Política

CATO– Carlos Rodríguez Braun dice que los medios de comunicación siempre están vigilantes en contra de las desigualdades, pero no denuncian aquella entre el poder y la gente, algo evidente en el documental “Hechos probados”.

El documental “Hechos probados”, de Alejo Moreno, cuenta el acoso al que sometió Hacienda a Agapito García Sánchez (puede verse aquí).

Don Agapito lleva años defendiéndose contra la Agencia Tributaria, y, pese a no haber sido condenado por delito fiscal, sigue siendo “el mayor moroso”, como lo han llamado los medios de comunicación.

Alejo Moreno empieza su documental con El proceso de Kafka, porque ese es el centro de su denuncia. No está en contra de los impuestos, como tampoco lo está el propio Agapito, sino contra el abuso flagrante del Estado sobre los ciudadanos.

Tampoco rechazaron los impuestos la treintena de catedráticos de Hacienda que en 2018 firmaron la Declaración de Granada. No es una proclama liberal sino una queja ante la inseguridad jurídica del ciudadano frente a un Estado que debería proteger sus derechos, pero que, como señalaron dichos profesores, algunos de los cuales aparecen en el documental, lo somete a un “desvalimiento de la Ley” porque “se ha ido consolidando la primacía del poder ejecutivo frente al legislativo”, lo que reduce al ciudadano a la condición de súbdito y que desemboca en “un ordenamiento pro fisco que, en no pocas ocasiones, nada tiene que ver con el que demanda el interés público” (cf. CRB, M. Blanco y L.D. Ávila, Hacienda somos todos, cariño, Deusto, 2021, págs. 146-147).

En realidad, el problema al que nos enfrentamos, y que ilustra este documental, trasciende las ideologías y las teoría económicas y presupuestarias: es nada menos que la violación del Estado de Derecho. Se trata de una enorme brecha que separa una todopoderosa Administración y un ciudadano desarmado y privado de su defensa fundamental en una sociedad libre: la presunción de inocencia. Al contrario, esa presunción se le supone al poder político.

Es triste el papel de tantos medios, siempre vigilantes en contra de las desigualdades, pero que no denuncian la desigualdad entre el poder y la gente. Al contrario, suelen aplaudirla, recomendando que suban los impuestos, porque, como otros Estados de Europa castigan aún más a sus súbditos, entonces España debe imitarlos. Eso sí, se quedan encantados repitiendo la vieja gansada del juez Holmes: “los impuestos son el precio que pagamos por la civilización”, cuando ni son un precio ni los pagamos “a cambio” de nada, porque son, como su nombre lo indica, obligatorios.

Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 5 de abril de 2022.

Roberto Cachanosky dialogó con Gustavo Noriega y equipo en Esta Tarde sobre cómo afectan en la economía los problemas institucionales del país. Radio Rivadavia

En los últimos trece años, la empresa estatal fue subsidiada en USD7.151 millones y el resultado fueron pérdidas de USD 5.173 millones. El último dato oficial publicado, la pérdida es de 1,75 millones por día.

La pérdida acumulada de Aerolíneas Argentinas hubiera alcanzado para construir 2.362 escuelas Técnicas de Educación Profesional Secundaria, beneficiando a 2.350.000 alumnos (un 18% del total de estudiantes excluyendo los universitarios).

Aerolíneas Argentinas posee la tasa más alta del mundo de empleados por cada mil pasajeros transportados en 1,6. El promedio del mundo es de 0,7.

URGENTE 24 La coparticipación federal de impuestos provoca graves problemas recurrentes. La Nación vivió más de 120 años sin un sistema de coparticipación federal. Y funcionó. Los mejores años de la República fueron sin coparticipación federal de impuestos. La coparticipación fue una creación de Agustín P. Justo reorganizada en días de Jorge R. Videla, y los demócratas no han cumplido tan siquiera con el mandato de la Constitución Nacional. Es la cruda verdad. Los demócratas terminan poniendo en crisis el sistema institucional.

En un excelente trabajo publicado cuando era profesor titular en UCA de Economia Politica, y Ordinario de Derecho Constitucional, Roberto Antonio Pulte, evaluó la coparticipación federal de impuestos, sistema en crisis por decisión de todos y cada uno de los gobernadores quejosos.

Tal como recordó Pulte, una nueva ley de coparticipación impositiva fue encomendada por los convencionales constituyentes de 1994, y nunca cumplida por el Congreso de la Nación…

Más adelante el autor presenta la propuesta de Manuel Solanet. Director de Libertad y Progreso

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…El ‘modelo Solanet’

En la Argentina e ha ido incrementando el gasto público en todos los niveles de gobierno. Y ese gasto es insostenible: no hay posibilidades de cubrir con impuestos genuinos un gasto del 45% del PBI. Hay que hacer algo.

El aporte más audaz e interesante sobre la coparticipación lo hizo Manuel Solanet desde la Fundación Libertad y Progreso, a partir de reconocer todas las limitaciones preexistentes. Sin embargo, quizás por la Solanet y la Fundación son de ideas liberales, las fuerzas ‘populares’ ni siquiera aceptaron debatir la utilidad de las ideas (que no se matan, vale la pena recordarlo).

Hasta ahora no fue debatido en forma legislativa pero, ante el incumplimiento general, sería la única forma de dar un salto de calidad no sólo institucional sino también recaudatorio.

Manuel Solanet reconoció la imposibilidad de mejorar la distribución de los recursos sin modificar el sistema de recaudación y reparto verticalista por uno más horizontal.

En la crisis presente chocan la decisión arbitraria de la Nación para especular políticamente castigando al bastión opositor CABA y beneficiar a su bunker electoral (GBA), no permitiendo a la Ciudad reprogramar sus gastos. Sin duda, un ejercicio de centralismo abusivo de parte de quien se ufana de ser Presidente federalista, y comete su abuso aprovechando las posibilidades que tiene la Nación de modificar por decreto los coeficientes de distribución secundaria de la Coparticipación Federal.

Solanet propuso algo muy federal: devolverles a las provincias potestades tributarias que en algún momento tuvieron: que las provincias vuelvan a hacerse cargo de cobrar y administrar los impuestos directos, tales como Ganancias sobre personas físicas, combustibles, bienes personales e impuestos internos.

En la recaudación del Gobierno nacional deberían quedar solo impuestos que cubran estrictamente su gasto.

Ingresos Brutos debería reemplazarse por un tributo a las Ventas Finales de Consumo “y calibrar la alícuota de éste con la del IVA (nacional) para lograr un resultado de distribución primaria entre la Nación y el conjunto de provincias que no altere y que empalme con la que resulta del régimen de Coparticipación vigente.”

El sistema exigiría un mecanismo de redistribución horizontal entre provincias para que nadie reciba demasiado poco, un empalme con el presente.

Manuel Solanet explicó la ventaja de su propuesta:

Si un gobernador quiere aumentar su gasto, debería aumentar sus propios impuestos. Habrá un salto de calidad en la responsabilidad de cada administrador a la hora de tomar una decisión. Un sistema de premios y castigos, de incentivos orientados correctamente.

Otra frase a favor de la propuesta de Solanet:

Si un impuesto se evade dentro de una provincia, queda el 100% dentro de la jurisdicción. Pero si se paga, retorna solo un porcentaje a causa de la coparticipación federal. Si los impuestos fueron potestad de las provincias, los gobernadores tendrían que trabajar más y mejor para combatir la evasión porque eso les daría más recursos.

Por David Tettamanti
Lic. en Información Ambiental (UNLu)
Mg. (en curso) en Ingeniería de la Tasación y Valoración (UPV)

“la libertad no solo significa que el individuo tiene la oportunidad y la responsabilidad de la elección, sino también que debe soportar las consecuencias de sus acciones y recibir alabanzas o censuras por ellas. La libertad y la responsabilidad son inseparables. Una sociedad libre no funcionara ni perdurara a menos que sus miembros consideren como derecho que cada individuo ocupe la posición que se deduzca de sus acciones y la acepte como resultado de sus propios merecimientos…”
Friedrich Von Hayek, 1960.

Inspirado en la necesidad de dar respuestas a la narrativa totalitaria que predomina en estos tiempos por parte de los políticos, científicos, intelectuales y artistas, donde las restricciones excepcionales se han convertido en estructurales, en la correlación positiva que hay entre el Índice Libertad Económica de The Heritage Fundation  (Argentina, 149 de 180 países, a 2019), con el Índice de Percepción de la Corrupción (Transparency International), el Índice de Desarrollo Humano (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) e Índice de Desempeño Ambiental (Yale University). Los 7,2 puntos del PBI en Ineficiencia del gasto público, según el Banco Interamericano de Desarrollo, dentro de los cuales 4,4% son de “Filtraciones en transferencias”. El cercenamiento de las libertades individuales y el empobrecimiento que ha sufrido la población desde 1930 hasta la fecha, así como el 20-25% de pobreza estructural en el país (Universidad Católica Argentina) y una inflación acumulada de 1935 (año de creación del Banco Central de la República Argentina) actualizada a 2018 de 25.671.070.716.075.600.000% con una tasa promedio anual de 62,08%. (Roberto Cachanosky), en 2019 estar en tercer puesto de las “Economías más miserables del mundo” según la consultora Focus Economics, el segundo país con la presión impositiva sobre empresas más alta del mundo con un 106,3% de impuestos (Banco Mundial) y 48% del total del empleo no agrícola es informal según la Organización Internacional del Trabajo (2018). La ínfima cantidad de test diagnósticos realizados de COVID-19, Argentina 435 por millón de habitantes, Chile 4.228 tests por millón de habitantes (Gobierno de Chile). Según el London School of Hygiene & Tropical Medicine, Chile se encuentra reportando el 50% de los casos sintomáticos del país, siendo el 7° mejor país del mundo en este indicador, ubicándose Argentina en lugar 38° entre 79 países, solo reportando el 13% de los casos sintomáticos.

El no tan evidente fracaso de la planificación y coordinación estatal en salud, educación, economía, investigación y desarrollo, en nombre del “Estado presente”, la “solidaridad”, la “emergencia” o la “justicia social”, que no es notado por gran parte de la población que está retrasando la solución de la crisis ambiental (económico, ecológico y social).

Transitando uno de los momentos más críticos de las últimas décadas a escala global y local, donde los gobiernos aprovechan para mostrar todo su poder coercitivo y los ciudadanos en su mayoría expectantes a las decisiones de las dirigencias, nos enfrentamos no solo a la pandemia del COVID-19 sino también a las potencialidades y límites de las instituciones que hemos pensado como sociedades durante años.

El desempeño ambiental está determinado por la decisión de los individuos, estas decisiones están determinadas por los incentivos que modelan estas instituciones, por lo tanto, la credibilidad de las instituciones y sus autoridades, es fundamental para cualquier salida pacífica de la crisis.

Los riesgos ambientales siempre han existido, así como cualquier amenaza a la población humana (una pandemia, no es algo nuevo). Por lo que en estos momentos donde el evento ya sucedió, debemos realizar debates racionales en el marco de la evidencia empírica, en pos de disminuir la vulnerabilidad de la sociedad, mitigar los impactos negativos y evitar que las decisiones de hoy, generen peores escenarios a futuro.

En estos momentos, más que nunca, no solo es vital un diagnóstico certero, sino también un correcto marco teórico, ya que depende de este mismo la interpretación de dicho diagnóstico para la posterior planificación y gestión.

