[S]alvo el caso del PRO, del PJ disidente y de un sector del radicalismo liderado por Aguad, casi todo el arco opositor apoyó la confiscación del paquete accionario de Repsol en nombre de la soberanía nacional. En otras palabras, esa oposición ha sido cómplice del gobierno, no solo en llevar adelante políticas que reflejan un falso nacionalismo, sino en convalidar la violación de la propiedad privada. El artículo 17 de la Constitución Nacional es muy claro al respecto: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. Nada de esto ocurrió. El Poder Ejecutivo tomó por asalto la empresa utilizando la fuerza pública, algo que también prohíbe el artículo 17 de la Constitución y antes de quedarse con la empresa, no hubo ni ley ni indemnización. Es decir, el grueso de la oposición, que venía haciendo propuestas kirchneristas, pero con otros modos, ahora parece estar de acuerdo también con los modos. El atropello a la propiedad privada en nombre de la soberanía parece justifica violar los derechos.

Por más que se autodenominen progresista que trabajan en favor de los más humildes, su apoyo a la confiscación no hace otra cosa que generar más inseguridad jurídica, espantar las inversiones, crear menos puestos de trabajo y, como consecuencia de todo ello, denigrar el salario real de la población y precarizar el trabajo. Ni los argentinos ni los extranjeros van a invertir en un país en el que impera el desprecio por los derechos de propiedad y la arbitrariedad en las reglas de juego.

No es casualidad que, a pesar de que Cristina Fernández venga cayendo en picada en su imagen, los opositores no logren captar ese creciente descontento que tiene la gente con la situación económica. Hoy la inflación, el miedo a perder el trabajo y la incertidumbre preocupan a la población, pero ningún opositor logra captar el apoyo de esa creciente parte de la oposición por la simple razón que no formulan nada diferente a lo que propone el kirchnerismo. En todo caso, podrán diferenciarse en las formas. Ser más educados, menos soberbios, más dialoguistas, pero lo cierto es que buena parte de los destrozos económicos que viene cometiendo el kirchnerismo son acompañados por la mayor parte de la oposición, particularmente la que se ubica en el centro izquierda. Me refiero al FAP, el radicalismo que lidera Alfonsín hijo y otros partidos menores.

Cuando se confiscaron los ahorros que teníamos en las AFJP, buena parte de esa oposición acompañó la iniciativa del gobierno por considerar que el sistema de capitalización era perverso, en tanto que el manejo de esos ahorros en manos de los políticos garantizaban la solidaridad social. Los que trabajamos somos unos incapaces que no sabemos prevenir nuestro futuro y para eso están los políticos, que con la transparencia, bondad y honestidad que los caracterizan, se tiene que encargar de nuestro futuro manejando nuestra plata. Este es, en castellano básico, el concepto que subyace detrás de la idea del sistema de reparto versus el de capitalización, es decir la confiscación de nuestros ahorros.

Obviamente que desde el punto de vista actuarial, el sistema de reparto es inviable, pero eso no importa. Lo importante es hacer populismo y dar por sentado que los políticos son más honestos que los empresarios y, sobre todo, más inteligentes que la gente a la hora de prever el futuro de retiro.

Pero buena parte de esa oposición que se escandaliza con las cosas que hace el kirchnerismo, también se esforzó por hacer saber que ellos eran los que habían propuesto inicialmente la Asignación Universal por Hijo y la muestran como una conquista social. La realidad es que si el Estado tuvo que establecer ese subsidio es porque no logró generar la confianza necesaria para atraer los capitales necesarios que generaran puestos de trabajo y le dieran a la gente la dignidad de poder mantener a su familia con el fruto de su trabajo y, no como ahora, que la denigran con un subsidio que lo único que consigue es más clientelismo político y, además, que buena parte de una generación vea como sus padres viven sin trabajar. Esos chicos no hacen en un hogar en el que la cultura del trabajo y el esfuerzo por progresar es el valor que impera en la familia, sino que se crían en un ambiente del vivir del otro. Mucho se habla de educación, pero la peor educación que se le puede dar a un chico es que el Estado fomente la vagancia como forma de vida. El mendigar un subsidio como manera de comer algo es la cultura que impera en la “noble solidaridad” de este progresismo.

