Por Egon Iván Rost y Javier Caballero.
Suele ser común asociar ciertas problemáticas ambientales concretas, como la contaminación o la deforestación, a un concepto de las ciencias económicas llamado “externalidad”, el cual refiere al impacto de las acciones de un sujeto sobre el bienestar de otros. Algunas corrientes teóricas profundizan aún más y afirman que una externalidad produciría una “falla del mercado”, situación en la cual el mercado, por sí solo, no asigna los recursos eficientemente. A raíz de esta idea, se fomenta la intervención del Estado para buscar atenuar ciertos procesos negativos que afectan al ambiente. A pesar de la predominancia en Latinoamérica de esta línea de pensamiento, se han desarrollado los últimos años algunas experiencias que permiten pensar alternativas de gestión del ambiente con la iniciativa de sectores no vinculados al Estado.
Guatemala, Honduras, México y Brasil, son naciones que se caracterizan por tener una vasta riqueza de recursos naturales, pero además una población civil vinculada directamente al uso de los mismos, la cual se ha involucrado para generar instituciones con el objetivo de ejercer sus derechos naturales, principalmente el de propiedad privada. Un denominador común de estas experiencias es la lucha constante de estos sectores ante la burocracia estatal, en el reconocimiento de su acción en el territorio que habitan y en su facultad de comercializar aquello que producen.
La Reserva de la Biósfera Maya es el espacio natural protegido más grande de Guatemala con dos millones de hectáreas, de las cuales 800 mil están habilitadas por el Estado para su uso. En este ambiente habitan desde 1900 distintas comunidades locales, que se organizaron en la década de 1990 para poder acceder a los mecanismos de “concesiones forestales” formalizados en aquel entonces por la autoridad estatal. En un principio, existió cierto prejuicio sobre la capacidad de conservar los recursos que estas pequeñas organizaciones podrían tener, sin embargo, con el tiempo los resultados empíricos fueron sorprendentes. El caso más emblemático es la “Cooperativa Carmelita” con una gestión de 53 mil hectáreas de bosque subtropical donde se realiza el aprovechamiento de madera de calidad (caoba y cedro), productos no maderables (xate, guano y miel), además de practicar agricultura y ofrecer servicios turísticos. Con un monto estimado de ingresos generados entre 2013 al 2019 de 5.000.000 de dólares, la Cooperativa registra en su territorio una tasa de deforestación de 0,1% anual, en contraste con el 2,2% en las zonas no concesionadas de la Reserva. Se detectó además la presencia de 1,5 jaguares por cada cien kilómetros cuadrados, una de las más altas densidades de población de este felino americano en el continente.
En Honduras, “San José de Protección” formada en 1973 fue una de las primeras cooperativas agroforestales de este país. Establecida por extractores de resina y productores de madera, la cooperativa tiene derechos de usufructo sobre 1.500 hectáreas de bosque público. Antes de que se estableciera la Cooperativa, el bosque se dividía entre las familias para la extracción de resina sobre la base de parcelas designadas en forma individual. Luego, los miembros de esta organización acordaron que se elaboraría un solo plan de manejo que abarcaría las parcelas individuales, pero considerando que los poseedores de parcelas serían tratados como propietarios privados. A diferencia de otras organizaciones en Honduras, los activos de capital se han adquirido principalmente mediante préstamos en vez de otras fuentes de financiamiento. La limitación de la asistencia externa ha generado una importante política institucional, motivada en parte por el deseo de evitar una interferencia externa excesiva en su proceso de gestión y adopción de decisiones. Sin embargo, la Cooperativa se ha visto limitada dadas las regulaciones para el uso y manejo de los recursos forestales, en 2012 y 2013 no realizó operaciones de aprovechamiento debido a retrasos la renovación de su plan quinquenal de manejo forestal. Incluso después de la aprobación del mismo, los años subsiguientes aparecieron obstáculos adicionales para la producción y comercialización, en forma de otros documentos que deben ser autorizados por distintas oficinas de gobierno.