La heterogeneidad e interdependencia de los elementos del sistema ambiente, hace que necesariamente se requiera un abordaje interdisciplinar, ya que de otra manera el sesgo de una sola disciplina sobre el problema, provocaría desequilibrios en la toma de decisiones, perdiendo credibilidad y eficiencia en el uso de los recursos escasos.

Las características del sistema en estudio son las siguientes: es un sistema abierto por lo que hay entrada y salida de componentes, carece de limites bien definidos, realiza intercambios con su entorno, esta auto-organizado, está sometido a perturbaciones exógenas (modificación del entorno) o endógenas (dentro del sistema), el sistema puede ser estable o inestable a ciertas escalas de perturbaciones, puesto que al recibir una perturbación el sistema sufre un desequilibrio y re-equilibrio (sin desestructurarse), pero también puede romper el umbral de la estabilidad y generar una inestabilidad que demanda una re-organización, o re estructuración (nueva estructura).

Por lo que no solo se deben tomar la visión de las ciencias médicas, sino complementar con otra serie de disciplinas como “Law and Economics”, ya que las políticas sanitarias se verían limitadas por las económicas a corto plazo empeorando el escenario. Vale aclarar que, como medida, no es solo es hacer y mostrar “que se hace” para conservar la estabilidad política, sino también es momento de pensar en replegar la burocracia y permitir que la población encuentre su armonía sin coacción.

Es necesario mantener los pilares básicos del desarrollo sostenible, siendo dos de ellos las leyes justas y la justicia, entendiendo que, si todos los individuos tenemos la misma dignidad por el solo hecho de ser humanos, debemos ser tratados igual ante la institución burocrática con el monopolio de la violencia legítima (Estado), por lo que todo trato desigual ante él, es injusticia. El problema es la desigualdad ante la ley y la pobreza, no como muchos creen que el problema es la desigualdad económica, acaso si se buscara la igualdad económica, no solo se lesionaría derechos naturales, sino también seria igualdad en la miseria ya que se interrumpiría el proceso de ahorro, inversión e innovación.

Se ha evidenciado también que, tanto en la conservación de la naturaleza como en la gestión del riesgo ambiental la primera iniciativa es delegar al Estado toda la coordinación de la situación sin límite alguno, como si tendrían toda la información que se requiere para ello y tendría la capacidad de coordinar la voluntad de todos los individuos, lo cual no es cierto.

Cualquier avance sobre el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad privada, lesionaría la sostenibilidad y la gestión en la situación de emergencia, debido a la violencia que se ejerce y los desbalances que esto genera en el sistema. Este enfoque de no garantizar derechos naturales y avanzar sobre los intereses particulares impide la innovación, siendo estos los que generan las soluciones. Entendiendo un derecho, como las cartas que nos resguardan de la institución a la cual le reconocemos su monopolio de la violencia legítima, que es administrada por individuos como cualquiera, que especula, tienen su propio interés personal y su propia escala de valores.

Debido a que, sin leyes justas, ni justicia, no solo la cohesión social es algo aún más difícil de lograr ya que los actos voluntarios se ven remplazados por el aparato estatal, sino que también se ven estropeados otros aspectos vitales para la obtención de un diagnóstico certero.

A raíz de que un individuo no puede abastecerse de todas sus necesidades por sí mismo, debe intercambiar con otros para lograrlo. De estos intercambios libres y voluntarios de los derechos de propiedad surge el sistema de precios, sistema clave para la obtención de un buen diagnóstico y gestión, por varias razones que detallare a continuación:

1. Para la determinación de responsabilidades, y delimitación de derechos y obligaciones.
   
2. Cada individuo en función de sus preferencias, valora y elige qué productos y servicios satisfacen mejor su demanda, al comprarlo envía instantáneamente y casi sin conciencia de ello una señal al resto de los actores de la red (dado que la especialización hace que cada quien solo se ocupe de lo suyo). De esta manera se genera un sistema de recolección de información (intercomunicación y cooperación social) sobre cantidades y calidades de productos y servicios, que sería imposible de predecir de manera unilateral, ya que el consumidor determinaría qué prospera y qué no en el mercado, generando más acumulación e inversión en los proveedores que mejor satisfacen sus necesidades. Por lo que cualquier tipo de control de precios por debajo de su precio de equilibrio (no por oferta y demanda), generaría escasez de ese producto o servicio.
   Como vemos en el diagrama siguiente son esenciales dos instituciones, que son los “intercambios libres” y la “existencia del dinero”. En el momento que se elimina en una de las dos o ambas, se hace imposible hacer cálculos económicos sobre cuando, cuánto y que necesita cada individuo.  Y si solo se interfiere, se atrasa el proceso de innovación y desarrollo. Por este motivo, toda coacción en la economía genera escasez, problemas sociales y deterioro ambiental.

3. Las valoraciones son subjetivas, los precios son objetivos ya que surgen de la puja de cada transacción y tienen una correlación histórica (catalaxia). Por lo que no hay que usar el signo “=” tan desaprensivamente, como si no hubiera juicio, ni posibilidad de cambio. Si no hay libertad, hay coacción. Estos precios determinan los costos, no al revés.
   
4. Este sistema de recolección instantánea de información dispersa y coordinación de los conocimientos en pos de la restructuración del sistema en función de las necesidades hace que sea el sistema más eficiente conocido no solo por su eficiencia en un solo momento del tiempo, sino también por mantenerse constantemente actualizado e innovando.
   
5. Esta lógica de cooperación social, significa que el bien común se construye de las relaciones e interrelaciones de los individuos interactuando voluntariamente en ausencia de coacción tejiendo una red de resiliencia. No de arriba hacia abajo de acuerdo a los intereses y valores de las autoridades de turno; entendiendo al emprendedor como conector de las demandas sociales y los factores de producción, no como un enemigo o como una fuente ilimitada de recursos.
   
6. El sector que arriesga en un escenario de competencia constante, innova y genera la riqueza es el sector privado. En cambio, el Estado está limitado por sus roles que le dan sentido de existir (seguridad y justicia), por los derechos naturales y solo dispone de los recursos que les expropia a los individuos. Debo destacar que, por su naturaleza monopólica no compite y carece de afrontar los costos marginales de las decisiones que toma, por lo que lleva gran ineficiencia.
   En momentos tan exigentes como este, la competencia es aún más importante que en situaciones de estabilidad, ya que de esta surge la innovación y la masificación del conocimiento. Ya he demostrado por qué el sector privado es más eficiente que la coacción y el sector público. Por lo que cualquier tipo de eliminación o control de la competencia, interrumpiría el proceso de innovación y desarrollo en búsqueda de satisfacer las demandas sociales por aquella que el burócrata decida (con sus interés y escasa información), consecuentemente a esto al alterando las señales, se brindarían bienes y servicios de mala calidad a los consumidores.
   
7. No aceptar el funcionamiento del sistema de cooperación descripto, no aceptar la naturaleza monetaria de la inflación y no hacer caso a las restricciones presupuestarias, por parte de los Estados y Bancos Centrales, incurriendo los burócratas en la “fatal arrogancia” de querer controlar los aspectos de mercado alterando las señales en el sistema de intercomunicación, retrasando el proceso de capitalización del sistema y la innovación en búsqueda de satisfacer las necesidades.
   Al burócrata interferir en el funcionamiento sano del sistema de precios por el hecho de que jamás va a obtener ni sostener los resultados que promete o pretende (sino ignora o desconoce lo anteriormente dicho), ya que estos desequilibrios se ven reflejados en otros precios, por lo que hay una tendencia clara a querer controlar cada vez más los aspectos del sistema de precios usando cada vez más violencia, eliminando la competencia y la creación de riqueza. Y por consecuencia, todos los beneficios que estas producen.

Por estas razones cualquier acto coercitivo carece de la información necesaria para ser certeros en la gestión del riesgo. Y cualquier acto de este tipo en contra de las libertades individuales, como por ejemplo seguir monopolizando o interfiriendo mercados, tendrá sus consecuencias negativas a mediano y largo plazo. En este caso, serían más disgregación social, más pobreza y el colapso del sistema sanitario.

Debido al shock negativo que está sufriendo la sociedad y el sesgo predominante se debe abordar el problema de manera interdisciplinar, aceptando la naturaleza humana y el funcionamiento del sistema, para no generar más caos.

"En esta fase de diagnóstico y llegando a la etapa de planificación, debemos tener en cuenta de que la ley es para darle libertad a los individuos y no para restringírsela, entendiendo la libertad no en el sentido newtoniano sino en el sentido filosófico, entendiendo la misma como “ausencia de coacción arbitraria por parte de terceros”.

En ningún momento hago alusión a que habría que abandonar a alguien, pero si es momento de cambiar el paradigma, ya que el estado elefantiásico y las políticas totalitarias, son dañinas en todo sentido, y no tendrán resultados positivos en la gestión de la salud, ni de la economía.

La solución no es avanzar al máximo sobre las libertades individuales, ni que el 51% de los votos signifique el 100% y se atropellen en nombre de la “emergencia”, “solidaridad” o el “voto popular” los intereses particulares sino de entender cómo funciona el sistema de precios para servirse de información sana, aceptar la importancia del ahorro y los emprendedores, y tomar decisiones analizando el riesgo, pero en este sentido, no en el contrario. Es ampliar lo que entendemos hoy como propiedad privada, con derechos claramente definidos, siendo estos aplicables y trasferibles en el marco de leyes justas. No hay acto más justo y federal, que dejar que cada individuo desarrolle su proyecto de vida sin coacción.

“El culto del Estado, es el culto de la fuerza. No hay amenaza más peligrosa para la civilización que un gobierno de incompetentes, corruptos u hombres viles. Los peores males que la humanidad haya tenido que soportar fueron infringidos por los malos gobiernos.”
Ludwig Von Mises

Bibliografía de revisada

• Von Hayek, Friedrich (1933) Teoría Monetaria y Ciclos Económicos
• Von Hayek, Friedrich (1960) Los Fundamentos de la Libertad
• Von Mises, Ludwig (1912) Teoría del Dinero y el Crédito
• Von Mises, Ludwig (1949) La Acción Humana: Tratado de Economía

Por Felipe A. M. De La Balze

Académico, economista y empresario, especialista en temas internacionales. Consejero académico de LyP.

La Argentina en las últimas décadas perdió posición y prestigio en el escenario internacional. Necesitamos definir una estrategia de largo plazo para promover nuestra seguridad e intereses, preservar nuestros valores y relacionarnos provechosamente con China y Estados Unidos.

Necesitamos abrirnos al mundo, conquistar nuevos mercados, atraer inversiones productivas y facilitar el retorno de los argentinos y de los capitales que emigraron en las últimas décadas.

Una “Estrategia de Doble Vía” (propuesta en el trabajo adjunto) nos facilitará las relaciones económicas y políticas con ambos rivales, sin abandonar nuestro compromiso con la democracia y el estado de derecho, en consonancia con el régimen político en el cual hemos elegido vivir.

Debemos ser pragmáticos en materia económica, nuestro mercado es el mundo y nuestros intereses son globales. Será necesario negociar numerosos acuerdos de libre comercio para diversificar y profundizar nuestras relaciones económicas con todos aquellos países que son importadores potenciales de nuestros productos o proveedores de capital productivo.