Más que apoyar y alabar esta asignación universal por hijo, la oposición debería haber mostrado el fracaso de la política económica para crear más puestos de trabajo mejor remunerados. La buena noticia hubiese sido que esa AUH nunca hubiese tenido que implementarse.

También recuerdo que la oposición no pareció inmutarse demasiado cuando se modificó la Carta Orgánica del BCRA. Permitir la emisión monetaria como forma de financiar al fisco es el mecanismo más regresivo que puede implementarse dado que implica aplicar el impuesto inflacionario, sin embargo, buena parte de la oposición vio como progresista aplicar el impuesto inflacionario que impacta con mayor intensidad en los más humildes.

Estos cuatro ejemplos muestran que la buena parte de la oposición no tiene una propuesta tan diferente al kirchnerismo. Es más, apoya todas aquellas políticas públicas que degradan la economía argentina y someten a la población a una constante decadencia económica, institucional y moral. Y digo moral porque los valores que defiende esa supuesta oposición al gobierno, acompañando sus políticas, degradan los valores del trabajo, la seguridad jurídica, el respeto por los derechos de propiedad e, insisto, condenando al país a una decadencia persistente.

El espectáculo que viene dando buena parte de la oposición es lamentable porque solo parece mostrar ambición por llegar al poder pero no para hacer algo diferente al actual gobierno. Por el contrario, como decía antes, buena parte de ella comparte el estatismo, el degradar los valores del trabajo y el esfuerzo personal, el desprecio por los derechos de propiedad, la limitación de la capacidad de innovación de la gente mediante regulaciones, el creer que ellos son superiores al resto de la sociedad arrogándose el derecho sobre qué hay que producir, cuánto hay que producir y a qué precios se deben vender los bienes. En definitiva, mientras buena parte de la oposición siga acompañando al oficialismo en estas políticas públicas que degradan la economía argentina, estará siendo cómplice de la destrucción institucional y económica de la Argentina.

*Publicado en Economía para Todos, Buenos Aires.

[L]as expropiaciones vuelven a estar de moda en América Latina. El presidente Chávez las llegó a convertir en un frecuente espectáculo televisivo. “Exprópiese”, decía ante cualquier compañía que le parecía conveniente pasar al sector público, apuntando con el índice como si fuera un Harry Potter socialista con una varita mágica, mientras sus acólitos aplaudían con entusiasmo.

Hace pocas fechas la furia expropiatoria le llegó a la presidente Cristina Fernández. La víctima fue la multinacional española Repsol. Tras un simple trámite perdió su filial YPF y ahora discuten el monto de la indemnización. Probablemente será muy bajo. En esas transacciones, especialmente después de cierto tiempo, el monto que se alcanza suele ser un tercio de lo que se solicita.

A los gobiernos que se apoderan de lo ajeno les resulta muy fácil hacer las cuentas del Gran Capitán, entre otras razones, porque en los países neopopulistas cualquier relación entre la ley y la justicia es pura coincidencia, y el Código Civil algo así como las tiras cómicas dominicales. En esos ambientes, apelar a los tribunales suele ser una manera heroica de practicar la coprofagia.

El último gobernante en incurrir en esa práctica ha sido Evo Morales. El primero de mayo tuvo la cortesía de regalarles a los obreros de Bolivia una empresa, también española, que distribuía energía eléctrica. Ignoro por qué no les regaló a los hijos de los obreros unos cuantos MacDonald’s o una cadena de pizzerías.

A los muchachos les encanta la comida chatarra y Evo hubiera podido acompañar los platos con infusiones de esa coca maravillosamente nutritiva que sirve para no quedarse calvo o para mantener vigoroso y peleón el extremo de la uretra, dos de las preocupaciones recurrentes del pintoresco personaje.

Expropiar, no obstante lo popular que resulta, es un camino generalmente corto hacia el desastre económico. El capital se esconde, huye o se inhibe de llegar a los sitios donde corre peligro. Por otra parte, la empresa expropiada no tarda en convertirse en un saco sin fondo, ineficiente y tecnológicamente atrasada, permanentemente necesitada de inyecciones de capital para que no se hunda bajo el peso de la corrupción y el clientelismo.

¿Por qué el Estado es un empresario tan rematadamente malo? Sencillo: porque al Estado lo dirigen los políticos. Los fines que éstos persiguen son diferentes y opuestos a los de los propietarios de los negocios cuando operan en un mercado regido por la competencia.