Si bien en México se reconocía la propiedad privada colectiva de la tierra desde los inicios del siglo XX, hasta la década de 1980 las comunidades locales no podían manejar los recursos forestales que se encontraban en su territorio. El gobierno administraba los derechos de manejo del bosque, otorgando concesiones de aprovechamiento generalmente en forma discrecional. Uno de los casos surgidos luego de las reformas normativas, fue la organización de los ejidatarios de “Laguna OM” para realizar manejo forestal, agricultura y apicultura, además de ofrecer servicios ecoturísticos, e incluso generar convenios con organizaciones científicas para la conservación de especies. Sin embargo, en el camino para llegar a este objetivo se han encontrado con varios obstáculos, la mayoría de ellos son trámites burocráticos. Juntar todos los documentos para que el Ejido pueda realizar el manejo de sus recursos naturales costó dos años.
En Brasil por su parte, en la región del Pantanal en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, el ecoturismo y particularmente el avistaje de jaguares ha crecido en los últimos 25 años. Esta actividad significó un contrapeso a las pérdidas económicas que éstos felinos ocasionan cuando atacan al ganado de las granjas, inconveniente que generaba una fuerte enemistad entre los habitantes de las haciendas y la vida salvaje. Algunas de las medidas que se intentaron para este tipo de problemas incluyeron cazar a los depredadores o exigir compensaciones al estado por las pérdidas ocasionadas. Pero finalmente la solución que se encontró a través de mecanismos de mercado resultó mucho más creativa y beneficiosa: en 2015 el ecoturismo en torno al jaguar representó un ingreso bruto anual aproximado de 7 millones de dólares, en contraste con las pérdidas de 120.000 dólares al año debido a la disminución de vacas y bueyes. Este nuevo esquema no sólo logró una fórmula en la que las haciendas y el turismo local salen ganando, también significó un gran avance económico en la región. Antes solo había trabajo en el sector ganadero, mientras que luego con el fomento del turismo, la construcción de hoteles y posadas, se crearon nuevas oportunidades para familias enteras.
Todos estos ejemplos no hacen más que confirmar los razonamientos que Friedrich A. von Hayek desarrolló en la mitad del siglo XX. La utilización del conocimiento, ampliamente disperso en una sociedad que tenga una distribución extensiva del trabajo, no puede descansar en el hecho de que los individuos conozcan todos los usos particulares a los cuales pueden aplicarse las cosas que les son familiares dentro de su propio medio ambiente individual. El manejo de ecosistemas implica un cambio drástico de ambiente y paradigmas en el cual difícilmente burócratas de aparatos estatales (muchas veces habitantes de las urbes) puedan acoplarse perfectamente a las dinámicas locales.
La gestión de los recursos depende de cómo las instituciones sociales movilizan sus propios intereses a través de las iniciativas individuales, si este proceso se realiza sin excesivas interferencias desde el sector estatal y en un contexto de respeto por la propiedad privada, los resultados pueden ser muy satisfactorios, tanto en el ámbito económico como en el ambiental. Es interesante explorar el establecimiento de un vínculo entre riqueza y buena administración, si se compatibiliza la ganancia con la gestión correcta permitiendo a los gestores más eficaces comercializar y vender sus ‘productos’ ambientales, se movilizan los intereses de los individuos hacia la buena gestión ambiental. De esta manera es posible proporcionar nuevos y mayores incentivos para producir y conservar hábitats para la vida salvaje y ecosistemas más saludables.
Finalmente, el mismo F. von Hayek afirma que en el mundo la proporción de personas privadas que están preparadas para ensayar nuevas posibilidades, cuando éstas parecen prometer mejores condiciones y cuando sus congéneres nose lo impiden, es muy similar en todas partes. La lamentada escasez de espíritu de empresa en muchos lugares no es una característica inalterable de los habitantes individuales, sino la consecuencia de las restricciones que ejercen sobre ellos las costumbres e instituciones existentes. Se genera el espacio entonces para preguntarse si los fallos del mercado surgen naturalmente o aparecen en realidad cuando no hay condiciones para el funcionamiento del mercado; o si la intervención por parte del Estado u otro actor externo al ambiente afectado puede efectivamente prevenir y/o atenuar las “externalidades” manifestadas.