La Argentina en las últimas décadas perdió posición y prestigio en el escenario internacional.Necesitamos definir una estrategia de largo plazo para promover nuestra seguridad e intereses, preservar nuestros valores y relacionarnos provechosamente con China y Estados Unidos.

Necesitamos abrirnos al mundo, conquistar nuevos mercados, atraer inversiones productivas y facilitar el retorno de los argentinos y de los capitales que emigraron en las últimas décadas.

Una “Estrategia de Doble Vía” (propuesta en el trabajo adjunto) nos facilitará las relaciones económicas y políticas con ambos rivales, sin abandonar nuestro compromiso con la democracia y el estado de derecho, en consonancia con el régimen político en el cual hemos elegido vivir.

Debemos ser pragmáticos en materia económica, nuestro mercado es el mundo y nuestros intereses son globales. Será necesario negociar numerosos acuerdos de libre comercio para diversificar y profundizar nuestras relaciones económicas con todos aquellos países que son importadores potenciales de nuestros productos o proveedores de capital productivo.

DESCARGAR Síntesis de la Conferencia

Por Carlos Alberto Montaner, Consejero Académico de LyP – No creo que Ucrania pueda entrar en la OTAN. Es triste, pero es así. El idiota de Putin se lo impide. ¿Por qué “idiota”? Es una palabra muy fuerte. “Idiota”, porque el ex agente del KGB está encadenado a una percepción geopolítica anterior a la aviación supersónica y a la cohetería. Su visión es de cuando el mundo se dividía en zonas de influencia y tenía sentido rodear a las naciones de una coraza aparentemente impenetrable. Hoy la cohetería supersónica y las armas nucleares, a lo que se agrega el comercio internacional (por aquello de las “sanciones”) transforman en obsoleta la vieja visión de las relaciones internacionales.

La Primera y la Segunda guerra mundiales (la Segunda guerra fue una simple deriva de la Primera), fueron objeto de la misma visión equivocada, pero ya no hay derecho a errar. Al fin y al cabo, la aviación estaba en pañales en 1914 cuando asesinaron al archiduque Fernando, el heredero del imperio austro-húngaro, y a su mujer Sofía Chotek en Sarajevo, oscuro comienzo del conflicto que se saldó con 50 millones de muertos, tres imperios desmantelados –el austro-alemán, el ruso y el turco-, y un cuarto, el británico, se fue desvaneciendo lentamente. 

¿Qué le queda a Ucrania por hacer si no puede entrar en la OTAN? Fabricar armas atómicas, como ha hecho Corea del Norte. Donald Trump no le perdonó la vida a Kim Jong-un por simpatía, sino porque no quiso correr el riesgo remoto de que un bombazo cayera en Nueva York, San Francisco, Chicago o Miami.  Si Ucrania hubiera tenido armas nucleares, otro gallo cantaría, como tuvo hasta la década de los noventa del siglo pasado. 

En ese momento se las devolvió a Moscú por medio de un acuerdo del que fueron garantes el Reino Unido y USA. Putin no se habría atrevido a arriesgar Moscú o San Petersburgo por la mala idea de invadir Ucrania. Se olvida que Ucrania era el tercer país del planeta con mayor número de ojivas nucleares: 1,900. Si hubiese conservado sólo una docena el panorama sería diferente. Por supuesto, que tras generar esa devastación Ucrania quedaría absolutamente destruida, pero Rusia también estuviera muy afectada.  

No sé como los “think-tanks” rusos no advierten que la OTAN es un club donde se prohíbe la “proliferación de armas nucleares”. Los que las tienen (USA, Inglaterra y Francia) no tienen interés en que otros países las posean. Si yo fuera consejero de Putin le diría que Ucrania está mejor dentro de la OTAN que fuera de ella. Lo mismo que sucede con las naciones que constituían la coraza que supuestamente protegía a la URSS: Polonia, Chequia, Eslovaquia (Checoslovaquia), Rumanía, Bulgaria y los tres países bálticos, todos intelectual y económicamente capaces de fabricar armamento nuclear.

Doy por sentado que Vladimir Putin no quiere volver a la etapa colectivista de Rusia. Supongo que, en realidad, ha renunciado al marxismo. Recuerdo que en los noventa se utilizaba la metáfora de la “pecera” y “la sopa de pescado” para afirmar que era muy difícil regresar a la etapa capitalista. También recuerdo la cola de menesterosos, casi todos ancianos, con una botella de vodka en las manos, tratando de venderla; o el hecho de que los “Uber”, sin app, fueron inventados en las ciudades rusas, donde bastaba detener un vehículo y contratarlo para que te llevaran a algún sitio por un precio muy módico. 

De alguna manera continúa vigente la metáfora de la “pecera” y la “sopa de pescado”. Casi nadie quiere volver al colectivismo. En efecto, fue muy difícil devolverle a la sociedad y al mercado la facultad de producir, con las inevitables diferencias que se generan, y el hecho de que, efectivamente, hay perdedores y ganadores en el modelo capitalista de producción. Esto tiene que ver con el carácter del emprendedor, con los estudios, con la familia que se tiene, con los contactos, con los valores, con la moneda en que realizan las transacciones, hasta con la suerte,  y con el resto de los factores que intervienen en los resultados. A veces son tan injustos como la apariencia, incluida la raza, las preferencias sexuales, el género a que se pertenece y el peso y el tamaño del agente económico. No obstante, el colectivismo es cien veces peor y la gente está dispuesta a matar o dejarse matar para no involucionar en esa dirección. 

Cuando visitaba Moscú escuché muchas veces que “hay que quitarle a Rusia el peso de la URSS”. Me pareció una consigna muy inteligente. Ni USA, ni el resto del “mundo libre”, y es igual lo que eso signifique, tienen otro peso que el de la propia “calidad social” con que cuentan, lo que significa que millones de personas intentan ingresar en esos países a como dé lugar. ¿Cuándo va a descubrir Putin que matando chechenos, abjasios o ucranianos no va a construir ni reconstruir nada, salvo su propio fracaso? Sólo por eso merece el calificativo de idiota.  

LA NACION – Por Carlos Manfroni – Hasta que comenzó, a fines del mes pasado, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y desde la caída del Muro de Berlín, en 1989, creíamos que habíamos entrado en una era de paz. El desmembramiento de la Unión Soviética y, con él, la culminación de la derrota de los Estados fuertes y expansivos habían dado un respiro a la humanidad. La riqueza procedente de la innovación tecnológica y las comunicaciones habían relativizado el valor de la posesión de territorios y, además, el comercio entre naciones que poco tiempo antes eran enemigas pacificaba al mundo. Continuaban, soterradas, las batallas contra el narcotráfico y, a los ojos de todos, las acciones terroristas.

La invasión nos devolvió al siglo XX, el más sangriento de la historia conocida, y a la práctica de los crímenes de guerra.

En la televisión y en las redes, por primera vez en tiempo real, vemos bombardeos a poblaciones civiles, ataques a edificios a los que nada vincula con instalaciones militares, incluso a escuelas y hospitales, y ya comienza a hablarse de violaciones de mujeres, una práctica aberrante que se ha visto sobre todo en las tropas eslavas durante el siglo pasado. Todos esos hechos y muchos otros constituyen crímenes de guerra. La posibilidad real de que sean juzgados es una cuestión aparte, pero lo son, de acuerdo con los estatutos internacionales.

Vladimir Putin ni siquiera limitó su avance hacia las zonas de Donetsk y Lugansk, que él mismo proclamó independientes, o incluso a la franja este de Ucrania, sino que impulsó un ataque generalizado sobre todo el territorio.

Rusia integró, en octubre de 1945, por entonces como Unión Soviética, el Tribunal Militar de Núremberg, junto con Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, a fin de juzgar “a los principales criminales de guerra del Eje europeo” que actuaron antes y durante la Segunda Guerra Mundial. En el estatuto que firmaron las cuatro potencias se establecieron las características de los crímenes de guerra, entre ellas: “planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión”, el asesinato de población civil, “la destrucción sin sentido de ciudades o pueblos o la devastación no justificada por la necesidad militar”.

En los Principios de Núremberg también se definieron los delitos de lesa humanidad, que comprendían, entre otros, los actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil cuando fueran llevados a cabo al perpetrar un delito contra la paz o un crimen de guerra, así como la persecución racial, política o religiosa.

En el Principio IV se dispuso que “el hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de esa opción”.

La “posibilidad moral” de optar por cumplir o no una orden en un régimen militar es algo bastante difícil de determinar. Las acusaciones de traición, desobediencia o deserción tienen las peores consecuencias en una estructura castrense. Sin embargo, hay casos en los que la responsabilidad del subordinado resulta evidente. Esto ocurre a diario en Ucrania, por ejemplo, en las escenas que vimos en las pantallas de un tanque que se desvió de su marcha con el propósito de aplastar a un automóvil civil –y lo hizo– o de otro que disparó con su cañón contra un vehículo particular o de quienes atacan colegios u hospitales. También, por supuesto, en los casos de violación de mujeres ucranianas u otras formas de agresión o maltrato a los pobladores de las regiones invadidas y que exceden las acciones militares. Por las acciones militares deberían responder Vladimir Putin y los generales que hayan preparado la ofensiva, algo que en los hechos dependerá de la forma en que termine el conflicto.

Tal vez, por ese motivo, el Tribunal de Núremberg dictó solo doce condenas a muerte y unas pocas a prisión, además de algunas absoluciones. Las condenas involucraban a los principales jerarcas nazis que cometieron u ordenaron crímenes horrendos contra la población civil.

Por su lado, los Estados perjudicados iniciaron sus propios juicios. El más famoso fue el que tuvo lugar contra Adolf Eichmann en Jerusalén, capturado en la Argentina en 1960 y juzgado en Israel. Allí, después de aproximadamente un año de proceso durante el cual el acusado y los testigos prestaron extensas declaraciones, se lo condenó a muerte. Aun en este caso, se tomó especialmente en cuenta el hecho de que Eichmann había aceptado voluntariamente su ingreso en las SS y después en la SD, que se convirtió en el centro de información de la Gestapo, aunque él alegó desconocer la naturaleza de la organización en la que había entrado.

“Saber si Eichmann mentía o decía la verdad tenía cierta trascendencia en el juicio, ya que en la sentencia debía declararse si había aceptado voluntariamente su cargo o si lo habían destinado a él sin contar con su voluntad”, cuenta textualmente Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén.

Casi siempre los juicios consecuentes a la Segunda Guerra tomaron en cuenta al autor de las órdenes, las responsabilidades personales y la posibilidad real de haber desobedecido las instrucciones. No se juzgó a las personas por el solo hecho de haber pertenecido al ejército enemigo ni por haber estado en una posición pasiva en un lugar determinado. Todo esto aun cuando en el caso de la población judía de Alemania y los países ocupados, ella ni siquiera era una fuerza beligerante ni había cometido actos de agresión contra el Estado.

En el caso de Ucrania, si la política y la diplomacia de Occidente, como algunos análisis indican, no actuaron con la prudencia y la habilidad necesarias para evitar la guerra, esto es algo que la historia analizará a corto plazo, pero, como siempre, los excesos resultan injustificables. Y en este caso los excesos son nada menos que el todo y tienen dimensión de hecatombe.

Rusia no puede situarse al margen de los estatutos en los que actuó como juez en Núremberg y, además, como señaló Hannah Arendt, incluso en esa oportunidad se le podría haber aplicado a la Unión Soviética el argumento tu quoque (tú también), por las matanzas que había llevado a cabo en Polonia y en su propio territorio. Esto si no fuera que para entonces ya ejercía su poder sobre la mitad de Europa.