A los políticos, salvo a los más responsables y mejor formados, no les interesa la competitividad empresarial, la rentabilidad de la inversión y obtener utilidades para invertir y continuar creciendo, sino controlar los presupuestos para beneficiarse y beneficiar a sus partidarios.

Tampoco les conviene adversar a los sindicatos, pidan lo que pidan o trabajen lo que trabajen. Es mejor complacerlos. Total: el dinero con que se remunera a los empleados públicos no proviene del bolsillo propio sino del nebuloso producto de los impuestos. Es lo que los españoles llaman “disparar con pólvora del rey”. Le cuesta a otro.

El negocio de los políticos es ganar elecciones. Es una especie voraz que se alimenta de votos, de aplausos y, cuando son deshonestos (algo que, afortunadamente, no ocurre siempre), del dinero ajeno. Por eso es un error poner a un gobierno a operar una fábrica de pan. Al cabo de cierto tiempo el pan no alcanzará, resultará carísimo y, encima, saldrá duro como una piedra.

Donde las sociedades son sensatas y las gentes quieren progresar y prosperar, en lugar de expropiar negocios y constituir ruinosos Estados-empresarios, lo que hacen los políticos más sagaces, impulsados por sus electores, es propiciar la incesante creación de un denso tejido empresarial privado que paga impuestos para beneficio de todos.

En esas naciones desarrolladas del Primer Mundo, las personas entienden que es mucho más inteligente y rentable ser los socios pasivos de miles de empresas que entregan una parte sustancial de sus beneficios sin propiciar la corrupción, sin fomentar el clientelismo, y sin que el conjunto de la sociedad corra riesgos. Los fracasos los pagan los capitalistas. Los beneficios los recibimos todos.

Eso sí: en esas sociedades los políticos tienen mucho menos poder relativo que en el siempre crispado mundillo neopopulista. Por eso les va mucho mejor.

*Publicado en Firmas Press, Miami.

[E]l petróleo genera rentas extraordinarias. Una vez descubiertas las reservas (esa es la esencia del negocio petrolero) el resto consiste en extraer, transportar, refinar y distribuir. Si bien no es sencilla la tarea de industrializar el líquido primario, la esencia consiste en hallar reservas de petróleo a un precio cuya explotación resulte económicamente viable.

En muchos casos esas rentas son apropiadas por los gobiernos. En muchos de esos "muchos casos" los gobiernos utilizan esas rentas extraordinarias para financiar desatinos como corrupción, burocracias inútiles, armamentos, acallar a los disidentes, etc.

Las empresas petroleras están acostumbradas a negociar y firmar contratos con gobiernos corruptos e inescrupulosos.

Países como Irán, Venezuela, Sudan, Nigeria, Irak, Argelia, Kazakhtan están en los últimos lugares en el ranking de Corrupción que anualmente elabora Transparency International y en los primeros posiciones como exportadores de petróleo. Todos esos países cuentan con empresas trasnacionales operando.

La correlación entre renta estatal petrolera y gobiernos autoritarios es también llamativa. En nuestra región el caso más paradigmático es Venezuela y la vigencia del partido único PRI en México hasta el advenimiento del NAFTA. La razón es sencilla. Financiamiento fácil y estado de derecho débil es el caldo de cultivo para gobiernos autoritarios.

Las empresas negociarán con el estado argentino aún con instituciones averiadas y con la YPF expropiada de manera casi delincuencial. Ajustarán en la mesa de negociaciones el mayor riesgo con la tasa de retorno del proyecto. No habría riesgos para la provisión de petróleo ni para el abastecimiento local. Los riesgos serán sistémicos para el resto de los emprendimientos que no gozan del líquido oscuro salvador ni de la predilección del dedo oficial. La demagogia se encargará de maquillar estas cuestiones.

La estatización de YPF no ajustará por tasa de abastecimiento sino por tasa de pobreza. Como lo viene haciendo el intervencionismo estatal en los últimos 60 años.

