan flujos e ingresos en nombre de la solidaridad social y la soberanía nacional.

El gran interrogante es el siguiente: ¿cómo reaccionaría el kirchnerismo ante un escenario de descontento social si cada vez hay menos recursos para repartir? ¿Utilizará la fuerza pública para disciplinar a los descontentos acentuando al autoritarismo o buscará alguna salida decorosa denunciando conspiraciones que no los deja gobernar?

Francamente no tengo la respuesta al interrogante del párrafo anterior, pero lo que sí me queda claro es que, por ahora, el único límite que le veo a esta destrucción de la república es la economía. Si la economía no les financia la fiesta de consumo, se acaba el apoyo de los 10 millones para los que gobierna el kirchnerismo.

Seamos sinceros, si bien es necesario insistir en el valor de las instituciones y los beneficios de un gobierno limitado, a la inmensa mayoría de la población poco le interesa ese tema. El bolsillo manda a la hora de votar. Por lo tanto, reconozcamos que el kirchnerismo leyó muy bien el comportamiento de la mayoría de los argentinos y actuó en consecuencia para construir su poder en detrimento de la democracia republicana.

En definitiva, como el límite está en la economía, me parece que antes de perder el apoyo de los 10 millones de votantes veremos nuevos avances sobre los derechos de propiedad y las libertades individuales. Salvo que obre un milagro, se vienen tiempos difíciles.

*Publicado en Economía Para Todos, Buenos Aires.
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