Por otro lado, la Unión Soviética firmó el Protocolo I de los Convenios de Ginebra, que prohíbe los ataques indiscriminados, que son los que no se dirigen contra un objetivo militar específico o emplean medios que no puedan ser dirigidos a un objetivo militar específico.

El Estatuto de Roma, que creó el Tribunal Penal Internacional, fue suscripto por Rusia, que nunca lo ratificó y retiró su firma en 2016.

En 1993 se constituyó el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia, bajo cuya jurisdicción fue detenido el presidente Slobodan Milosevic, en 2001. En 1994 se creó otro destinado a castigar el genocidio de Ruanda. Lamentablemente, a pesar de las atrocidades que se investigaron y condenaron en ellos, la experiencia demuestra que el juzgamiento de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad está determinado por la posición de fuerza con la que cada uno queda tras el final del conflicto.

Emilio Cárdenas, Ex Embajador argentino frente a la ONU y Consejero Académico en la Fundación Libertad y Progreso, en “El tema del día” por CNN Radio conversó sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania.

EDITORIAL DE LA NACIONLa política económica del Gobierno apunta, por falta de otras evidencias, a sostener en el tiempo el cepo cambiario. Parece así desconocer una reiterada experiencia histórica. De los 22 controles de cambio aplicados en la Argentina antes del actual, 21 se intentaron sostener en el tiempo y terminaron en profundas crisis cambiarias y monetarias. De hecho, tres de ellos derivaron en los episodios hiperinflacionarios que vivió nuestro país.

No es difícil entender las consecuencias del control de cambios y lo podemos explicar con una experiencia que todos hemos vivido. Si, por ejemplo, se le pone un precio máximo a la cerveza, esta comenzará a escasear en las góndolas porque quienes las producen fabrican menos y algunos consumidores preferirán, a menor precio real, comprar más. Sucede lo mismo cuando el Banco Central de la República Argentina fija un tipo de cambio oficial artificialmente bajo y se abre una brecha con una cotización libre.

Comprar u obtener dólares al precio menor se convierte en un objetivo extendido, al igual que evitar tener que venderlos al precio oficial. Quien intente defender el precio bajo vendiendo stock, lo verá disminuir. Igualmente, el Banco Central termina agotando sus reservas internacionales. Como el tipo de cambio oficial no acompaña todo lo que se deprecia el peso, la oferta del mercado sigue reduciéndose obligando, a tratar de restringir la demanda en ese mercado. Esto es la restricción de importaciones, que tiene un límite. Es así, hasta que el Banco Central queda sin reservas propias, quiebra y todos los argentinos con él.

Durante 2022, se terminará usando más de 6000 millones de dólares de nuevo endeudamiento para que el Banco Central pueda seguir vendiendo dólares oficiales artificialmente baratos.

La liquidación anticipada de exportaciones con los “dólares soja I y II” no deja de ser pan para hoy, hambre para mañana, ya que, cuando los embarques de la oleaginosa hayan salido, no entrarán luego esas divisas.

Cada paso que se da en el sentido de ganar tiempo y, cada día que pasa sin resolver los problemas de fondo, se incrementan los costos de la salida del cepo. Esta salida puede ser ordenada o bien resultante de una crisis no controlada. Lamentablemente, si sucede esto último, la pérdida de credibilidad y el grado de insolvencia del Banco Central aumentarán las probabilidades de llevar a la Argentina a una cuarta hiperinflación. Ya sufrimos en carne propia el costo social y económico que esto implica, sobre todo en términos del empobrecimiento del conjunto de los argentinos.

Ante la pregunta de cómo se sale ordenadamente del cepo, lo primero que hay que entender es que será recuperando la confianza perdida. Esto no se resuelve con un simple plan de estabilización, sino solucionando los problemas de fondo que nos mantienen desde hace décadas en una continua decadencia y con crisis recurrentes.

Sobre el impacto de la recuperación de la confianza vale el caso de la remoción de aquel cepo que dejó como herencia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que el gobierno de Cambiemos logró disolver antes de que la bomba le estallara en sus manos. Para ello, anunció que haría las reformas estructurales necesarias para garantizar a los argentinos un futuro de normalidad. Se ganó en ese momento la confianza de la gente, lo que permitió una salida ordenada del control de cambios. De esa gestión también hay que aprender que las reformas hay que hacerlas porque, si no, vuelve a perderse la confianza, no solo de la gente, sino también de los acreedores del Gobierno. Eso derivó en otra crisis en 2018.

Tanto la gente como el sector productivo argentino están exhaustos, no resta margen para pedirles tiempo. Hay que realizar lo que hacen los países del mundo que hoy envidiamos por su capacidad de brindarle oportunidades de progreso a su gente y a los que migran muchos de nuestros hijos. Hay que reformar el Estado para que cumpla con eficiencia sus funciones indelegables a un menor costo que los argentinos puedan pagar con impuestos razonables.

Se necesita eliminar la maraña de más de 67.000 regulaciones que encorsetan la creatividad, el trabajo y la productividad de nuestra gente. Debe modernizarse la arcaica legislación laboral argentina que destruye empleo productivo. Con estas y otras reformas será posible generar condiciones para impulsar la inversión privada y crear más de cuatro millones de empleos en los próximos cinco años. Esto permitirá dar oportunidades laborales a quienes dejarán el sector público, más a los que ingresen al mercado laboral y también a aquellos que necesariamente dejarán de percibir planes sociales insostenibles.

El actual gobierno no parece entender la gravedad de la situación ni percibir que no se soluciona con un simple plan de estabilización o promesas de cumplir el acuerdo con el FMI. Varios equipos técnicos están trabajando en la formulación de programas de reformas. Algunos están relacionados con la coalición Juntos por el Cambio. Otros lo hacen desde posiciones de mayor autonomía. Tal es el caso de la Fundación Mediterránea y también el de la Fundación Libertad y Progreso, que acaba de publicar su quinta edición del libro Reformas para construir nuestro futuro.

Confiamos en que la próxima gestión instrumente inmediatamente las reformas estructurales prioritarias. De esta forma, disipará el riesgo de una nueva hiperinflación y, además, podrá lograr un país con un futuro de crecientes oportunidades de progreso y bienestar para todos.

INFOBAE El “Índice de Calidad Institucional 2023″ (ICI 2023) que se publica desde 2007 y que este año hace foco en “los males de la inflación”, ubica a las instituciones monetarias de la Argentina en el segundo peor lugar sobre 20 países de América Latina.

Uno de los sub-rankings del informe muestra que el país tiene la peor “institucionalidad monetaria” de la región, mejor solo que la de Venezuela y peor que las de Haití y Cuba.

Este factor, determinante para la inflación, se elabora en base a datos del Índice de Libertad Económica del Fraser Institute, de Canadá, una de las fuentes del informe, y mide el crecimiento anual promedio de la oferta monetaria en los últimos 5 años, menos el crecimiento anual promedio del PIB real (esto es, descontada la inflación) en los últimos diez.

Entre los subíndices que conforman el índice general de “Calidad Institucional” hay uno sobre manejo monetario. La Argentina tiene el segundo peor del continente

“Aquellos países donde el crecimiento de la oferta monetaria excede por mucho el crecimiento del producto real reciben calificaciones más bajas”, explica el informe.

El ICI se elabora en base a varias fuentes: el Banco Mundial, las ONG Transparencia Internacional y Freedom House, Reporteros sin Fronteras, los Institutos Fraser (Canadá), Legatum (Reino Unido) y de Desarrollo Gerencial (Suiza), el Foro Económico Mundial y el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, entre otros. En base a publicaciones y datos de esas fuentes mide la calidad de las instituciones políticas y de las instituciones de mercado, de cuyo promedio surge el índice general de “Calidad Institucional” para 183 países.

Entre la excelencia y el caos

Con puntajes que van de cero (0) a uno (1), en el que 0 describe el caos y 1 el non-plus-ultra de calidad institucional, el ranking lo vuelven a liderar Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda y Finlandia. No hay allí sorpresas; “el cambio institucional es necesariamente lento”, explica el estudio.

De hecho, desde el inicio del ICI, los cuatro primeros puestos los ocupan los mismos países, aunque alternando posiciones. Por caso, esta vez Dinamarca pasó del tercer al primer lugar, Nueva Zelanda hizo el camino inverso y Suiza y Finlandia mantuvieron el segundo y cuarto puesto, respectivamente.

Entre los primeros 20 del ranking (puntajes de 0,85 hasta casi 0,98) se destaca el undécimo lugar de Estonia. Del hemisferio occidental, solo aparecen allí Canadá (en el puesto 12) y EEUU (en el 18), hay solo dos países de Asia (Taiwán, en el 17, y Japón, en el 19) y ninguno de América Latina.

A su vez, entre los 20 países de peor calidad institucional (puntajes de 0,14 para abajo, con la tabla al revés liderada por Corea del Norte, Venezuela y Eritrea), predominan los países africanos y de América Latina, más algunos asiático y de Medio Oriente. La “Calidad Institucional” aparece así ligada a subdesarrollo, pobreza y regímenes autoritarios o dictatoriales.

En América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, los países mejor rankeados son Canadá, EEUU, Chile, Uruguay y Costa Rica, y los peores Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba y Bolivia. La Argentina aparece allí en el puesto 24 sobre 32 países, con peor puntaje que todos los vecinos, excepto Bolivia, que junto a Surinam, Honduras, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela son los únicos 6 de la región que tienen un puntaje inferior al argentino.

Es de notar, sin embargo, que respecto de la edición 2022, la Argentina mejoró su puntaje (de 0,372 a 0,4032) y su ubicación en el ranking general (de 116 a 108) gracias a una mejora perceptible de la nota en calidad de Instituciones Políticas” (de 0,5256 a 0,5839) y leve (de 0,2185 a 0,225) de sus “Instituciones de Mercado”.

El país obtiene sus mejores calificaciones en materia de Libertad de Prensa (0,8444), a partir de datos de Freedom House y Reporteros sin Fronteras, y en “Voz y Rendición de Cuentas” (0,6196), de los indicadores de Gobernanza del Banco Mundial); ambos son parte del subíndice de “Instituciones Políticas. A su vez, la Argentina tiene notas bajas y muy bajas en “Corrupción” (0,4833), “Prosperidad” (0,3653), ), Regla de la ley (0,3541), Derechos de Propiedad (0,3023), Libertad Económica (0,1921) e Institucionalidad y Manejo monetario, en el que a nivel mundial aparece en el puesto 161 sobre 165 países para los que hay información en ese aspecto. Detrás suyo quedan solo Siria, Zimbabue, Sudán y Venezuela. Como no hay información de todos los indicadores para los 183 países, el que presenta cada país muestra su posición porcentual respecto de los demás. La metodología establece también que para que un país sea incluido debe aparecer en al menos 4 de los 8 indicadores, y al menos en uno de cada subíndice (Instituciones Políticas e Instituciones de Mercado).

“La calidad institucional es importante dado que restringe el actuar de las autoridades. En este sentido, las instituciones de tipo fiscal y monetaria imponen limitaciones al gasto, déficit fiscal y financiamiento, con la finalidad de no estar sujetas a presiones políticas que suelen debilitar el valor de la moneda. La capacidad de reconstrucción de los países después de una catástrofe está condicionada a la calidad de sus instituciones”, dijo Bettina Horst, directora de la Red Liberal de América Latina (Relial), que difundió el informe.