Por Joaquín Morales Solá

[H]ubo una diputada que votó ayer entre lágrimas. La vida, dijo, había sido demasiado generosa con ella como para permitirle participar de la expropiación de YPF. El nacionalismo ha hecho estragos en la historia de la humanidad, pero sigue siendo una bandera predominante entre los políticos latinoamericanos. En cualquier caso, el kirchnerismo ratificó ayer que conserva el poder de la iniciativa política. Es un mago que se está quedando sin conejos y sin galera, pero sus opositores están aún peor, porque nunca han tenido el arte de la magia.

La Argentina es un país de símbolos. Las Malvinas estremecen cada tanto el corazón de gran parte de los argentinos, aunque nadie (mucho menos sus políticos) se planteó nunca una estrategia seria para acercarse a esas islas en el confín del mundo. YPF exacerba ahora las emociones, aunque sólo controla el 30% del mercado argentino de petróleo y gas. Más todavía: la propiedad constitucional del petróleo y el gas es de las provincias argentinas, que concesionan su explotación a empresas privadas. La soberanía petrolera, declamada ahora por el kirchnerismo, es una noticia que no existe.

Es notable que una porción importante de la oposición se haya dejado llevar por la estrategia del kirchnerismo, que consiste en hacerse de recursos ajenos cuando ya no le quedan recursos propios. A la alianza que lideran los socialistas le ha sido siempre difícil la oposición al kirchnerismo: son democráticos y prolijos, pero en el fondo les gusta la melodía que tocan los que mandan ahora. La reacción más inexplicable es la de los radicales, sobre todo porque el kirchnerismo no respetó ninguno de los pasos constitucionales de una expropiación y, encima, intervino por decreto una empresa por primera vez en la historia.

¿Qué les pasó a los radicales? ¿Fueron víctimas de un "chantaje emocional", como lo calificó el diputado Oscar Aguad, el líder de la media docena de diputados radicales que se sublevaron entre 40 obedientes? Había muchos más diputados radicales dispuestos a desobedecer la increíble orden partidaria. Uno a uno fueron cayendo seducidos por promesas de que podrán nombrar en la Cámara de Diputados a más empleados que los que ya tienen.

La práctica es innoble, pero no explica la decisión del radicalismo. Podría haber hecho un proyecto propio de expropiación respetando los mecanismos de la Constitución. Podría también haber votado por el proyecto de Ricardo Gil Lavedra, que promovía que las provincias le quitaran a YPF la concesión de los pozos en los que no se invirtió y los licitara de inmediato con otras petroleras. El valor de YPF está en sus pozos. Sin ellos, la petrolera no valdría un dólar.

A radicales y socialistas les fue imposible descifrar una conclusión elemental del conflicto. Si fuera cierto todo lo que el Gobierno dice de la conducción privada de YPF, los funcionarios serían cómplices del vaciamiento y de la falta de inversión. El Gobierno avaló la gestión de Repsol y de la familia Eskenazi hasta hace apenas cuatro meses. Si no fuera cierto, entonces se estaría ante una monumental arbitrariedad del Estado cometida contra una empresa privada. El núcleo del problema era ése y no la explosión melodramática del nacionalismo.

El bloque de senadores radicales (y, sobre todo, el senador Gerardo Morales) se llevó hacia el apoyo al kirchnerismo a la conducción del partido y, luego, al bloque de diputados. Ricardo Alfonsín dijo un discurso con palabras que parecían pronosticar, durante su desarrollo, que votaría por el rechazo, pero al final votó a favor del proyecto oficial. "El de mi partido fue un negocio que nadie entiende, salvo que alguien haya hecho un negocio", deslizó, enigmático, un diputado del radicalismo.

El peronismo disidente tuvo menos deserciones (tres o cuatro de un total de 23 diputados). El Pro, de Mauricio Macri, concretó el anunció de su jefe, el primero en advertir la enorme trascendencia negativa de la decisión de confiscar YPF. No fue casual que ayer mismo muchos legisladores del peronismo disidente comenzaran a trabajar en una alianza electoral con Macri para las legislativas del próximo año. Elisa Carrió mostró lo que ya se sabe de ella: estando sola es cuando mejor lucen su oratoria y su coraje.

Sin embargo, la lección de la aritmética parlamentaria es implacable con la patética impotencia opositora, incapaz de construir una posición común, aunque en cualquier caso hubiera sido sólo testimonial. El kirchnerismo tiene votos suficientes como para aprobar con mayoría simple cualquier ley en el Congreso.

*Publicado en La Nación, Buenos Aires.