La evaluación de “Instituciones Políticas” e “Instituciones de Mercado” para los países del Hemisferio Occidental

A su vez, Siegfried Herzog, Director Regional de Proyectos en América Latina de la Fundación Friedrich Naumann (Alemania), destacó que en el último bienio la re-emergencia de la inflación en muchos países volvió a colocarla en el centro de atención.

Los peores de la clase

Pero no todos los casos son iguales. “Ningún país ha sido capaz de evitar un aumento de inflación, pero la diferencia entre países es bastante grande: en Panamá fue solamente de 2,1% en 2022, en Argentina 94%, y en Venezuela 305 por ciento. Si bien hubo distintos factores y no podemos decantarnos por una única explicación, los datos muestran que un elemento importante en el control de la inflación es la existencia de una autoridad monetaria como un banco central independiente o la dolarización de la economía”, escribió.

“Todos los países con la tasa más alta de inflación carecen de instituciones monetarias independientes. Por eso la inflación es un fenómeno regular en Argentina o en Venezuela, desde el inicio del chavismo”, explicó Herzog, quien recordó episodios de hiperinflación latinoamericanos del pasado: en julio de 1989 Argentina tuvo una inflación mensual del 197%, en septiembre de 1985 Bolivia una del 183%; en marzo de 1990 Brasil una de 82%; en octubre de 1973, Chile una de 83%; en agosto de 1990, Nicaragua, una de 261%; en mayo de 1987, Perú una de 397%; y en septiembre de 2018, Venezuela se anotó un 233,3% mensual.

En todos los casos las razones fueron similares: exceso de gasto público ya no posible de cubrir con crédito externo o interno o mayores impuestos y que, financiado con emisión monetaria, lleva al default de la deuda pública.Según Herzog, tras las híper de los 70 y 80 muchos países hicieron una transición positiva, pero incompleta, “y es un desafío especial para Argentina, donde la clase política nunca ha sido capaz de abandonar el poder de jugar con la política monetaria”.

“El aumento de la inflación en 2022 prende señales de alerta, aunque, salvo los casos de Venezuela y Argentina, están lejos de repetir tales situaciones”, subrayó Herzog.

El mapa de la inflación anual en América Latina en 2022: al tope, Venezuela y la Argentina

Hallazgos

La Fundación Libertad y Progreso es la integrante argentina de la Relial, cuyo consejero académico, Martín Krause, respondió preguntas de Infobae.

— ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta nueva edición para los países de América Latina y, en particular, para la Argentina?

— En términos generales se observa un descenso de Chile, quien ocupara la primera posición en América Latina desde que se inició el ICI, y un claro ascenso de Uruguay, que es candidato para superarlo el año que viene. Nicaragua se suma al lote de los peores, junto a Haití, Cuba y Venezuela

— ¿No es paradójico que la Argentina haya mejorado su puntaje y posición en el ICI respecto de la edición previa, tanto en calidad de sus Instituciones políticas como de mercado, pese a la acentuación de disfuncionalidades económicas (tasas de inflación y pobreza más altas, cepos más restrictivos, etc) y políticas (renuencia del Gobierno a cumplir cautelar de la Corte y restituir fondos a CABA, juicio político a la Corte, etc)?

— Argentina mejora su posición principalmente por la mejora en el índice que evalúa la libertad de Prensa, y luego el de la Justicia. Esto es reflejo de lo acontecido desde hace unos años con las investigaciones periodísticas sobre la corrupción política y su reflejo en condenas judiciales. No mejora en Instituciones de mercado, tiene una leve suba que puede deberse a la caída de algún otro país. Argentina sigue ubicándose en una pésima posición en este campo y es necesario tener en cuenta que el ICI refleja la situación de un año atrás o algo más, por lo que es de esperar una mayor caída en el futuro.

— El informe destaca la importancia de las instituciones monetarias para controlar la inflación y la dolarización como una forma posible de lograrlo. ¿Significa una recomendación o preferencia por la dolarización por sobre otras medidas, como Banco Central Independiente o reglas monetarias y fiscales estrictas?

— Lo que muestra el ICI 2023 son datos, y éstos muestran que los países con menor inflación durante 2022 son países dolarizados (Panamá y Ecuador). Detrás de ellos se ubica un grupo de países que tienen bancos centrales independientes. Y al final los que tienen la peor institucionalidad monetaria, sin independencia y sin ningún tipo de control.

— Hay también una crítica a las explicaciones de Cepal sobre la inflación en América Latina. ¿Es acaso una institución dañina o de efectos negativos para la región?

— La Cepal fue, durante décadas un centro de pensamiento que desarrolló una visión particular de la economía (y eso que es un organismo internacional que debería ser neutro), promoviendo políticas económicas populistas (proteccionismo, subsidios a la industrialización, planeamiento macroeconómico) que colapsaron en la hiperinflación durante los años 80s. Es, típicamente, un centro donde se sostiene la teoría del carácter “multicausal” de la inflación que termina siendo nada más que una excusa para minimizar la importancia de la emisión monetaria para financiar déficits fiscales. Todo evento social es multicausal, eso no dice nada.

Krause destacó también que el ICI 2023 también evalúa a Rusia a Ucrania. “Son dos países de baja calidad institucional (Ucrania 123, Rusia 129). La diferencia está, por supuesto, en quién invadió a quién, pero también en los países que apoyan a uno u otro. Ucrania recibe el apoyo de los países con mejor calidad institucional, Rusia lo contrario”.

Datos recientes

Un informe de la Fundación Libertad y Progreso precisa que hasta el 11 de mayo último el BCRA otorgó “Adelantos Transitorios” al Tesoro por $670.000 millones, infringiendo ya las metas del segundo y del tercer trimestre del acuerdo con el FMI. “Significa que, para conseguir financiamiento, el Tesoro se endeudó con el BCRA por un equivalente a más de 12% de la base monetaria”, subraya.

Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación recordó que en 2022 el ministro Sergio Massa había prometido no pedir más plata al Banco Central al afirmar: “nos vamos a arreglar con los recursos que recaudamos y con el financiamiento que podamos conseguir del sector privado”.

“Muy lejos quedó esa promesa; el déficit fiscal sigue y el gobierno va dependiendo cada vez más del financiamiento monetario directo (Adelantos Transitorios) o indirecto (con el BCRA dando liquidez para la compra de títulos). Todo eso es monetariamente expansivo, en un escenario donde los argentinos desconfiamos cada vez más del peso”, enfatizó Marí.

Se trata, precisamente, del tipo de manejos por los cuales en el ICI 2023 aparece tan mal rankeada en general y, en especial, en la calidad de sus instituciones monetarias.

FARO ARGENTINO – Por Gabriel Zanotti, Consejero Académico de LyP– En estos días los cristianos de todo el mundo conmemoran el momento de la Cena del Señor, y su pasión. Veremos cómo pasar un importante símbolo del relato a los seres humanos de todo el mundo, creyentes o no.

Hay algo que siempre me llamó la atención del relato de la última cena. Es el momento posterior del arresto de Cristo. Pedro saca una espada para defenderlo y Jesucristo le dice: «guardá la espada».

Los cristianos, pacíficos (digo, los primeros….) no querían molestar al Imperio. Sólo había un temita, una cosita de nada, una pequeñez. No iban a dar culto al emperador. 

La interpretación habitual del pasaje es que ello es coherente con lo que antes le había dicho a Pilatos: «Mi reino no es de este mundo«. De ninguna manera niego esa interpretación. Es más, Jesucristo la ratifica: «Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían venido a defenderme«. Él no ignoraba la lógica de los reinos de este mundo. Pero su misión era otra. Siempre me pregunto qué habrá pensado verdaderamente Pilatos cuando lo escuchó. ¿Se habrá preocupado al menos por un segundo?

A pesar de que esta interpretación es correcta, tengo la hipótesis de que hay un símbolo adicional. Alguien podría decir: – ok, no hubo espadas, hubo crucifixión, y desde el punto de vista político, los romanos siguieron allí. La revolución que quería Barrabás, líder de los “romanos go home”, no se produjo. O sea, parece que el reino de este mundo siguió igual, exactamente igual. Sí, excepto por un pequeño detalle. Los cristianos, pacíficos (digo, los primeros….) no querían molestar al Imperio. Sólo había un temita, una cosita de nada, una pequeñez. No iban a dar culto al emperador. 

Los romanos advirtieron el peligro. Coherentemente, los persiguieron hasta el alma para que lo hicieran. Porque no hacerlo era herir de muerte a la lógica del Imperio. Era quitarle legitimidad al poder ilimitado. Era, en realidad, una actitud que exigía pacíficamente un limited goverment: a mi conciencia no llegás. Sí, serás el emperador, pero no de mi alma. Pequeño detalle.

Pero, ¿por qué pudieron los cristianos mantenerse tan firmes?

Precisamente, porque el reino de Dios no es de este mundo. Como muy bien explica Ratzinger, si Cristo hubiera fundado un reino de este mundo, hubiera tenido todas las limitaciones y dificultades consiguientes: un territorio, un ejército, etc. O sea, no hubiera sido universal, ni hubiera llegado hasta el alma. Pero Cristo fundó la Iglesia, que es universal, que no tiene límites, y que llega directamente, y precisamente, hasta el alma. 

Cuando algo nos llega hasta el alma, cuando algo nos transforma hasta los huesos, parece que no pasa nada, pero pasa. Todo tranquilo, sigo siendo el mismo, sigo con el trabajo, mis amigos, pago el impuesto (mm, aquí se enojan los anarcos….), pero….. Eso no. ¿Darte culto? ¿A vos, Imperio? No. Eso no, Nunca. No, no y no.

La tentación de violencia está a la vuelta de la esquina. Pero debemos guardar la espada y comenzar a decir no. Debemos fundar una nueva subcultura, debemos nuevamente poner en peligro al Imperio, precisamente porque no le hicimos la guerra, sino porque estamos llegando hasta el alma. 

Y eso destruyó al Imperio. 

Siempre me he preguntado cómo hacer cambios radicales en paz. Porque casi siempre surgen de las guerras o de las revoluciones. La revolución y la espada van de la mano. Y la tentación revolucionaria, el NO guardar la espada, llega a todos. No coherentemente, pero llega. Castro, Videla y Dick Cheney tuvieron una cosa en común: la espada. Pero no funciona. Porque no llega hasta el alma. Llega al premio, al castigo, al temor, a la corrupción, al terror, pero no hasta el alma.

Sólo lo que allí llega, logra ir venciendo lentamente horizontes culturales en principio imbatibles. Y para eso hay que vencer la tentación de la revolución, para pasar a la evolución cultural. Pero no la hay, tampoco, si no estamos radicalmente convencidos. 

Los partidarios de la libertad, en estos momentos, somos pequeños cristos en medio de imperios romanos decadentes pero insistentes. La tentación de violencia está a la vuelta de la esquina. Pero debemos guardar la espada y comenzar a decir no. Debemos fundar una nueva subcultura, debemos nuevamente poner en peligro al Imperio, precisamente porque no le hicimos la guerra, sino porque estamos llegando hasta el alma. 

A partir de allí, nunca mejor dicho, que sea lo que Dios quiera.

La prensa
No debe extrañar que este premio Nobel en Economía haya ponderado la situación económica argentina de la actualidad basada en exacciones fiscales astronómicas, deudas colosales, inflaciones galopantes y regulaciones asfixiantes puesto que su posición es la de un estatista cabal.

David Gordon comenta el libro de Stiglitz titulado Power, People and Profits donde de entrada abre con su definición del problema:

“Mis estudios de economía me enseñaron que la idea de muchos conservadores [liberales en terminología estadounidense] están equivocados, su creencia religiosa en el poder de los mercados -tan grande que pueden confiar en que los mercados no intervenidos pueden administrar la economía- no tiene base alguna en la teoría ni en la evidencia.” (p. xii).

El profesor Gordon en su ensayo titulado Stiglitz, Enemy of the Free Market concluye que: “Para él, la codicia de los capitalistas y otros aprovechados explotan a la gente” y que en el sistema de mercados libres “los más afortunados son los que escriben las reglas en su favor” por lo que “solo los fundamentalistas de mercado creen que pueden operar sin controles firmes del gobierno” en cuyo contexto “sostiene que la mayor parte de las personas son irracionales que requieren control por parte de expertos como él.”

Por su parte, Frank Shoastak en su columna titulada Professor Stiglitz and Lord Keynes muestra su entusiasta adhesión a las recetas keynesianas y a su apoyo a instituciones como el Banco Mundial (de la que fue economista jefe) y el Fondo Monetario Internacional.

No es del caso repetir en esta ocasión los beneficios del mercado libre solo subrayamos que constituye el proceso para asignar como eficiente de los siempre escasos recursos a las áreas preferidas por la gente y que consecuentemente los operadores que aciertan con las demandas obtienen ganancias y los que yerran incurren en quebrantos. En este contexto, las desigualdades de rentas y patrimonios son el resultado de lo anterior y, a su vez, los incrementos en las tasas de capitalización hacen que los salarios e ingresos se incrementen. Lo contario, es decir, el empobrecimiento ocurre cuando los empresarios se alían con el poder de turno y cuando los gobernantes se inmiscuyen en los arreglos contractuales libres y voluntarios entre las partes bloqueando el uso de la información fraccionada y dispersa para concentrar ignorancia que generan los conocidos faltantes y desajustes varios.

Conviene eso si recordar que instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial succionan coactivamente recursos de los contribuyentes de diversos países para financiar gobiernos fallidos que cuando están por reconocer sus estrepitosos fracasos reciben cuantiosos recursos que les permite seguir subsistiendo y jugando con incumplidores seriales a quienes les refinancian sus deudas siempre a costa de bolsillos ajenos.

También es del caso recordar lo escrito por el propio Keynes en el prólogo a la edición alemana, en 1936, en plena época nazi, de la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero: “La teoría de la producción global que es la meta del presente libro, puede aplicarse mucho más fácilmente a las condiciones de un Estado totalitario que a la producción y distribución de un determinado volumen de bienes obtenido en condiciones de libre concurrencia y de un grado apreciable de laissez-faire”.

Por último solo señalamos que Stiglitz desdibuja los conceptos de bienes públicos, externalidades, el dilema del prisionero y la asimetría de la información, sobre lo que nos hemos detenido en otra oportunidad en Bienes públicos, externalidades y los free-riders: el argumento reconsiderado (Santiago de Chile, Estudios Públicos, invierno de 1998, No.71).

Martín Krause en UFM. Analiza la relación entre la calidad institucional y el bienestar de los pueblos. Los ciudadanos de los países con mayor libertad y calidad institucional viven mejor que aquellos que tienen menos.

CLARÍN – Al igual que sus tres predecesores kirchneristas, el actual gobierno ostenta una manifiesta preferencia por los congelamientos tarifarios y por la intervención en los precios de los productos desregulados, manteniéndose fiel a sus preceptos populistas e intervencionistas.

El gobierno del Frente de Todos se aferra a medidas transitorias porque le proveen de un confort político ficticio y circunstancial y se ilusiona con que puedan mejorar su performance electoral. Esa transitoriedad tiene un plazo, octubre 2021, en el que “todo vale “. Claro que con prescindencia de las graves consecuencias que le producirá al país el día después, gane o pierda las elecciones de medio término.

El manejo discrecional de las tarifas y los precios energéticos guarda una analogía interesante con el utilizado por la actual administración en el sistema sanitario ante la pandemia COVID 19; es interminable, empeora los servicios, causa estragos a la economía y por ende, a la calidad de vida de la población

El desplazamiento de Guillermo Nielsen de la presidencia “virtual “de YPF, hubiese resultado ocioso de no mediar la intención del Gobierno de sumar la compañía al plan electoral, transformándola en un ente regulador de facto del precio de los combustibles, en un promotor de beneficios provinciales y en un difusor de propaganda gubernamental.

Ahora, otra vez el Gobierno se aferra al cortoplacismo, le interesa el hoy, el ir tirando y luego veremos, cuando ese “luego” es inminente por más que haga lo imposible para que no ocurra antes de octubre.

Aunque las consecuencias son harto conocidas después de la frustrante experiencia energética de doce años de kirchnerismo aplicando similar política, buena parte de la ciudadanía parecería haberlas olvidado luego de las mejoras introducidas por el gobierno de Cambiemos.

El sacrificio que significó a la sociedad el inevitable sinceramiento tarifario aplicado por la anterior administración y el inmenso costo político que pagó, fueron en vano. La mejora sustancial de los servicios, la reducción del déficit fiscal de 4 puntos del PBI a 1,5 producida por la baja de los subsidios energéticos, el equilibrio en las cuentas del comercio exterior, la mejora ambiental introducida por el uso eficiente del consumo ante las señales de precio de tarifas económicas y las ingentes inversiones en energías renovables, retornan aceleradamente a los valores paupérrimos de finales de 2015.

La gente había comenzado a tomar conciencia de lo que cuesta producir energía y estaba aceptando pagar su costo como en cualquier país del mundo y no hacerlo compulsivamente vía subsidio por la que no usa.

Hasta 2002 no había subsidio a la energía, no faltaba luz, y se exportaba gas. Las tarifas eran las más bajas de la región y fluían las inversiones privadas al sector. El Estado intervenía en el segmento de los servicios regulados de gas y electricidad mediante los Entes Reguladores, y se concentraba en recaudar impuestos estables respetando las leyes que rigen al sector, generando así un clima propicio para la inversión privada.

A su vez, el segmento no regulado, es decir con precios libres, como la producción de electricidad, gas, petróleo y sus derivados, se manejaba bajo las reglas de mercado dentro del marco legal vigente y de valores de referencia internacional.

Pero, con la vuelta del kirchnerismo en su versión K4 recargada en vísperas electorales, retornan las prácticas paralizantes para el sector como congelamiento tarifario indefinido, intervención en los precios no regulados y ruptura de contratos.

Las secuelas de este deja vu ya se están manifestando. Vuelve el capitalismo de amigos, las fantasías estatizantes, la demonización de las empresas concesionarias, los barcos regasificadores, la discrecionalidad en subsidios y las condonaciones de deuda.

Mientras, la inversión se ha paralizado en una industria dinámica que requiere de un flujo constante de fondos. La producción de gas cayó a valores históricos, motivando un nuevo plan de asistencia del Estado a las empresas imposibilitadas de producir al precio congelado de la demanda, aumentando así la presión de los subsidios energéticos que en 2020 alcanzaron los USD 8.000 millones.

Paradójicamente, lo que nos costará de manera indirecta a los usuarios ese nuevo subsidio será mucho más oneroso que pagar la tarifa plena, pero no lo notarán en el corto plazo y es lo que le interesa al Gobierno antes de las elecciones. Sí, lo va a notar Economía ante la falta de divisas para importar gas cuya cantidad y precio serán muy superiores a los ligeramente estimados.

Los volúmenes de GNL, gas en barco, a importar este invierno aumentarán debido a que la producción será menor a la prevista por los retrasos en la implementación del plan gas y por la merma en el suministro de gas de Bolivia al caer su producción. En cuanto al precio original, ingenuamente calculado en base a los bajos valores internacionales de pandemia en unos 3 dólares el millón de BTU, no creo que se pueda conseguir este invierno a menos de 10 dólares.

Recientemente en Corea se ha llegado a pagar hasta 20 dólares. Entonces, este año el país necesitará una cantidad de divisas para la energía, que tenemos y no producimos, de tal magnitud que ni el insólito precio de las commodities del campo compensará. Mientras tanto sigamos disfrutando de la ficción de tarifas y precios “baratos”, no puede durar mucho.

Desde la Fundación Libertad y Progreso expresamos nuestra más profunda solidaridad con las víctimas y sus familias afectadas por la violencia relacionada con el narcotráfico en Rosario y en otras regiones del país. Este flagelo, exacerbado por décadas de políticas populistas, ha llevado a la alianza entre ciertos gobiernos y organizaciones criminales, debilitando el Estado de derecho y su capacidad para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

La Constitución nos recuerda la obligación indelegable del Estado de proveer seguridad y justicia, pilares fundamentales que se ven socavados cuando las mafias y el narcotráfico se fortalecen hasta controlar territorios enteros mediante el terror. Es crucial reconocer que, ante esta penetración del crimen organizado, las medidas de combate y represión necesarias para erradicarlo deben ser excepcionalmente rigurosas.

Entendemos que para prevenir la radicación del narcotráfico, es imperativo mantener niveles de vigilancia y acción estatales superiores a la media regional; sin embargo, una vez que estas organizaciones se arraigan en una comunidad, enfrentarlas implica un desafío mucho mayor. En estos casos, lamentablemente, la intensificación de los esfuerzos para desmantelar estas redes puede resultar en un incremento temporal de la violencia, una realidad dolorosa pero necesaria en el camino hacia la recuperación del orden y la paz social.

Rechazamos la noción de que los delincuentes son víctimas del sistema. Las verdaderas víctimas son aquellos cuyas vidas y libertades son vulneradas por actos criminales. Por tanto, instamos a un reforzamiento del Estado en su función de garante del orden, mediante el uso legítimo y monopólico de la fuerza, siempre bajo el imperio de la ley y los principios de nuestra Constitución Nacional. Apoyamos todas las iniciativas dirigidas a proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, y hacemos un llamado a la acción colectiva para restablecer la seguridad como pilar de una sociedad libre y progresista.

Martin Krause en Buenas Razones explica la importancia de la calidad institucional para los ciudadanos. Los ciudadanos en los países con mejor calidad institucional tienen calidad de vida.

INFOBAE – Las resoluciones de los medios y plataformas están en manos de sus titulares, de modo similar a los dueños de casa que deciden quien entra y quien no entra a sus domicilios.

Dados los debates del momento, otra vez volvemos sobre la indispensable libertad de expresión. En una sociedad libre esta libertad resulta de una inmensa e insustituible importancia. El cuarto poder o el contrapoder por excelencia es más relevante y trascendental que los otros tres poderes. Este es el sentido de la sentencia de Thomas Jefferson en cuanto a que “frente a la posibilidad de libertad de prensa sin gobierno o ausencia de libertad de prensa con gobierno, me inclino por lo primero.”

Como es sabido el derecho primordial es el de la vida y la protección del propio cuerpo, le sigue el derecho a expresar los propios pensamientos y el uso y disposición de lo adquirido legítimamente. La libertad de decir lo que cada cual estime conveniente no solo es un derecho, sino que consiste en un procedimiento inexorable al efecto de adquirir conocimientos, un proceso que tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. Esto último hace posible el progreso.

Si se lesionaran derechos de terceros habrá que dirimir lo ocurrido en la Justicia, pero nunca y bajo ninguna circunstancia insinuar la censura previa lo cual significa que los aparatos estatales se inmiscuyen en el sagrado derecho de la libertad de expresión o toleran el uso de la fuerza de otros para bloquearla. En este contexto debe quedar claro que cada medio o plataforma decide con su propiedad lo que considera mejor a sus intereses.

Para incorporar algo de tierra fértil en el mar de ignorancia en que nos debatimos, se hace necesario recabar el máximo provecho del conocimiento existente, por su naturaleza disperso y fraccionado entre millones de personas. Con razón ha sentenciado Einstein que “todos somos ignorantes, solo que en temas distintos”. Al efecto de sacar partida de esta valiosa descentralización, es indispensable abrir de par en par puertas y ventanas para permitir la incorporación de la mayor dosis de sapiencia posible. Como queda dicho, esto naturalmente requiere libertad de pensamiento y la consiguiente libertad de expresarlo, lo cual se inserta en el azaroso proceso evolutivo de refutaciones y corroboraciones siempre provisorias.

Esta valiosísima libertad resulta indispensable no solo por lo que acabamos de consignar sino para resguardar y limitar el poder político y abre cauces a información de todo cuanto ocurre en el seno de los gobiernos para así velar por el cumplimiento de sus funciones específicas y minimizar los riesgos de extralimitaciones y abusos de poder.

Resulta especialmente necesaria la indagación por parte del periodismo cuando los aparatos de la fuerza que denominamos gobierno pretenden ocultar información bajo los mantos de las siempre pastosas leyes que apuntan a regular medios y la sandez de pretender que se exhiban las fuentes de la información, alegando “seguridad nacional”, “secretos de Estado” o esgrimiendo “traición a la patria” y esperpentos como el “desacato” o las intenciones “destituyentes” por parte de los representantes de la prensa oral y escrita.

Esto viene a cuento porque la plataforma Twitter y otras han decidido eliminar cuentas de algún personaje que a esta altura de este texto no viene al caso especificar para no entrar en otra discusión, aunque lo mencionaremos más abajo. La antedicha decisión ha generado airadas protestas por parte de algunos sectores alegando que se ha vulnerado la libertad de prensa. Nada más lejos de la verdad. Cada medio o plataforma digital decide con su propiedad lo que piensa es mejor sin que nadie pueda torcer por la fuerza su decisión. La libertad de prensa no significa que tal o cual medio o plataforma deba publicar o trasmitir lo que no quiere hacer. Los motivos por los que se procede de una u otra manera es una cuestión que podrá ser criticada por terceros, pero de ningún modo otorgarles la facultad de contradecir la decisión de los dueños. En el extremo, por ejemplo, un medio cualquiera podría establecer que solo publican los de ojos celestes o los que miden más de un metro ochenta, seguramente una norma de esta naturaleza no conducirá al éxito del emprendimiento, pero este es otro asunto. Lo dicho desde luego no significa que pueda incumplirse con lo eventualmente convenido con usuarios.

Si hay quienes no les gusta las normas de ciertos medios pueden establecer otros que compitan y si no cuentan con los suficientes recursos pueden vender parte de su iniciativa a otros y así lograr su objetivo y si nadie acepta aportar fondos para este emprendimiento quiere decir que, dados los siempre escasos factores productivos, hay otras prioridades y como todo no puede encararse simultáneamente, es proyecto en cuestión debe esperar su turno en mercados abiertos. Los monopolios perjudiciales son los legales, lo otro se traduce en el primero en prestar el servicio lo cual es indispensable desde el arco y la flecha para salir del garrote.Por sus dichos alentando la toma del Capitolio, Trump afronta su segundo juicio político en Estados Unidos (REUTERS/Stephen Lam)

Hay líneas editoriales o forma de trasmitir noticias y columnas de opinión que uno puede o no compartir, pero esto es materia de otros debates que en ninguna circunstancia deben interferir con la libertad de prensa. Las resoluciones de los medios y plataformas están en manos de sus titulares, de modo similar a los dueños de casa que deciden quien entra y quien no entra a sus domicilios. Las decisiones pueden no agradar a terceros pero esto es otro asunto de naturaleza bien diferente.

Hacemos un paréntesis para apuntar que lo dicho es equivalente a lo ocurrido con la editorial Simon & Schuster, que decidió abandonar la publicación del libro del Senador republicano Josh Hawley debido a su aliento a los desmanes en el Congreso (dicho se de paso, obra que en su título refleja un absurdo en un mercado abierto: The Tyranny of Big Tech).

Twitter y otras plataformas se han referido a Donald Trump debido al riesgo que estiman los propietarios de acelerar la violencia en Estados Unidos, pero como hemos apuntado cada medio decide lo que hace o deja de hacer con su propiedad y los que no sean confiables por uno u otro motivo no serán consultados. No es del caso enfatizar en los antedichos motivos que esgrimieron los medios en cuestión porque como queda dicho podrían haber sido otros. Tengamos muy en cuenta que según la definición clásica la Justicia implica el “dar a cada uno lo suyo” y lo suyo remite a la propiedad privada a lo que nos hemos referido más arriba al efecto de la decisión de cada dueño de medio o plataforma. De cualquier modo, dada la extensión y la intensidad que ha adquirido el debate, se hace necesario resumir lo que he consignado antes sobre el tema y a los efectos de este debate dejar de lado la confusa, oscura y controvertida Communications Decency Act de 1996, especialmente su sección 230.

No es admisible pretender jugar por reglas compartidas sobre la democracia y cuando los resultados electorales son adversos resulta que se desconocen. Este ha sido el caso luego de la ratificación por parte de los cincuenta estados y luego de haber sido rechazados una y otra vez las demandas por supuestos fraudes en distintas instancias, incluso ante la Corte Suprema de Justicia.

Luego de la bochornosa conversación telefónica de Trump con el Secretario de Estado de Georgia -Brad Raffensperger- oportunidad en la que le sugirió modificar el resultado electoral y luego de los episodios violentos en el Congreso resulta que nada menos que el Presidente de Estados Unidos les dice a los sediciosos que son personas muy especiales y que les tiene gran aprecio. Tuvo que renunciar la Secretaria de Educación -Betsy DeVos- y la Secretaria de Transportes -Elaine Chao- afirmando que Trump fue responsable de instigar a los que irrumpieron por la fuerza en la sede del Parlamento causando enormes destrozos y su ex Jefe de Gabinete John Kelly y el ex Secretario de Defensa Colin Powell propusieran que se lo destituya vía la Enmienda 25, recién entonces decimos es que Trump, tarde y a regañadientes por cierto, reconoció que había terminado su presidencia y manifestó que la transición de mando debía ser ordenada y pacífica. Luego renunció el Secretario de Interior Chad Wolf y el FBI estableció medidas de seguridad para evitar nuevos disturbios.

Peggy Nooman, la colaboradora del Wall Street Journal, de ABC y de NBC News y célebre speechwriter de Ronald Reagan ha escrito que “Al principal responsable, el Presidente de Estados Unidos, hay que desalojarlo del cargo a través de la Enmienda 25 o del juicio político, lo que resulte más rápido.” Debido al escaso tiempo disponible hasta el cambio de mando, es poco probable que puedan completarse en todos los pasos estas decisiones pero las menciono a los efectos de comprobar el clima del momento. De todos modos, Senadores republicanos como Mitt Romney, Patrick Toomey y Lisa Murkoski y miembos de la Cámara Baja como el también republicano Adam Kinzinger han pedido la inmediata renuncia de Trump. Ahora nada menos que el líder republicano en el Senado Mitch McConnell ha dicho que celebra que se le inicie un juicio político a Trump (por segunda vez).

Hasta el Vicepresidente Mike Pence tuvo que absorber el embate de Trump para que anule el recuento formal y final ante ambas Cámaras en el Congreso lo cual rechazó de plano y procedió a la confirmación del Presidente electo Joe Biden luego de ser certificado su triunfo como marcan las normas vigentes.El CEO de Twitter, Jack Dorsey (U.S. Senate Judiciary Committee via REUTERS)

William Webster -ex Juez Federal, ex director del FMI y de la CIA- declara públicamente que está avergonzado de las actitudes de Trump. Y en el orden internacional las condenas no se hicieron esperar, por razones de espacio solo destacamos las declaraciones de Angela Merkel quien enfatizó: “lamento profundamente que el Presidente Trump no haya admitido su derrota”.

Desde la perspectiva económica el balance neto de la gestión de Trump ha resultado en el incremento sideral en el gasto público, el déficit y la deuda externa. Es cierto que ha disminuido algunos impuestos, pero como señalé en otra ocasión, esto me trae a la memoria cuando los conquistadores españoles les entregaban espejitos de colores a los indios para luego imponer las instituciones esclavistas de la mita y el yanaconazgo. Como bien ha apuntado reiteradamente su primer Secretario de Estado -Rex Tillerson, antes CEO de ExxonMobil, la tercer empresa de mayor facturación en el mundo- “Trump no tiene idea del significado del libre comercio y muchas de las cosas que afirma no se condicen con la realidad”.

La xenofobia de Trump se ha puesto de relieve varias veces a partir de los hechos de Charlottesville donde equiparó como “buenas personas” a los que marchaban bajo la insignia de la cruz esvástica y los emblemas de la así denominada “supremacía blanca”.

El Procurador General -William Barr- ha consignado que “el Presidente ha traicionado su cargo” y el ex presidente de la Cámara de Representantes y ex candidato a la Vicepresidencia en la elecciones de 2012 -Paul Rayan- ha declarado que “Es difícil concebir un acto más antidemocrático y anticonservador que una intervención para anular los resultados de las elecciones certificadas por el estado y privar de sus derechos a millones de estadounidenses”.

Es muy cierto que buena parte de los equipos del Partido Demócrata apuntan a intensificar el tamaño ya desbordado del Leviatán pero esto en modo alguno justifica que se pretenda operar bajo ciertas normas para luego vulnerarlas cuando los resultados son adversos como ha sido a todas luces el caso de Donald Trump. No es cuestión de dejarse acuchillar por uno para no ser ametrallado por otros, especialmente cuando se declama sobre la democracia y, como queda dicho, una vez obtenidos los resultados se pretende desconocerlos.

El tema del tamaño del aparato estatal y los graves problemas que causa de modo especial sobre los más vulnerables es otro plano de discusión que debe dirimirse en el intercambio de ideas. En este sentido personalmente me ocupé del asunto en mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos que publicó la edición original el Fondo de Cultura Económica, donde destaco los extraordinarios valores establecidos por los Padres Fundadores y como de un tiempo a esta parte se ha ido produciendo un deterioro manifiesto en esos valores. La esperanza radica en la cantidad de instituciones dedicadas al estudio y la difusión de esos principios, lo cual concentra una cantidad creciente de jóvenes que publican y se reúnen en seminarios para estudiar y difundir los principios de la sociedad libre.

Aparentemente han pasado los tiempos del Index Expurgatoris en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero irrumpen en la escena comisarios que pretenden dictaminar acerca de dominios privados de medios o plataformas, dan manotazos a Internet o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen exorbitantes “impuestos al conocimiento”.

CATO–Ian Vásquez y Fred McMahon indican que desde 2008 la libertad ha caído para cuatro de cada cinco personas a nivel global, como lo demuestra el recientemente publicado Índice de Libertad Humana 2021.

Desde 2008, la libertad ha caído para cuatro de cada cinco personas a nivel global, como lo demuestra el recientemente publicado Índice de Libertad Humana 2021 (HFI). Y estas son buenas noticias. El reporte, que escribimos en conjunto, está basado en datos de 2019, los datos más recientes y completos disponibles. Los cielos se han oscurecido desde ese entonces. 

El HFI, el índice de libertad más completo que existe, mide las libertades económicas y personales, incluyendo la seguridad y el Estado de Derecho, ambos necesarios para proteger la libertad de todos y permitir que las personas ejerzan de manera segura su libertad.

El declive de la libertad es de gran envergadura. Este afecta a países grandes y pequeños, a las dictaduras y a las democracias, y a todas las regiones del planeta. Las libertades que han caído más son aquellas de expresarse, de religión y de asociación y reunión. Aún así hay algo bueno dentro de estos cielos oscuros. 

Aunque está en declive, la libertad alrededor del mundo es mayor hoy que en cualquier momento en la historia humana antes de fines del siglo 20, cuando la cortina de hierro cayó, liberando a cientos de millones; las dictaduras africanas dieron paso a las elecciones; las jóvenes democracias latinoamericanas empezaron a abrir sus economías; naciones asiáticas como Indonesia y las Filipinas relajaron la represión; y China, el hogar de más mil millones de personas, continuó su liberalización. La mayoría de las naciones que están experimentando un retroceso son hoy más libres de lo que eran hace dos generaciones atrás.

Aún así, gran parte de las buenas noticias son malas. Considere las cinco naciones donde la libertad aumentó más entre 2008 y 2019: Myanmar, Sri Lanka, Tunisia, Etiopía y Armenia. 

Myanmar y Tunisia desde eso han experimentado golpes de estado; los ex-líderes de Sri Lanka, acusados de crímenes de derechos humanos, han vuelto al poder; Etiopía ha caído en una espantosa guerra civil (luego de que su recientemente electo primer ministro Abiy Ahmed hubiera recibido el Premio Nobel de la Paz en 2019), y Armenia perdió una guerra desestabilizadora con Azerbaiyán, que podría tener consecuencias negativas para la libertad en casa. 

La historia es la misma regionalmente. El Cáucaso y Asia Central, Asia del Sur, Asia del Este y África Sub-Sahariana aumentaron su libertad entre 2008 y 2019. Sin embargo, las ganancias en el Cáucaso y Asia Central estuvieron lideradas por avances en la libertad en Georgia donde el presidente que lideró la marcha a favor a la libertad , Mikehil Saakashvili, ahora está bajo arresto en condiciones brutales. 

Muchas naciones del Esta de Asia —Japón, Corea del Sur, Taiwán y Mongolia— tenían niveles de libertad estables o en ascendencia. Pero gran parte de los asiáticos del este viven en China, y el Partido Comunista Chino ha intensificado su represión desde 2019.

En el Sur de Asia —una amplia región incluyendo países como Bangladesh, Bután, India, Paquistán, Nepal y Sri Lanka— solo Bután escapó de una creciente represión desde 2019. África Sub-Sahariana sufre de inestabilidad en el Cuerno de África y, en el Sahel, levantamientos, golpes de estado y cada vez más insurgencias musulmanas. Todo esto perjudicará la libertad de ahora en adelante. 

Para aportar una total transparencia, las naciones de ambos autores, EE.UU. y Canadá, han sufrido pérdidas relativamente pequeñas de libertad, aunque se enfrentan a amenazas en el futuro. El estado está creciendo rápidamente en las dos naciones, reduciendo el espacio para los intercambios libres. La polarización política, particularmente en EE.UU., casi seguro continuará teniendo consecuencias negativas para la libertad.

Las razones para el declive de la libertad varían. En algunos casos, los líderes democráticamente electos son aspirantes a autócratas, amplificando su poder suprimiendo la oposición, la expresión, el derecho de asociación e incluso de culto y de relaciones, como en las Filipinas, Turquía, Hungría, México y Polonia. 

En otras naciones, los líderes autocráticos han intensificado sus ataques a la libertad. Rusia, China, Nicaragua, Egipto y Venezuela van por este camino. 

Una forma maligna de populismo muchas veces constituye el motor. El populismo es un llamado a los intereses del “pueblo”, pero en su peor versión también identifica a los “enemigos” del pueblo —las élites, los ricos, los expertos, la prensa, las minorías raciales y religiosas, las costumbres sociales cambiantes, los inmigrantes y refugiados, y las naciones extranjeras. Estos “enemigos” son utilizados para justificar una represión creciente de tal manera que los líderes puedan “proteger” a las personas y reprimir a sus enemigos.

La pandemia del COVID tampoco ha ayudado. Desde 2019, los gobiernos alrededor del mundo han recurrido a medidas extraordinarias para abordar la crisis de salud, muchas veces utilizándolas para violar libertades básicas como la libertad de expresión y reunión. 

Esperamos que el Índice de Libertad Humana nos ayude a entender mejor estas y otras tendencias, sus causas, y las condiciones bajo las cuales la libertad surge y retrocede. Esa tarea es especialmente importante porque la libertad está estrechamente relacionada con todo tipo de mejoras en el bienestar humano. 

La libertad varía con el tiempo. Su actual retroceso no tiene que volverse permanente o duradero si su valor inherente y sus beneficios son mejor apreciados de manera más amplia. Si el pasado nos sirve de guía, el deseo humano de libertad y el fracaso de la represión en generar mejores vidas y su agresión, muchas veces auto-destructiva, puede ayudar a revertir el retroceso actual. Una medida confiable de la libertad podría ayudar a acelerar ese proceso.

Este artículo fue publicado originalmente en Real Clear Policy (EE.UU.) el 4 de febrero de 2022.

EL ECONOMISTA Hace pocos días, el 10 de noviembre pasado, una interesante nota de Corey DeAngelis, en el Wall Street Journal, titulada “La ola electoral de elección de escuelas”, resaltó un evento que, frente al fracaso republicano por lograr la mayoría en ambas cámaras del Congreso al no haber atraído a la ola de votantes esperados en estados claves, pudo haber pasado desapercibido y es de gran relevancia para el proceso electoral que está dando comienzo en nuestro país, pues el masivo triunfo electoral de los candidatos apoyados por organizaciones de padres que apoyan su derecho a decidir sobre la escolaridad de sus hijos, independientemente de sus realidades económicas, constituye una nueva realidad, imposible de negar.

Veamos los hechos. Sin dudas, el gobernador de Florida y potencial pre-andidato presidencial republicano, Ron DeSantis, fue el gran ganador de la elección y también la mayor victoria para las organizaciones de padres. 

Ya en la elección de 2018 había alcanzado un triunfo por pocos puntos gracias al apoyo, en palabras de William Mattox, del Instituto James Madison, “de las mujeres de las minorías”, las cuales demandaban programas que les permitiesen la elección de escuelas para sus hijos. En la actual elección, DeSantis ganó por más de 19 puntos. 

Sin duda, un factor determinante fue que alrededor del 75% de los estudiantes de la ciudad de Miami están inscriptos en programas que les permiten, con el apoyo estatal, la elección de escuelas y el candidato demócrata, Charlie Crist, apostó por el monopolio de las escuelas públicas al designar como su compañero de fórmula al presidente del Sindicato de Maestros del condado de Miami Dade quien, como es fácil intuir, se opone férreamente a cualquier concepto de libertad educativa, frente a la pérdida de poder que representaría para el sindicato.

Por cierto, a nivel nacional la evidencia fue contundente, alrededor del 75% de los candidatos apoyados por la American Federation for Children, una de las organizaciones más influyentes en defensa de la libertad educativa, triunfaron en la elección. Varios de ellos, como los gobernadores Kim Reynolds de Iowa, Chris Sununu de New Hampshire, Kevin Stitt de Oklahoma, Bill Lee de Tennessee y Greg Abbott de Texas, hicieron de la libertad para elegir escuelas un punto central de su campaña. 

Como muestra basta un botón, un periódico de Oklahoma reportó que el candidato demócrata Joy Hofmeister “hizo de la oposición a los vouchers escolares una parte central de su campaña.” Por su parte, Ryan Walters, elegido superintendente de instrucción pública de Oklahoma por más de 13 puntos, señaló, luego de su triunfo, que “vamos a hacer más que cualquier otro estado del país para empoderar a los padres.” 

Como era de esperarse, algunos pragmáticos candidatos democrátas percibieron la punta del iceberg que se acercaba en la victoria, en Virginia en 2021, del gobernador Glenn Youngkin. En virtud de ello, Josh Shapiro de Pensilvania y el gobernador J. B. Pritzker de Illinois se decidieron a respaldar la posibilidad de elección de escuelas menos de dos meses antes de la elección y salieron victoriosos. 

Es más, la gobernadora Kathy Hochul de Nueva York también ganó después de que apoyó públicamente, por primera vez, la eliminación del límite a las escuelas chárter de la ciudad de Nueva York.

Como bien señaló DeSantis, luego de comenzar a conocerse los resultados en la noche del martes 8, está claro, aún para los futuros candidatos demócratas, que se ha vuelto políticamente rentable apoyar la libertad educativa. Los padres se han despertado y el Covid-19, sin dudas, es responsable de ello, dada la masiva oposición del sindicato docente, al igual que en nuestro país, a la reapertura de las escuelas.

La ola roja de votos republicanos que se presagiaba no se produjo, pero se produjo otra ola, la cual puede convertirse en un tsunami frente a la próxima elección presidencial, pues tanto Trump, como su potencial contrincante para la postulación republicana, el mencionado DeSantis, apoyan explícitamente el derecho de los padres a elegir el tipo de escolaridad que es más adecuada para sus hijos, lo cual, por cierto, ha sido uno de los pocos méritos de Trump durante su gestión anterior.

¿Y por casa cómo andamos? Frente al proceso electoral que está dando inicio, ¿se darán cuenta los potenciales candidatos del caudal de votos a disposición de quienes defiendan algo tan simple y razonable como el favorecer la igualdad de oportunidades, permitiendo a los padres elegir la escuela a la que concurran sus hijos, ya sea pública o de gestión privada, laica o religiosa, según los gustos y aptitudes de los chicos y jóvenes, y los valores familiares? 

La pandemia despertó a los padres. Sin el incansable accionar de las organizaciones de madres la irracionalidad de mantener los colegios cerrados hubiese durado mucho mas tiempo. 

Hoy esos mismos padres se podrían convertir en importantes actores del proceso electoral que se avecina. Me atrevo a predecir que el derecho de los padres para decidir qué es lo mejor para sus hijos será un tema central de la campaña electoral, frente al desaprensivo accionar de los sindicatos docentes durante la pandemia y los habituales paros que forman parte de nuestro folklore educativo, y que afectan mucho más a aquellos niños y jóvenes de las familias más desfavorecidas económicamente y, por ende, más necesitadas del apoyo del Estado. 

La ola ya está lanzada y, para quien este escribe, se podría convertir en un tsunami, y no tan sólo en EE.UU. sino también en nuestro país. Ojalá así sea en favor de una mayor igualdad de oportunidades, de la que mucho se habla, pero nada se hace.